El Govern alega que no ofreció un techo a las personas sin hogar desalojadas del aeropuerto porque el dispositivo era de tres horas

Dos meses y medio después del polémico desalojo de un centenar de personas sin hogar del Aeropuerto de Barcelona-El Prat -ejecutado la semana previa al Mobile World Congress (MWC)-, el Govern ha ofrecido por primera vez su versión oficial de los hechos y ha defendido su actuación. Lo ha hecho el secretario general de Drets Socials, Raúl Moreno, durante una comparecencia en la comisión de derechos sociales del Parlament, a petición del grupo parlamentario de ERC.

Moreno ha detallado el papel que jugó la Generalitat en el dispositivo y ha insistido en que la actuación no estuvo vinculada al MWC, como había denunciado la oposición, sino que se trató de un operativo de higiene impulsado por Aena y respaldado por los Mossos d’Esquadra. Según su relato, el dispositivo se desarrolló "sin incidentes" y la respuesta del Govern fue "adecuada y ajustada" a la naturaleza temporal de la intervención, que fue de tres horas.

El secretario ha explicado que Aena informó de su intención de llevar a cabo tareas de limpieza en todas las instalaciones del aeropuerto, incluidos los espacios donde habitualmente pernoctan personas sin hogar. Al mismo tiempo, los Mossos alertaron de un "aumento de delitos" en la zona, lo que llevó a duplicar la presencia policial. Según Moreno, el operativo, realizado el 26 de febrero, tenía como objetivo "garantizar condiciones óptimas para viajeros, trabajadores y personas que duermen allí", y reducir la presencia de individuos con "perfil delictivo".

Un dispositivo "temporal"

Desde que se produjo el desalojo, una decena de entidades del tercer sector y varios partidos políticos han criticado al Executiu por no ofrecer una alternativa habitacional a las personas desalojadas, muchas de ellas en situación de alta vulnerabilidad. En su intervención, Moreno ha defendido que el Govern estaba al corriente del operativo y que coordinó una actuación adecuada para un desalojo "temporal" que, según ha subrayado, estaba previsto que durara solo tres horas, aunque ha obviado decir que se llevó a cabo de madrugada. "El dispositivo especial estaba ajustado a esa duración", ha afirmado, justificando así que no se habilitara un alojamiento alternativo para las 160 personas afectadas, una cifra que coincide con la de las entidades sociales dieron en su momento, que rondaba el centenar.

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Moreno ha asegurado que todas las personas desalojadas fueron informadas de que podrían regresar tras las tres horas. "El 60% de quienes se marcharon y no esperaron, regresaron 48 horas después", ha afirmado. Además, ha informado de que una persona fue trasladada al Hospital de Bellvitge, donde recibió el alta el mismo día, y otras cuatro fueron atendidas con orientación social. "El dispositivo se desarrolló sin incidentes y contó con apoyo y acompañamiento social", ha recalcado, alegando un balance positivo por parte del Executiu de los hechos.

El dispositivo se desarrolló sin incidentes y contó con apoyo y acompañamiento social

Raúl Moreno

— Secretario de Drets Socials

Un equipo especial de acompañamiento

El equipo especial desplazado aquella noche estaba compuesto por dos profesionales del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), un técnico del Ayuntamiento de El Prat, una unidad del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y efectivos de los Mossos. La coordinación del operativo, ha explicado Moreno, se realizó a través de un grupo de trabajo con representantes de los ayuntamientos de El Prat y Barcelona, Aena y la Conselleria de Drets Socials.

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El secretario ha aprovechado su intervención para explicar que este grupo será el principal órgano de colaboración entre administraciones para abordar el sinhogarismo en el entorno aeroportuario. Esta cooperación, iniciada en 2011, cristalizó en un convenio entre la Generalitat y los entes locales que caducó en 2023. Tal como ya anunció la consellera Mònica Martínez Bravo y ha recordado su número dos en comisión, el acuerdo ha sido actualizado con una aportación de medio millón de euros del Govern y una reestructuración de las funciones de cada administración. "El sinhogarismo es una responsabilidad pública indelegable que queremos asumir de forma compartida con los ayuntamientos", ha afirmado, aunque ha recordado que la competencia en esta materia es municipal.

Pese a las explicaciones, ningún grupo parlamentario presente en la comisión se ha mostrado satisfecho. La diputada de ERC, Najat Driouech, ha calificado el desalojo de "inoportuno" e "indigno", criticando que se realizara a las puertas del MWC, en plena temporada de frío y sin un "plan claro alternativo". También ha cuestionado que solo cinco profesionales atendieran a más de 160 personas. "Queremos soluciones estructurales, no operaciones de imagen", ha reclamado.

Sin consultar a las entidades

La republicana ha pedido además a Moreno que aclarara si se consultó a las entidades sociales antes del operativo, una pregunta que también ha formulado la diputada de Junts, Ennatu Domingo. "Se hizo de forma intermitente, de espaldas a las entidades sociales implicadas", ha denunciado. La mañana siguiente al desalojo, varias organizaciones y sindicatos, entre ellos la Taula del Tercer Sector, criticaron la falta de información y de coordinación con las entidades sociales en un comunicado conjunto.

Romero no ha llegado a dar ninguna respuesta sobre si se informó a las entidades del tercer sector en su turno de réplica, pero sí ha aprovechado para insistir en la razón por la cual no se planificaron alternativas habitacionales. Así, ha apuntado que a la gente que pernocta en el aeropuerto se le ofrecen "las mismas alternativas que a cualquier otra persona en situación de sin hogar": "No podemos ofrecer alternativas suplementarias dependiendo de donde están, no podemos hacer que El Prat se convierta en un polo donde tengan más servicios que en otros sitios", ha zanjado el secretario de Drets Socials.