La causa por la presunta financiación ilegal de CDC a través de ambulancias Egara se reactiva con nuevas imputaciones

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido reactivar la causa derivada del 3% en la que investiga la presunta financiación ilegal de CDC a través de ambulancias Egara, que en 2015 resultó adjudicataria del servicio en varias zonas de Catalunya, con la imputación del 'exconseller' de Salud de la Generalitat Boi Ruíz García y el exdirector de CatSalut Josep María Padrosa, a los que ha citado a declarar el próximo 24 de junio, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El caso de la presunta financiación ilegal de CDC con las ambulancias catalanas afronta su mes clave

Con las nuevas citaciones se pretende llegar hasta el responsable último de la organización, a través de una instrucción en la que se ha ido interrogando a funcionarios de la Administración catalana y a empresarios relacionados con la adjudicación de los tres lotes adjudicados a Egara investigados. El objetivo es determinar si, como sospechan los investigadores, se permitió la entrada en Egara de David Madí -circunstancia que el empresario imputado en la causa niega tajantemente-, a cambio de que la empresa resultara adjudicataria de contratos de la Generalitat a partir de entonces.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, a petición del fiscal Anticorrupción José Grinda, también ha imputado a Frances Brosa Llinares, que fue subdirector del Servicio Catalán de Salud, y a Josep Antoni Teixidó Fontanillas, técnico en el Instituto Catalán de Salud. Ambos están citados en la Audiencia Nacional el 25 de junio.

Los días 1 y 2 de julio están previstas las declaraciones de seis testigos: Francesc Bonet Pedrol, exgerente del Sistema de Emergencias Médicas (SEM); Jaume Heredia Quicios, gerente de la región sanitaria de Girona y director de los servicios territoriales de Salud en Girona; Jaume Estany Ricart, exgerente del Consorcio Sanitario de Barcelona; Josep Prat Domenech, expresidente del Instituto Catalán de la Salud; Carolina Pardo Miguel, cargos en CatSalut y el Instituto catalán de Salud, y Juan Guerrero, de Egara, informa Efe.

En su providencia, el juez recaba de la Sindicatura de Comptes los informes que expuso el testigo Iván Planas "en relación al concurso investigado". Planas fue subdirector del Servicio Catalán de Salud hasta su nombramiento en noviembre de 2022 como gerente de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC).

Otras causas

Esta pieza parte del caso 3%, en el que se investigó la presunta financiación de CDC a través de las fundaciones del partido y por el que se sentarán en banquillo quienes fueron sus tesoreros. Continúan en instrucción la del presunto 'pitufeo' de altos cargos del partido, lo relativo a la adjudicación de servicios de ambulancias y la de la productora Triacom, para cuya apertura resultó clave el empresario recientemente fallecido Joan Manuel Parra, quien aportó una conversación, grabada de forma oculta, con el 'exconseller' y extesorero de la formación Germà Gordó, en la que este le dijo: "Cada vez que te presentes a alguna cosa [un concurso público], me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente".

Lo que denunciaba Parra coincidió con lo que, según las fuentes consultadas por este diario, declaró en un primero momento Carlos Simón, de Egara, en relación con que Madí y Joan Albert Arqués les propusieron quedarse con el 60% de Egara a través de ICAT Desenvolupament; a cambio, la empresa resultaría adjudicataria en los concursos de la Generalitat. Simón matizó después su declaración, al asegurar que la había hecho presionado por los mossos que le interrogaron.

Para entonces, su hermano Óscar Simón ya había negado ante el juez Pedraz cualquier irregularidad en la adjudicación sospechosa y atribuyó la donación de 30.000 euros a una de las fundaciones de CDC, Catdem, a su padre, aunque le restó importancia señalando que era una entre muchas en distintos países.

Óscar Simón explicó que en un momento determinado Egara necesitaba inversores y Juan Luis Gallardo, que trabajaba con ambulancias vascas, les puso en contacto con el grupo inversor ICAT, de Madí y Arqués. Según el empresario, la opción de compraventa de las acciones de Ambulancias Egara en 2012 que realizaron no se llegó a ejercitar. Arqués declaró que porque se desvinculó de ICAT Desenvolupament y Simón aseguró que porque no le convencía Madí.