La Autoritat de la Competència, el Parlament y el Govern advierten de los riesgos de la opa al Sabadell

La operación del BBVA para absorber el Banc Sabadell sigue topando con una firme oposición política, social e institucional en Catalunya. La opa, aún pendiente de evaluación por parte del Gobierno, ha recibido esta semana un nuevo argumento en contra: un informe de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que advierte de que la fusión provocaría un "incremento sustancial de la concentración bancaria" y podría suponer "un riesgo para el funcionamiento competitivo del mercado".

El dictamen, fechado el 20 de diciembre de 2024 y hecho público este viernes, advierte de que la fusión tendría un impacto negativo en la competencia, el acceso al crédito y la calidad del servicio financiero en Catalunya. Aunque la ACCO señala que los compromisos presentados por el BBVA en el momento de emitir el informe no eran suficientes para neutralizar los riesgos derivados de una elevada concentración bancaria, estos no eran los definitivos. Posteriormente, esos compromisos fueron revisados y endurecidos, lo que permitió que la versión final obtuviera el respaldo unánime de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar la opa.

Un escenario de duopolio

En su análisis, el organismo catalán advierte de que, de completarse la fusión, el nuevo grupo BBVA-Sabadell, junto con Caixabank, concentraría más del 74% de las oficinas bancarias en Catalunya, consolidando un escenario de duopolio. La provincia más afectada sería Barcelona, donde BBVA y Sabadell coinciden en 149 municipios, en los que reside más del 80% de la población catalana. En 46 de ellos, solo quedarían dos entidades operativas.

El informe revela que, tras la operación, el total de municipios catalanes afectados superaría los niveles de concentración bancaria establecidos por la Comisión Europea, que utiliza el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) para medir la competencia en el mercado. Según las directrices comunitarias, un HHI superior a 2.000 puede representar un riesgo para el correcto funcionamiento competitivo del sector. En 146 localidades donde coinciden ambas entidades —todas excepto Girona, Lleida y Granollers— se rebasaría este umbral, mientras que en las tres restantes el incremento del HHI sería tan elevado que supondría igualmente un "riesgo". En muchos de estos municipios, el índice ya supera los 2.000, pero la fusión, en algunos casos, podría incluso duplicar esa cifra.

De hecho, el organismo señala que el nivel de concentración en crédito en Catalunya tras la opa sería superior a la de cualquier país de la Unión Europea con una población similar a la de esta comunidad autónoma, como Austria, Suecia o Irlanda. Incluso la propia CNMC reconoció en su informe provisional que, si la operación prospera, el semáforo de alerta sobre la concentración bancaria en Catalunya pasaría del ámbar al rojo, lo que representa un umbral de riesgo elevado para el buen funcionamiento competitivo del mercado.

La opa al Sabadell amenaza el idilio de Illa con el establishment barcelonés

El regulador catalán advierte que este escenario podría derivar en el cierre de oficinas, un deterioro de la atención —especialmente entre los colectivos menos digitalizados— y un encarecimiento de comisiones y condiciones de financiación para familias y empresas. Además, el informe señala que la operación podría implicar "el riesgo de una menor remuneración de los depósitos", un aspecto que destaca dado que, según el Banco Central Europeo, España es uno de los países del área euro donde los depósitos de las familias reciben una de las remuneraciones más bajas.

Unidad en el Parlament

A este análisis técnico se suma una oposición política cada vez más sólida desde Catalunya. La semana pasada, el Parlament aprobó una moción promovida por ERC que expresa un rechazo “contundente e inequívoco” a la opa. La iniciativa fue respaldada por PSC, Junts, Esquerra, Comuns y Aliança Catalana, con la abstención del PPC y la CUP, y el voto contrario de Vox. Se trata de una de las pocas cuestiones que logra generar un amplio consenso en la política catalana: los populares catalanes incluso han mostrado una posición abiertamente contraria a la operación, pese a que desde el PP nacional evitan pronunciamientos claros respecto a la opa.

También hay sintonía desde el Palau de la Generalitat con este rechazo a la absorción bancaria. El president, Salvador Illa, ya manifestó su inquietud cuando la CNMC aprobó la opa a finales de abril. Aunque ha evitado un enfrentamiento directo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene el peso de tomar la decisión final, Illa ha recalcado que el Govern "defenderá siempre una competencia equilibrada". Incluso ha evidenciado su posición en contra frente al tejido económico catalán durante la reunión anual del Cercle d'Economia a principios del mes pasado: "Preferiría que no saliera adelante [la opa]", reconoció el jefe del Executiu.

Salvador Illa exhibe su rechazo a la opa de BBVA al Sabadell: "Preferiría que no saliera adelante"

Los compromisos del BBVA

Por su parte, el BBVA mantiene que la integración es positiva para Catalunya, España y Europa. La entidad ha reiterado su disposición a asumir "compromisos sin precedentes" en ámbitos como el empleo, la financiación o el arraigo territorial, y ha prometido un aumento del crédito a empresas y hogares. La CNMC respalda esta visión y, por ello, aprobó por unanimidad esta oferta de compra a finales de abril, dejando vía libre al Gobierno para que pueda imponer condiciones adicionales a la operación.

Desde Bruselas, la Comisión Europea no ha encontrado motivos para bloquear la operación y ha recordado al Ejecutivo español que la decisión debe ajustarse a la normativa comunitaria. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional también se ha pronunciado en favor de no obstaculizar fusiones que fortalezcan el sistema financiero.

En manos del Gobierno

Pese a ello, la presión política e institucional desde Catalunya se afianza como un factor de peso ante la decisión definitiva que deberá tomar el Consejo de Ministros el próximo 27 de junio sobre si endurece o no las condiciones avaladas por la CNMC. Illa ya ha asegurado que en Moncloa son plenamente conscientes de la postura del Govern, que se suma a la posición expresada recientemente por el Parlament y que ahora cuenta también con el respaldo de la Autoritat Catalana de la Competència.

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