La nueva ley de barrios de Catalunya: ¿qué es y qué municipios podrán beneficiarse de ella?

De urbanizar una calle o mejorar su iluminación o alcantarillado, a rehabilitar edificios con deficiencias estructurales o a garantizar su aislamiento térmico. De la creación de espacios verdes y la renovación del mobiliario urbano, a la eliminación de barreras arquitectónicas para dar un espaldarazo a equipamientos culturales o educativos. La ley de barrios que el Govern de Salvador Illa ha retomado como herencia del 'tripartit', con una inversión de 1.000 millones de euros en cinco años, tiene como objetivo ejercer de plan de choque integral para un lavado de cara de más de un centenar de zonas degradadas para que repercuta directamente en una mayor cohesión social. Estas son las claves del plan:

Los barrios que podrán optar a esa inversión tienen que tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya -15.830 euros, según datos del Idescat de 2023-, cumplir con la puntación requerida en los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica y urbana -hay hasta 26 definidos- y presentar un programa de intervención con "carácter integral" para garantizar su transformación. Eso supone que, más allá de una transformación física del espacio público, tengan en cuenta la sostenibilidad ambiental y actuaciones sociocomunitarias para fomentar la cohesión y lo que sus impulsores definen como el "orgullo de barrio".

El objetivo es mejorar las condiciones físicas, ambientales y sociales de barrios que en estos momentos sufren un deterioro que repercute también en las vidas de sus vecinos. Los proyectos que se presenten incluirán desde mejoras urbanísticas y rehabilitaciones de viviendas a actuaciones para el impulso social y económico que refuerce los vínculos y la comunidad. Fuera queda, porque es competencia de otros programas o conselleries, la construcción de nueva vivienda, a no ser que sea de realojamiento, o de nuevas escuelas, centros de atención primaria y comisarías, aunque sí que podrán incluirse rehabilitaciones y remodelaciones de estos equipamientos.

El president Illa ha anunciado que la inversión que aportará la Generalitat será de 1.000 millones de euros en cinco años, es decir, 200 millones por año en un periodo que irá más allá de una legislatura. Sin embargo, también hay una parte que saldrá de la caja de los ayuntamientos, por lo que se movilizarán alrededor de 1.600 millones. El plan contempla inversiones de entre tres y 25 millones de euros por proyecto, cifra condicionada a la cantidad de habitantes que tengan los municipios que opten y cumplan con los requisitos de vulnerabilidad. Para los de menos de 20.000 vecinos, será de entre tres y 12,5 millones de euros, mientras que para los que tengan más de 20.000 la inversión será de entre seis y 25 millones.

El modelo será el del copago, pero teniendo en cuenta la magnitud de cada municipio y, por lo tanto, las distintas capacidades económicas en función de su tamaño. En las localidades de menos de 5.000 habitantes la Generalitat se hará cargo del 75% de la inversión, en los que tengan entre 5.000 y 20.000 será del 70%, en los que van de los 20.000 a los 50.000 habitantes será del 60% y en los de más de 50.000 se hará cargo de la mitad, mientras el resto lo asumirá el consistorio. Cada municipio podrá presentar un solo proyecto por año y en la deliberación para la concesión se tendrá en cuenta que en cada convocatoria haya barrios de todas las 'vegueries'.

El Consell Executiu aprobará el decreto de la ley de barrios en junio y lanzará la primera convocatoria del fondo en julio. A partir de entonces, los municipios que quieran optar tendrán un plazo de tres meses para presentar sus proyectos. La comisión gestora -formada por la Generalitat, entidades municipalistas y del tercer sector- resolverá a finales de año quiénes son los ayuntamientos que se beneficiarán y la inversión empezará el 1 de enero de 2026. Lo mismo se repetirá cada año hasta 2029, la quinta y última convocatoria por ahora prevista.

El Govern espera poder contar con nuevos presupuestos en 2026 para dar cobertura al despliegue de la ley de barrios. Sin embargo, la cosa se le puede complicar si finalmente no logra aprobar nuevas cuentas, como ha sucedido este año. Fuentes gubernamentales aseguran que con la aprobación del decreto en junio se activará también la financiación plurianual del plan y pasará, por tanto, a ser un gasto comprometido, así que en caso de prórroga la Generalitat debería echar mano de ampliaciones de crédito o repriorización de partidas para garantizar una inversión que Illa ha definido como una "prioridad" de legislatura.

Illa ha recordado que esta ley está concebida tanto para municipios grandes como pequeños, pero el Govern es consciente de la limitación económica y técnica de los pequeños ayuntamientos. Es por ello que, además de asumir un mayor porcentaje del pago de los proyectos, las diputaciones prestarán asesoramiento para facilitar que las localidades de menos de 10.000 habitantes puedan optar al fondo.

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