Junts lleva al Consell de Garanties Estatutàries el aplazamiento de la subida de la tasa turística

Junts volverá a recurrir al Consell de Garanties Estatutàries. El partido liderado por Carles Puigdemont ha anunciado este martes que pedirá un nuevo informe a este organismo sobre el decreto aprobado por el Govern la semana pasada que aplaza la entrada en vigor de la subida de la tasa turística. Lo ha anunciado, durante una rueda de prensa, la portavoz del partido en el Parlament, Mònica Sales, quien ha acusado al president Salvador Illa de "gobernar a golpe de decreto" para poder "saltarse" los trámites parlamentarios. "La normalidad que pretende vender Illa es en realidad inestabilidad e irresponsabilidad", ha aseverado.

Esta es la tercera vez que los posconvergentes acuden al Consell de Garanties Estatutàries en esta legislatura. Hace unas semanas ya solicitaron un dictamen sobre el decreto inicial de incremento de la tasa turística, y otro sobre la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En ambos casos, consiguieron que el organismo les diera la razón y que recomendara el trámite de estos decretos como proyectos de ley.

Ahora, el Consell de Garanties Estatutàries tiene un plazo de 12 días para resolver. Sin embargo, el dictamen reclamado por Junts no es vinculante ni tiene efectos sobre la entrada en vigor del decreto que, de hecho, ya se está aplicando. En el caso de las leyes sí que se demoran los trámites parlamentarios. El texto, pactado con los Comuns después de que no se convalidara el anterior decreto sobre el aplazamiento, deberá obtener el visto bueno de la Cámara catalana antes del 27 de junio.

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Todo ello después de que el pasado 7 de mayo, el pleno del Parlament avalara, aunque con la condición de que se tramitaría como proyecto de ley, el decreto de incremento de la tasa turística. Sin embargo, la mayoría de la Cámara rechazó, de forma inesperada, otro texto que debía aplazar su entrada en vigor hasta octubre. Para revertir la situación, el Govern pactó con los Comuns un nuevo decreto a cambio de destinar 60 millones -los que se deberían haber ingresado si no hubiera habido una demora en la subida de la tasa- a políticas de vivienda.