Revelación de secretros
El Gobierno mantiene que la publicación de los mensajes de Sánchez es delito pese a la autorización de Ábalos
Bolaños tilda de “ceremonia de la confusión” los movimientos del exministro, defiende que debe producirse una investigación de oficio y que cualquier particular puede denunciar, sin descartar que lo haga el propio presidente del Gobierno

Pedro Sánchez. / EPDATA


Iván Gil
Iván GilPeriodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.
Para el Gobierno no cambia nada en la filtración sobre los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que el exministro de Transportes haya reconocido su autorización para publicarlos. Sigue defendiendo que se trata de un potencial “delito de revelación de secretos” y un “ataque” a la intimidad del presidente del Gobierno. Por tanto, confía en que debe abrirse una investigación de oficio. En caso contrario, el Ejecutivo instará a ello, según ha avanzado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, esta mañana durante una entrevista en ‘Onda Cero’, aun sin concretar en si la denuncia partiría del propio Gobierno, del partido o del jefe del Ejecutivo. Es más, el ministro socialista no ha descartado “ninguna vía” porque incluso “la ley permite que pueda ser cualquier persona particular” quien denuncie estos hechos.
El giro de guion tras admitir Ábalos que dio consentimiento a la publicación de los mensajes por parte de ‘El Mundo’ solo es para el titular de Presidencia y Justicia “ceremonia de la confusión”. “No nos lleva a ninguna parte. Me parece que puede haber delito. Queremos que se llegue hasta el fondo y se investigue todo”, añadió para referirse a un “ataque a las bases de la democracia y de nuestra Constitución”. El delito existiría solo en caso de que Ábalos no fuese el autor de dichas filtraciones.
A través de un comunicado, Ábalos ha reconocido que dio su consentimiento para la publicación de los mensajes, pero solo a los "correspondientes a una conversación de 2023 con el presidente". "No me opongo a su publicación porque entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal porque dejan bien claro y demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro, de la misma manera que mi incorporación en la candidatura de las elecciones generales de 2023 no se debía a una intención espúrea de aforarme para protegerme sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE, como así fue", aclara. Con todo, añade que "no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega".
Como están manifestando estos días otros ministros socialistas en privado, Bolaños ha descartado que el exsecretario de Organización del PSOE esté tratando de chantajear a Sánchez con motivo de su investigación judicial. Principalmente, según ha justificado, porque en los mensajes publicados por el momento, “no hay nada que comprometer a nadie”.
En Moncloa señalan que "lo normal" es que no tengan que iniciar acciones legales porque en otras causas cuando se producen filtraciones "se abren piezas separadas para investigarlas. El interesado en que se respete el principio de legalidad, sostienen, es el Ministerio Fiscal. Otras fuentes del Gobierno evitan señalar el origen de la filtración y poner en duda a la UCO.
Además de tildar el contenido de los mensajes revelados de intrascendentes, en el Gobierno buscan poner el foco en un “ataque” a Sánchez personal de la oposición por la incapacidad a confrontar con políticamente. “La oposición no tiene una política alternativa. Como no hay nada enfrente, por eso hay un ataque personal, por la hoja de servicios que tiene el Ejecutivo”, ha acusado Bolaños.
Estatuto Fiscal
El titular de Justicia ha defendido la reforma del Estatuto Fiscal aprobada este martes en el Consejo de Ministros para homologarla a los países de la UE. Con ella, se pretende desvincular el mandato del fiscal general del Gobierno y reforzar las decisiones colegiadas, otorgando la investigación penal a los fiscales. “España es hoy una excepción, en ningún país de Europa instruyen los jueces, sino la Fiscalía. Para dar ese paso tenemos que reforzar la autonomía” de la fiscalía, añadió para reconocer la falta de apoyo del PP que deja en el aire esta reforma.
La norma, que además se incluirá dentro de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal como una disposición adicional, complicando todavía más el equilibrio negociador, requiere de mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica. Salga o no adelante, en un contexto de debilidad parlamentaria del Ejecutivo, en Moncloa subrayan que dejan clara su voluntad de cumplir con las exigencias de Bruselas y lanzan la pelota al tejado de Génova. Desde hace más de una década, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva demandando a nuestro país reformas para reforzar la autonomía del Ministerio Público.
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