Las acusaciones de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez, a la carrera para controlar la futura causa contra Leire Díez

Prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia, encubrimiento, revelación de secretos y organización criminal son algunos de los delitos que enumeran las organizaciones que han corrido a presentar denuncias contra la excargo del PSOE Leire Díez tras conocerse los audios en los que ofrece supuestos pactos con la fiscalía a cambio de información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, que es quien están al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas del caso Koldo, de la causa contra Begoña Gómez o de la del hermano de Pedro Sánchez.

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Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias anunciaron la interposición de denuncias desde el día siguiente de publicarse por El Confidencial los primeros audios en los que se oye a Leire Díez explicar al empresario Alejandro Hamlyn, acusado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos, su intención de recabar información contra el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa: "Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", según consta las grabaciones a las que ha tenido acceso esta redacción.

La mayor rapidez en la interposición de querellas o denuncias con la intención de que se abra un procedimiento no es baladí, porque de ello puede depender que seas quién dirige la acción penal o no. Para agilizar la tramitación de los procedimientos es habitual que las acusaciones populares acaben actuando bajo una dirección letrada única y suele concederse a quien interpuso la primera querella o denuncia.

Así en el caso Koldo y en su derivada en el Tribunal Supremo, en lo relativo al exministro José Luis Ábalos, es el PP, mientras que en el caso de Begoña Gómez es Vox, aunque ahí no se cumple la regla, porque el juez Juan Carlos Peinado se decantó por la primera acusación que abonó la fianza que les impuso. Su decisión, contradictoria con sus propias resoluciones, en las que ha criticado el ejercicio de la acción popular por partidos políticos, está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, porque la primera querella fue interpuesta por Hazte Oír, por lo que de seguirse la práctica habitual debería haber sido el colectivo provida quien coordinara la acusación popular, como ocurre en el fraude de hidrocarburos.

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Distintas denuncias

Hazte Oír denunció a la exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos el martes, al considerar "un deber poner en conocimiento de las autoridades penales lo [...] escuchado. En una situación tan crítica para España y en la que los casos judiciales rodean al entorno de Pedro Sánchez, todo esto debe investigarse", asegura.

Ese mismo día también lo hizo Iustitia Europa que considera una "prueba las grabaciones de audio en las que Leire Díez afirma poder 'sentar con la fiscalía' a empresarios huidos a cambio de información comprometedora contra mandos de la UCO como el teniente coronel Antonio Balas o el excapitán Juan Vicente Bonilla". Entiende que se podrían haber cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia, encubrimiento, revelación de secretos y organización criminal.

Añade que la manifestación de "si Balas está muerto, mejor" se "enmarca en una supuesta operación clandestina organizada para desacreditar la UCO, unidad que ha estado investigando casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español y a otras personalidades cercanas al mismo", lo que podría "constituir delitos graves, incluyendo amenazas contra un miembro de las fuerzas de seguridad, obstrucción a la justicia y organización criminal". "Si la UCO es el objetivo, es porque está tocando el corazón del sistema. Nosotros no vamos a mirar hacia otro lado", asegura Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa.

Por su parte, Manos Limpias ha optado por dirigirse a la Fiscalía General del Estado para denunciar a la socialista por "un presunto delito de conspiración y proposición para delinquir en grado de tentativa con objeto de distorsionar procedimientos penales en cursos de fase de instrucción y provocar la nulidad de los mismos".

Además de las acusaciones presentes en las principales causas contra el Gobierno, la asociación profesional APROGC, que, entre los sindicatos del instituto armado, se caracteriza por ser la entidad que más representa a la cúpula uniformada, está estudiando los audios para determinar si interpone una querella ante el intento de desacreditar a los mandos de la Guardia Civil.