Ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz
'Caso David Sánchez': la fiscalía se adhiere al recurso del exasesor de Moncloa contra su procesamiento
La jueza le imputa los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por la creación de una plaza a su medida en la diputación pacense
Luis Carrero, a la izquierda, junto a su abogado a su llegada a los juzgados de Badajoz, el pasado 25 de abril. / S. GARCÍA
Por qué confiar en El Periódico La fiscalía se ha adherido al recurso de apelación que presentó Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, contra su procesamiento en el denominado 'caso David Sánchez', sumándose de esta forma a su petición de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz revoque el auto en el que ordenó que la causa siguiese por el procedimiento abreviado.
A Carrero se le imputan los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por presuntamente conseguir, a través de la amistad íntima con el hermano del presidente del Gobierno, la creación y adjudicación del puesto de jefe de sección de Centros y Programas Transfronterizos en la Diputación de Badajoz, al que se incorporó a principios de 2024.
El ministerio público se remite a su propio recurso de apelación del pasado 14 de mayo -aún por resolver-, en el que solicitó a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo de la causa al no apreciar indicios de criminalidad en los actos de ninguno de los investigados, como argumentos para esta adhesión.
La jueza amplió la investigación a Carrero tras el análisis de los correos intervenidos a David Sánchez y concluyó que existían indicios de que se simuló un proceso público para su 'fichaje', cuando su contratación en la institución provincial solo respondía a satisfacer "las preferencias personales" del director de la Oficina de las Artes Escénicas, con el que supuestamente ya estaba trabajando desde hacía tiempo de manera extraoficial en el proyecto 'Ópera Joven'.
Sin embargo, la fiscalía, en su recurso de apelación, sostiene que la amistad o cercanía de Sánchez y Carrero -que reconocieron ante la jueza ser amigos desde hace 20 años, pero negaron su implicación en la creación del cargo- no es indicio suficiente para concluir que el primero hubiera intervenido de forma ilícita en favor del segundo para crear y adjudicarle la plaza de jefe de sección de Centros y Programas Transfronterizos.
Para el ministerio público, en este caso, las conversaciones interceptadas "resultan a todas luces insuficientes para entender que la contratación del exasesor de Moncloa fue ilegal.
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