El movimiento espontáneo de "las mil y una togas" compite con las asociaciones contra la reforma de Bolaños y anima un plante

La reforma emprendida por el Ministerio de Justicia para el acceso a la judicatura y a la fiscalía ha encendido ambas carreras, que consideran que las modificaciones planteadas tanto en el sistema de oposiciones como en lo referido a la regularización de más de un millar de efectivos que actualmente ejercen como sustitutos suponen un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes. Todas las asociaciones profesionales --excepto las progresistas-- han convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio, pero al calor de esta propuesta ha surgido una plataforma que se autodenomina Unión espontánea de jueces y fiscales cuyos planes de movilización parecen ir más allá de lo que proponen las organizaciones que normalmente actúan de interlocutoras con el Gobierno.

El movimiento, cuyo perfil en redes sociales (@Huelga2025) se creó el pasado mes de mayo y que cuenta con más de 1.700 seguidores, preocupa a los responsables del departamento comandado por Félix Bolaños, al igual que lo hace el paro ya convocado. Además, la plataforma reúne tanto a profesionales tanto asociados como no asociados y su actuación podría desbocarse más allá de los acuerdos que puedan alcanzarse con las organizaciones habituales mientras dure este conflicto.

En su perfil en la red social X, la Unión de Fiscales y Jueces define sus principios fundacionales, que son su carácter apolítico ("No alineado con ninguna ideología política") y se refiere también a "reivindicaciones estrictamente profesionales con cabida para todos los fiscales y los jueces, asociados o no". Incluso han elaborado un manifiesto en el que coinciden básicamente con las quejas de las asociaciones, si bien la mayoría de ellas, consultadas por este diario, inciden en que pese a los puntos en común no están detrás de esta iniciativa.

Llamada a la huelga

Los implicados en este movimiento manifiestan que las reformas que pretende introducir Justicia -- que se encuentra ya a punto de iniciar su trámite en el Congreso de los Diputados-- constituyen un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes, además de ser contrarias al derecho de la Unión Europea y a la propia Constitución. "La retirada de estas iniciativas es la única manera de evitarlo, y la huelga, la última defensa legítima a nuestro alcance", agrega el documento.

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La contundencia de esos planteamientos choca con lo mantenido por el propio Ministerio, que rechaza que desaparezcan las oposiciones --se introduce una nueva prueba de carácter escrito-- o que el proceso de estabilización de sustitutos y de incremento del número de jueces de los denominados de cuarto turno (para juristas con más de 10 años de experiencia) sea un plan para introducir en la carrera a profesionales afines al PSOE.

El movimiento, al igual que las asociaciones, también acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar de controlar, a través del Centro de Estudios Jurídicos, la preparación de la oposición, algo que desde Justicia se califica de bulo porque la norma prevé tirar del registro de preparadores que ya existe, a quienes se va a ofrecer las instalaciones del centro. Se trata de acabar de una vez por todas con el modelo de preparar en casa y pagar en negro que aún funciona en algunos casos, según fuentes ministeriales.

Un himno y convocatoria para los ciudadanos

En coincidencia con todos estos movimientos, tanto asociativos como espontáneos, en los chats y sistemas de mensajería que utilizan los magistrados circulan estos días, según ha podido saber esta redacción, otras iniciativas que llaman a la movilización, como la creación y difusión en Youtube desde finales de la semana pasada de un "himno de los jueces que desafían al poder", titulado "Las mil y una togas", que ya cuenta con casi 26.000 visualizaciones. También circulan llamamientos a la ciudadanía para que cualquier ciudadano pare junto a los jueces a las 12.00 horas del próximo miércoles, 11 de junio, en coincidencia con la movilización oficial .

La plataforma espontánea también se enfrenta a la anunciada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consideran que "refuerza" el poder del fiscal general y "debilita" al Consejo Fiscal al reducir sus competencias, las mismas críticas que el proyecto ha despertado en la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera.

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Por su parte, el Ministerio intentó un acercamiento con las asociaciones el pasado miércoles, si bien desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y Asociación de Fiscales y la Profesional e Independiente de Fiscales, el movimiento ha sido insuficiente. Mediante un comunicado conjunto, el pasado jueves anunciaron que el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, les ha trasladado "de forma tajante" que "no se contempla" la retirada del proyecto de ley de acceso ni la supresión del denominado proceso extraordinario de estabilización.

"Parece claro que, en lo esencial, la postura del Ministerio es inamovible. No hay voluntad de retirar el proyecto, pero tampoco la hay de consenso y diálogo real, solo la de sacar lo que ya está en trámite, sin considerar esencialmente nuestras objeciones", apuntaron, para añadir que pese a ello se han comprometido a "acudir a todas las convocatorias del Ministerio que tengan por objeto avanzar en un verdadero estatuto profesional de jueces y fiscales".

Postura de los jueces progresistas

Por su parte, el portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha exigido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial una amplia convocatoria de plazas judiciales y fiscales que acompañe al proyecto de ley que disminuya la actual sobrecarga de trabajo de muchos tribunales y reduzca la litigiosidad.R

Respecto de las movilizaciones judiciales que el proyecto provoca, Rodríguez niega que afecte a la independencia judicial o suponga injerencia del poder político en el judicial, “porque no lo es incrementar la transparencia de la oposición ni suprimir barreras económicas o permitir que la enseñanza pública impulse y ayude a quienes están preparación la oposición a la carrera judicial”. Considera que el proyecto de ley “no contiene motivos para paros o huelgas” y anuncia que Juezas y Jueces para la Democracia no participará en ellos. 

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