La doble vara de medir del Gobierno: recusa al conservador Macías y no al exministro Campo en los recursos pendientes de la amnistía

La Abogacía del Estado ha vuelto a recusar en nombre del Gobierno al magistrado José María Macías para tratar de apartarlo también de las deliberaciones de los recursos de amparo de la amnistía. El paso dado por los Servicios Jurídicos del Estado resulta coherente con la línea que han mantenido, puesto que ya intentaron apartarle de los debates sobre la constitucionalidad de la ley, lo que se hizo realidad gracias al incidente de la fiscalía, ya que presentaron el suyo fuera de plazo. Lo que ya no resulta tan lógico es que no hayan seguido la misma práctica con el exministro Juan Carlos Campo, pese a que fue él quien firmó los indultos de los condenados del 'procés' y pese a ello todavía no se ha apartado de las deliberaciones de las impugnaciones con las que tratan de que se les aplique la amnistía.

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Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que quien fue ministro de Justicia se abstuvo de los recursos de inconstitucionalidad del PP y de las comunidades autónomas, pero no lo ha hecho de los amparos de los condenados por malversación (el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa) ni de los de los procesados en rebeldía, aunque de estos solo lo ha formalizado Lluís Puig. El expresidente catalán Carles Puigdemont y Toni Comín aún no lo han hecho, porque esperan a que el Tribunal Supremo rechace los incidentes de nulidad que presentaron cuando la Sala Segunda confirmó su negativa a aplicarles la amnistía.

Entre los propios magistrados del Constitucional ha llamado la atención que Campo no se haya apartado de los recursos de amparo interpuestos por los condenados del 'procés', cuando fue el ministro que firmó su indulto, lo que supuso retirarles la pena de prisión que cumplían. Con la aplicación o no de la amnistía lo que se juegan es que se les retire también la pena de inhabilitación impuesta.

Ha sorprendido más que no lo haya hecho ahora, porque él siempre se ha apartado de las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros del que formó parte y de las impugnaciones que se dirigen contra decisiones de su esposa, Meritxell Batet, cuando presidía el Congreso. Los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa se admitieron a trámite el pasado 11 de febrero, así que de querer apartarse debería haber presentado ya un escrito de abstención, que previsiblemente sería validado por sus compañeros, dada su intervención en el indulto concedido. El recurso de Turull se admitió el pasado 29 de abril.

Con los procesados en rebeldía, como eludieron su responsabilidad penal al huir a Waterloo, no estaría tan clara la necesidad de su abstención, más allá de que él se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la amnistía en los informes en los que proponía el indulto de los condenados. Los recursos de amparo, que no empezarán a estudiarse hasta otoño y no se espera que estén resueltos hasta final de año, son los que resolverán si la amnistía debe o no aplicarse al delito de malversación cometido en el 'procés'.

Ampliar el efecto

Pese al revés del primer intento de la Abogacía del Estado para apartar a José María Macías de las deliberaciones de la amnistía, ahora pretende extender el efecto de la recusación que presentó el fiscal general del Estado, por el que quedó fuera de los debates sobre la constitucionalidad de la ley, a los recursos de amparo de los condenados y procesados en rebeldía.

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Los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones elevadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid debían determinar si la ley de amnistía tiene cabida en la Constitución, conclusión que defiende la ponente de la primera sentencia que dictará el Constitucional, la que ha redactado la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. Macías fue expulsado de todos esas impugnaciones, pero no de los recursos de amparo, con los que se revisará si el delito de malversación forma parte de las excepciones de la ley, como argumenta el Supremo, o debe prevalecer la intención del legislativo a beneficiarles con la medida de gracia.

Las fuentes consultadas destacan que los argumentos de la Abogacía del Estado son idénticos a los de su primer intento de apartarle: que como vocal del Consejo General del Poder Judicial informó sobre la ley de amnistía. Se da la circunstancia de que el magistrado sí pudo participar en las deliberaciones relativas a la ley trans, pese a que formó parte del Consejo que también informó de esa norma. De hecho, él en ese informe suscribió los dos votos particulares que se formularon a la decisión mayoritaria.

Pese a haberse pronunciado también sobre esa ley, la Abogacía del Estado no intentó apartarle de esas deliberaciones; solo lo haya hecho de las relativas a la amnistía, aunque las circunstancias sean muy similares. Fuentes del alto tribunal señalan que el tribunal no se pronunciará sobre esta nueva recusación hasta que no comience las deliberaciones sobre los amparos. Lo primero es dictar la sentencia que declare constitucional la amnistía, cuyo debate comenzará la próxima semana, pero no culminará en una sentencia hasta el pleno de la semana del 24.

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