El Consejo Fiscal amplía su orden del día para estudiar este viernes el amparo al fiscal Grinda por el ataque de Leire Díez

El Consejo Fiscal, que se reúne este viernes, 6 de junio, ha ampliado su orden del día inicial para incluir la petición de amparo que ha presentado esta misma semana el fiscal Anticorrupción José Grinda tras verse incluido entre los objetivos de la trama de búsqueda de información comprometida contra la UCO en la que participaban la hasta este miércoles militante del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, que también defiende a varios empresarios imputados por fraude millonario de hidrocarburos.

El amparo se presenta por vía del artículo 118 q) del Reglamento del Estatuto Fiscal, que incluye entre los derechos profesionales de los fiscales el de acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se consideren inquietados o perturbados en el ejercicio de sus funciones. Fuentes fiscales señalan que Grinda alude en su escrito directamente a Leire Díez y a informaciones periodísticas de los últimos días, al considerar que se le inmiscuye como consecuencia del desempeño de su trabajo, en el que considera que está siendo perturbado e inquietado.

¿Qué tienes a nivel político?

Entre las causas en las que participa, según ha podido saber esta redacción, el fiscal Anticorrupción cita el caso Zed, en el que se investiga al propio Pérez Dolset por el desvío de fondos de la tecnológica, pero también la causa pendiente de juicio tras el procesamiento de la sociedad Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño. Cita igualmente el 'caso 3 por ciento' por la supuesta financiación ilegal de CDC. 

Por el momento, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se informó a EL PERIÓDICO que respaldarían su solicitud de amparo en el caso de presentarse, mientras que desde la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales se limitaron a señalar la previsión del reglamento estatutario.

Citado en la reunión

La queja de Grinda se remite a las publicaciones periodísticas que se han sucedido desde la semana pasada, después de que El Confidencial difundiera el vídeo de una reunión en la que Díez aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la citada unidad del instituto Armado, Antonio Balas, y a Grinda. Díez se defiende señalando que es una simple periodista buscando información para hacer un libro sobre un caso concreto de fraude de hidrocarburos.

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De esta conversación --que al parecer no llegó a concretarse en nada-- pueden deducirse los principales objetivos de Díez, que además de Balas y Grinda es Juan Vicente Bonilla , ex miembro de la UCO y actual gerente de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Es precisamente el dueño de la tecnológica Zed el que los señala durante la reunión: "Aquí hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla y Grinda. Aquí hay que ser muy concretos, hay que tener una actuación de cirujano, y con muy pocos cortes poder ser capaces de desmontar todo el entramado que tienen ahí", llega a afirmar.

Operación contra el fiscal

Informaciones periodísticas aseguran que Leire Díez ofreció a varios medios de comunicación documentación para atacar a Grinda. "El encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, ya que Leire Díez y él estaban colaborando para ayudar a la creación de una asociación de afectados por el excomisario José Manuel Villarejo", publicó de forma literal el diario El Español.

Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, María Belén Sánchez Fernández, abrió diligencias el pasado 9 de mayo por un delito de revelación de secretos tras recibir una denuncia, que se trasladó desde la Fiscalía Anticorrupción, al detectar la difusión de información de carácter privado de José Grinda, según relatan fuentes jurídicas a esta redacción, que destacan que ese material difamatorio guarda similitudes con el que pretendía difundir Leire Díez en prensa.

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