Catalunya da el primer paso para erradicar el sinhogarismo

En Catalunya hay casi 6.000 personas que no tienen un techo donde vivir y están destinadas a dormir a la intemperie cada noche. Si se amplía la mirada y se cuentan también aquellas que residen en albergues, alojamientos temporales o refugios públicos, la cifra supera las 10.000. Y el número se dispara hasta las 59.000 personas si se incluyen las que malviven en viviendas inseguras -con amenaza de desahucio o violencia de género- o en condiciones inadecuadas -en espacios insalubres o que no cumplen los mínimos legales-.

Las cifras, correspondientes al último recuento oficial del Departament de Drets Socials de 2022, evidencian la magnitud de una emergencia habitacional que los ayuntamientos -quienes tienen la competencia en esta materia- tienen serias dificultades para cuantificar, debido a la falta de herramientas y a la ausencia de una obligación legal clara. Este miércoles, sin embargo, Catalunya ha dado el primer paso para revertir esta situación: la mayoría de grupos del Parlament (PSC, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP) han avalado la tramitación de la ley del sinhogarismo, una normativa pionera en Europa que busca blindar derechos básicos a estas personas, establecer protocolos de prevención y abordar con rigor el fenómeno de la exclusión residencial.

De la mano de las entidades sociales

El texto, impulsado por las principales entidades sociales que trabajan con personas sin hogar -la Comunitat de Sant Egidi, Càritas, Fundació Arrels, Sant Joan de Déu Serveis Socials y ASSÍS- en colaboración con expertos de la UB y la UAB, fue concebido hace tres años como una ley avanzada en el contexto europeo. Su elaboración se frustró por la caída de la anterior legislatura, pero ahora vuelve a caminar, con medidas estructurales y una inversión prevista de 350 millones de euros en cinco años.

El Govern alega que no ofreció un techo a las personas sin hogar desalojadas del aeropuerto porque el dispositivo era de tres horas

La proposición plantea que unas 18.000 personas podrían tener cubiertas sus necesidades básicas -alimentación, alojamiento, asistencia sanitaria y acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía- en un plazo de cinco años. Para lograrlo, la ley fija un calendario de actuaciones que incluye la obligatoriedad de los municipios de más de 50.000 habitantes de realizar un recuento regular de personas sin hogar, así como de garantizar su empadronamiento en un plazo máximo de dos años, condición indispensable para acceder a derechos y ayudas.

Todos los partidos impulsores han reivindicado esta iniciativa como una oportunidad para dejar de invisibilizar esta problemática, aprovechando el trabajo realizado en la pasada legislatura para la preparación de la ley. En el debate parlamentario, la diputada del PSC, Beatriz Silva, ha instado a "sacar el sinhogarismo de la invisibilidad" y "avanzar en una atención profesional" para que las personas que viven en la calle "recuperen sus vidas".

Desde Junts, la parlamentaria Ennatu Domingo ha subrayado que "hay un vacío legal en Catalunya para hacer frente al sinhogarismo" y ha urgido a avanzar en el trabajo previo para que la iniciativa se apruebe definitivamente. Jordi Viñas, de ERC, ha recalcado que esta iniciativa "no puede ser ignorada ni aplazada más tiempo", y ha advertido que requiere de una "financiación justa": "El papel lo aguanta todo, pero sin los recursos que corresponden la aplicación es muy complicada", ha añadido.

Por parte del PP, Montse Berenguer ha señalado que el sinhogarismo supone "un fracaso como sociedad" y ha advertido de que "no existe una solución rápida" para paliarlo. Y desde los Comuns, la parlamentaria Núria Lozano ha hecho énfasis en la necesidad de "poner el foco en una situación invisible e invisibilizada", mientras que la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha advertido que "sin presupuesto esta ley puede ser otra promesa vacía más".

El texto también prevé recursos para cubrir necesidades esenciales: desde espacios dignos donde dormir con servicios mínimos (agua, luz y baño) hasta duchas en todos los municipios de más de 10.000 habitantes, acceso a una alimentación adecuada en los de más de 1.000 y transporte público gratuito para este colectivo. También incorpora la perspectiva de género en el abordaje de esta problemática.