La Justicia imputa a dos exaltos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en las residencias

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar el próximo lunes como imputados a los principales responsables de los protocolos que se establecieron en la Comunidad de Madrid durante la pandemia del covid en relación con las residencias de ancianos. Se trata de Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020, y de Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado protocolo técnico que complementaba el firmado por el anterior y que impidió el traslado de mayores con problemas de movilidad o deterioro cognitivo a los hospitales, saturados en esos momentos por los casos de coronavirus.

El pasado 1 de abril el juzgado decidió, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, reabrir una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de la iniciativa del ministerio público madrileño se encuentra en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

En una nota de prensa, estas asociaciones celebran que los altos cargos de la Comunidad de Madrid sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos: "Ambas entidades estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. [...] Les pedimos que desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes".

Denegación de asistencia

La denuncia atribuye a los altos cargos del Gobierno de Ayuso un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El ministerio público repartió la denuncia colectiva que ha permitido reabrir la causa entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13). Solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y los de homicidio imprudente y prevaricación instruidos en virtud de la querella inicial, por "sus puntos de similitud y el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima en su modalidad de una investigación eficaz en relación a personas vulnerables".

Se trata del primer juzgado que decide reabrir la causa. Una decena han decidido mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del ministerio público, decisión que ha sido recurrida tanto por él como por los denunciantes. Otra treintena aún tiene que pronunciarse sobre el último intento de que las muertes en residencias madrileñas sea investigada.

En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.