El Govern ata con ERC la última inyección de recursos y salva su estabilidad sin presupuestos

El Govern de Salvador Illa ha logrado tachar de su 'checklist' la misión de blindar su estabilidad sin nuevos presupuestos este 2025. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha cerrado este miércoles la tercera -y última- ampliación de crédito en un acuerdo con ERC que permitirá a la Generalitat disponer de otros 469 millones extraordinarios para sus finanzas. Si se suma esta ampliación a las dos anteriores, el Govern de Illa ha logrado una inyección de recursos extra de casi 4.000 millones pese a tener que gobernar con las cuentas de 2023 prorrogadas.

El otro socio de Illa, los Comuns, sigue negociando con Economia su apoyo a esta ampliación, aunque tienen ya desbrozado parte del camino: pactaron la semana pasada el destino de más fondos para vivienda y hoy han anunciado el cierre de la oficina de promoción económica de la Generalitat en Israel.

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Será este jueves cuando el Govern y ERC formalizarán el acuerdo y darán cuenta de la letra pequeña. A las 11.30 horas los republicanos comparecerán para explicar el contenido del pacto y, a las 14.15 horas, el Consell Executiu se reunirá en sesión extraordinaria para aprobar el decreto correspondiente.

Fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO exponen que en el acuerdo se visualizará su apuesta por reforzar los "servicios públicos" de Catalunya. Ese ha sido el hilo conductor de toda la legislatura: ERC da estabilidad a Illa y, a cambio, influye en las partidas de gasto del Govern e intenta sacar pecho ante la ciudadanía. Una de las incógnitas es si los republicanos lograrán que esta vez también haya una partida de recursos específica para la Agència Tributària de Catalunya. Reforzar esta agencia es clave para poder, luego, poder implementar un nuevo sistema de financiación por el que Catalunya logre importantes avances en los impuestos que recauda.

Este tercer suplemento de crédito, de 469 millones de euros, es el menos cuantioso pero también el más político, y a la espera de los últimos flecos, pone el broche a un mosaico de acuerdos a tres bandas de los tres partidos que permitieron la investidura. El primero, aprobado por el Govern el 25 de marzo, fue de 2.168 millones destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y a financiar gastos ordinarios y de personal.

El segundo, de 1.300 millones más, estaban básicamente destinados a la subida de sueldo prevista para los funcionarios y la respuesta a la crisis arancelaria, aunque los Comuns arrancaron también el compromiso de destinar 850 millones en vivienda, la creación de la oficina antidesahucios, 13 millones para el dentista público y otros 10 para salud mental. Precisamente, este miércoles el Parlament ha convalidado definitivamente este decreto. Para aprobar el tercero, el grupo liderado por Jéssica Albiach ha puesto encima de la mesa reclamaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Un plan 'b' más largo de lo previsto

Con todos estos recursos, el Govern tiene margen económico suficiente para cerrar este ejercicio sin sobresaltos, a merced, eso sí, de cómo evolucione la concreción de la financiación singular a partir de este mes de junio. Ha tardado más de lo que había previsto inicialmente, ya que Illa arrancó la legislatura dando por hecho que lograría pactar unos nuevos presupuestos con ERC y Comuns. Sin embargo, Oriol Junqueras, justo después de recuperar la batuta de los republicanos tras un convulso proceso interno, dejó claro que no contribuiría a ello, por lo que el Executiu del PSC se vio obligado a activar el plan 'b', que pasaba por inyectar los recursos procedentes de los ingresos de más obtenidos el año pasado. 

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Hubo, no obstante, un segundo baño de realidad de lo que significaba gobernar en minoría: la prioridad de Illa era aprobar de una sola vez los casi 4.000 millones disponibles, pero de nuevo tuvo que compasarse con la exigencia de ERC, que pidió que fuera troceado para ir negociando por capítulos y que ha manejado también un calendario más largo de lo que hubiera querido el president. Eso sí, una vez asumidos estos parámetros, lo que sí que quería Illa es que esta carpeta quedara resuelta antes del verano para poder arrancar en otoño la negociación de los presupuestos de 2026. Junqueras ya ha abierto la puerta a sentarse para abordar el asunto, siempre y cuando considere que se han hecho avances suficientes en materia de financiación y de Rodalies.

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