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Condena por corrupción

Laura Borràs carga contra Fiscalía por oponerse a su indulto: "La ley no exige arrepentimiento"

La Fiscalía se opone al indulto de Laura Borràs por no mostrar arrepentimiento

El Supremo confirma la condena de Laura Borràs por prevaricación y rechaza que se le aplique la amnistía

Laura Borràs.

Laura Borràs.

Carlota Camps

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Barcelona
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La defensa de Laura Borràs, comandada por el abogado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el que arremete contra la Fiscalía por oponerse al indulto de la expresidenta del Parlament. El texto lamenta la "interpretación moralizante" del posicionamiento del ministerio fiscal y le acusa de sustituir "la técnica jurídica por una narrativa sentimental donde la reeducación, el arrepentimiento y la ejemplaridad ocupan el lugar que debería corresponder a los principios de legalidad". "La ley no exige arrepentimiento", sentencia.

Además, el texto -al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO- critica que el Ministerio Fiscal presente ahora este escrito cuando no presentó recurso contra la sentencia, que ya contemplaba la posibilidad de perdonar parcialmente la condena a Borràs para evitar su ingreso en la cárcel, lo que considera un "fraude procesal vestido de oratoria institucional" y un "abuso". "La Fiscalía aparece haber descubierto una nueva categoría procesal: la impugnación retrospectiva sin recurso formal. [...] Pero el derecho no es una bitácora moral", remata el escrito.

Para Gonzalo Boye, el informe de la Fiscalía es "una intervención política mal disimulada", con la que pretende "reiterar reproches personales y reconstruir, por vía gubernativa, un discurso condenatorio alternativo", y ve "más una voluntad disciplinaria que una interpretación legítima del Derecho". En este sentido, sostiene que "el indulto no es un nuevo juicio" y que la Fiscalía "no puede erigirse en tribunal paralelo para decir lo que no se atrevió a impugnar".

Además, el letrado de Borràs acusa al ministerio público de haberse inventado un nuevo delito llamado "corrupción administrativa". En su opinión, "no satisfecho con deformar los requisitos del artículo 4.3 CP, el Ministerio Fiscal se lanza a una empresa aún más ambiciosa: inventarse un tipo penal inexistente en el Código". En ese sentido, el abogado sostiene que este concepto, mencionado en el escrito de la Fiscalía, es "una categoría fantasmal no reconocida por el legislador, que solo sirve para dramatizar el relato acusatorio y reforzar un discurso extrajurídico más propio del editorial de un diario que de una alegación fiscal".

Todo ello después de que la fiscal del caso, Assumpta Pujol, rechazara el indulto y sostuviera que "la conducta delictiva" de la dirigente de Junts era "claramente merecedora" de las penas impuestas. Además, Pujol consideraba en su escrito que era necesario el cumplimiento de la pena para evitar la comisión de nuevos delitos -ahora Borràs ejerce como profesora de la Universitat de Barcelona- y para "afianzar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones". En su informe, también destacaba que Borràs no ha dado muestras de arrepentimiento y que se ha presentado como víctima de una persecución política.

Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, por haber fraccionado contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.