Puigdemont acusa al PP de "rebelión" y "traición" por su oposición a la oficialidad del catalán en la UE

A pesar de las expectativas puestas, finalmente la cuestión de la oficialidad del catalán en la Unión Europa no ha llegado ni a votarse en la reunión que los Veintisiete han mantenido este martes en Bruselas. Hasta 10 Estados miembro han solicitado a España que retirara la propuesta de la lista de votaciones por las dudas legales y financieras que les genera. La incógnita es ahora cómo afectará esta cuestión a las relaciones entre Junts y el PSOE, ya que los posconvergentes habían situado este asunto como una de sus principales exigencias en las negociaciones en Suiza para seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez.

De momento, el presidente del partido, Carles Puigdemont, se ha limitado a cargar contra el PP por haber intervenido en el debate europeo tratando de convencer a los países europeos gobernados por fuerzas conservadoras de que vetaran la propuesta española, tal y como reconoció el 'número dos' de los populares en Catalunya, aunque este martes el partido lo ha negado.

En un mensaje en las redes sociales, el expresident de la Generalitat ha recordado que el Estatut de Catalunya insta tanto a la Generalitat como al Gobierno a "emprender las acciones necesarias" para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE. Por este motivo, ante el rechazo de los populares, Puigdemont se ha preguntado si el PP hace "apología de la desobediencia, de la rebelión o del delito de traición", delitos por los que fueron procesado dirigentes independentistas por el 'procés'. "Conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos leal", ha sentenciado.

En su mensaje, el líder de Junts también ha hecho referencia a las críticas del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el gasto que supondría la medida. "Ya pueden descontar la cantidad que deseen del déficit fiscal, que aún nos adeudarán 20.000 millones de euros anuales", le ha replicado.

Justamente, la mayoría de países que se han opuesto a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas lo han hecho expresando dudas por las posibles implicaciones legales y presupuestarias de la decisión. El Gobierno español se ha comprometido desde un inicio a correr con los gastos extra que suponga la traducción e interpretación al catalán, el gallego y el euskera. Un coste que la Comisión Europea estimó en un primer informe en torno a los 132 millones de euros anuales. Sin embargo, a algunos países les preocupa cómo podría afectar un cambio de ejecutivo en la Moncloa.