El Govern pacta con patronales y sindicatos reducir la burocracia para instalar parques eólicos y fotovoltaicos

El Govern ha acordado con patronales y sindicatos reducir la burocracia necesaria para instalar parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas y acelerar así la transición energética en Catalunya. El Ejecutivo catalán suprimirá la necesidad de autorización previa para habilitar generadores de estas fuentes renovables de hasta 500kw, cuando ahora solo se puede edificar sin permiso explícito hasta 100kw de potencia. Esta modificación legislativa irá "tan pronto como sea posible y como máximo en la próxima ley de medidas", según figura en el acuerdo entre el Govern y los agentes sociales al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Emulando el proceso de diálogo social que introdujo el entonces president, Pere Aragonès, durante la anterior legislatura, el Govern ha buscado el aval de las patronales y los sindicatos más representativos para sus suplementos de créditos, las inyecciones de recursos que está pactando con ERC y los Comuns ante la ausencia de unos nuevos presupuestos este 2025. Durante los últimos años ha sido habitual que el president acordara con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT una suerte de propuesta de mínimos para elaborar sus cuentas públicas, a la que luego los potenciales socios de la legislatura sumaban nuevas reivindicaciones. Pero ya se armaba un esqueleto que buscaba escenificar un consenso con los representantes económicos y a partir de ahí presionar a los grupos para que dieran apoyo a las cifras.

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Illa ha buscado también el beneplácito de patronales y sindicatos para sus suplementos de crédito que sumarán más de 4.000 millones de euros en recursos para la Generalitat, lo que ya es una suerte de nuevos presupuestos encubiertos porque Esquerra no ha querido negociar unas cuentas, pero sí las ampliaciones de recursos, que al final se han troceado en tres negociaciones distintas -queda pendiente la última, de 469 millones de euros-.

En los próximos días está previsto que el president y los máximos representantes de patronales y sindicatos oficialicen el acuerdo con una fotografía conjunta, si bien en paralelo el Govern sigue negociando con ERC y Comuns para obtener los votos suficientes para que el último suplemento de crédito prospere enn el Parlament y todavía no está claro si esa foto con los agentes sociales será previa o posterior al acuerdo con los grupos políticos.

El Govern y los agentes sociales han acabado pactando un total de 71 puntos, que incluyen varias medidas ya consensuadas previamente entre el Ejecutivo y los Comuns o ERC. Por ejemplo, el mantenimiento durante todo este ejercicio de las bonificaciones a los abonos transporte una vez las ayudas del Gobierno decaigan, especialmente para aquellos estudiantes de FP. O los 10 millones de euros de inversión para el Pacte Nacional de Salut Mental, así como revisar los mecanismos para actualizar de manera automática el IRSC, el indicador que fija la cuantía de los subsidios que paga la Generalitat, como, por ejemplo, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Refuerzo a la industria

Los agentes sociales han ido armando con la Conselleria de Economia, responsable de las negociaciones, una batería de medidas variopintas. Si bien han tenido algún rifirrafe sobre medidas concretas en materia de evaluar la productividad, según reconocen fuentes consultadas de las cuatro entidades, finalmente han logrado consensuar un texto. Una de las prioridades del mismo es el desarrollo industrial, para el que la Generalitat se compromete a invertir este año 587,5 millones de euros, tal como estaba ya presupuestado en el Pacte Nacional per a la Industria, acordado con el anterior conseller de Empresa, Roger Torrent, y que el actual, Miquel Sàmper, se comprometió a respetar.

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Otra de las claves de ese desarrollo industrial será la variable energética, donde los agentes sociales han puesto el acento. A la supresión de requerimientos previos se suma la posibilidad de tramitar permisos específicos para instalaciones de almacenamiento con baterías de hasta 50 MW, especialmente requeridas por la red de transporte y distribución.

El Govern quiere acelerar la transición energética. Actualmente, solo el 18% de la energía producida en Catalunya proviene de fuentes renovables y el objetivo es elevar el porcentaje de forma inmediata hasta el 27%, para luego acabar la legislatura en el 50%.

Más FP

En el acuerdo también se contempla un refuerzo del Institut Català de Finances (ICF) "como entidad de banca de inversión pública" y que este habilite créditos específicos para avanzar el dinero a empresas o entidades que están pendientes de cobrar una subvención. En este sentido, el Govern se compromete a reunir cada seis meses a los agentes sociales para darles cuenta de cómo evoluciona la actividad de este organismo autónomo, creando una suerte de consejo de supervisión paralelo. 

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La formación profesional también es otra de las prioridades del pacto y ahí el Govern se compromete a reforzar la figura del orientador profesional en los centros, incorporando 40 personas durante este año y acabar el curso con unas 100. También en ese sentido, la Generalitat invertirá 16 millones de euros en revisar qué cursos está dando y si estos se ajustan a las necesidades de personal que luego manifiestan las empresas.

A falta de conocer el detalle del reparto para Catalunya de los 2.517 millones de euros que el Ministerio de Trabajo ha dispuesto este año para políticas activas de empleo, la Generalitat se abre a garantizar una inversión mínima desde el SOC de 537,5 millones de euros, es decir, a mantener un presupuesto similar al que ya destinó el año pasado.

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