Los alcaldes de Junts que endurecen las condiciones del padrón: "Hemos declarado la guerra a los okupas"

"Hemos declarado la guerra a los okupas. En Martorell no se empadrona a ninguno". Así lo defiende el alcalde del municipio, Xavier Fonollosa, cuyo modelo ha sido asumido por Junts con voluntad de extenderlo a otros consistorios. El partido aprobó, en la convención municipalista del pasado sábado, elaborar "una recopilación de buenas prácticas" de gestión del padrón, inspirándose "en el ejemplo de Martorell". El documento, adelantado por EL PERIÓDICO, propone vetar la inscripción en inmuebles okupados y acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público.

En declaraciones a este diario, Fonollosa defiende con vehemencia que un hecho delictivo como la okupación no puede "otorgar derechos". Actualmente, el padrón municipal es la puerta de entrada para poder acceder a servicios básicos como lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales; pero el alcalde asegura que solo empadronará a okupas si un juez le obliga. Y es que se ha admitido a trámite una demanda contra el consistorio del Baix Llobregat por esta cuestión, que todavía está pendiente de resolverse.

Junts valida su apuesta para que los ayuntamientos no empadronen a okupas

En 2020, el Gobierno dictó una resolución que daba instrucciones a los ayuntamientos sobre cómo proceder con el padrón. Según esta, se consideran empadronables las "infraviviendas", como "chabolas, caravanas o cuevas", e incluso la "ausencia total de techo". También dice que en caso de duda sobre la titularidad de la vivienda, prevalece el derecho al padrón. El alcalde de Martorell, sin embargo, argumenta que esta resolución "no tiene validez jurídica" y defiende que puede no empadronar si no se acredita un "título habilitante", lo que es equiparable a la escritura de un inmueble, un contrato de alquiler o un permiso del dueño de la finca. 

"Nos hemos convertido todos en unos 'hippies'. Se está blanqueando un delito", declara Fonollosa. No hace distinciones entre okupas, sean o no vulnerables, ya que sostiene que por esta regla de tres alguien que no se puede permitir un coche podría robar el de otro. "Son unos pajarracos, basta ya: orden y 'seny'", agrega. Pese a la contundencia de su discurso respecto a los okupas, Fonollosa saca pecho de las políticas sociales y de las viviendas de protección oficial impulsadas por su ayuntamiento.

"Nos hemos convertido todos en unos hippies, se está blanqueando un delito", afirma el alcade de Martorell

Los "agentes verificadores" de Figueres

La opinión de Fonollosa es muy similar a la de otro alcalde que Junts pone como ejemplo. Se trata de Jordi Masquef, que también gobierna con mayoría absoluta en Figueres. En los últimos meses, su gobierno ha empezado a aplicar un "criterio más restrictivo" y ha incrementado la partida destinada a comprobar el padrón. "Vamos 'in situ' con agentes verificadores, y en algunos casos con la Guàrdia Urbana, a comprobar los casos sospechosos", afirma Masquef, en declaraciones a este diario. Niega que uno de los criterios para determinar posibles fraudes sea "el color de la piel", como denuncian algunas entidades sociales, y asegura que los casos de okupaciones por parte de personas vulnerables son "mínimos".

El alcalde defiende que, tras aplicar una política más dura, las peticiones de empadronamiento "han bajado" y se ha producido un "efecto contrario al efecto llamada". A lo largo de 2024, el Ayuntamiento de Figueres dio de baja del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 804 personas y este 2025 ya lo ha hecho con otras 260, aunque esta cifra incluye a los que voluntariamente han abandonado el municipio.

Junts mira de reojo a Aliança Catalana para perfilar su estrategia municipal

También el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, hace gala de haber endurecido recientemente las condiciones del padrón y de su política de "tolerancia cero con las okupaciones". "Ahora hacemos una lectura restrictiva de la ley. En los últimos 10 años ha habido demasiada permisividad con los empadronamientos ficticios o fraudulentos y esto se tienen que acabar; hay que poner orden", sentencia el alcalde, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Vallès, que gobierna en coalición con ERC, dice que los pisos "patera" no son "tolerables" y explica que ha dado la orden de hacer "inspecciones periódicas en viviendas okupadas".

En cambio, el alcalde de Calella, Marc Buch, que asegura que también pide un "título habilitante" para inscribirse en el padrón "desde hace mucho tiempo", pone más el foco en la inmigración. "Vienen con un visado de turista y les tenemos que empadronar", critica este posconvergente del Maresme, que asegura que el crecimiento de población de su municipio -un 5% en tres años según datos del Idescat- hace que "los servicios sociales estén saturados" y no se pueda dar "un servicio de calidad" a los ciudadanos. Buch propone que una de las condiciones del padrón sea disponer de "permiso de residencia". Sin embargo, actualmente, es necesario haber permanecido un mínimo de tres años en España para acceder a este permiso, lo que se demuestra con el padrón. "Tenemos que replantear el sistema de arriba a bajo", agrega.

Aviso de las entidades

Ante esta situación, varias entidades sociales claman al cielo. Mariona Puigdellívol, directora de la federación Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), advierte de que "el padrón es un derecho, pero también una obligación" de los consistorios y recuerda las dificultades habitaciones en las que se encuentran muchas personas, especialmente las de origen migrante, lo que aumenta su riesgo de "exclusión social". También lamenta que en el último año y medio muchos ayuntamientos "de todos los colores" hayan puesto más "trabas" al padrón. Puigdellívol ve diferencias en los discursos, pero avisa de que las "'praxis' restrictivas" van mucho más allá de Junts. Para revertirlo, desde la entidad abogan por un pacto nacional para blindar el padrón en todos los municipios, siguiendo la normativa vigente.

"El padrón no es un premio ni da derechos extra", afirman desde la Coordinadora Obrint Fronteres

También desde la Coordinadora Obrim Fronteres apelan a este gran acuerdo y avisan de que el padrón "no es un premio" ni da "derechos extra", sino que es una "herramienta" para "planificar los recursos y servicios que necesita el ayuntamiento". "Estas personas ya están en el municipio, por lo que los servicios se los tienes que ofrecer igual. Se puede hacer ordenadamente, o se puede hacer sobrecargando los servicios de urgencia. El derecho a la sanidad o a la educación son independientes del padrón. Poner más trabas no ayuda a nadie. Ni al ayuntamiento, ni a los vecinos", rematan.

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