Debate abierto

Regular o abolir la prostitución: ¿qué opinan los partidos en Catalunya?

La división dentro del feminismo impacta en las formaciones políticas, que evitan marcar posiciones claras sobre el trabajo sexual

El Govern introduce por primera vez la abolición de la prostitución en las políticas de igualdad

Primer varapalo para el PSOE de la legislatura: PP y Sumar tumban su ley abolicionista

Manifestación frente al Congreso de la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, en 2022.

Manifestación frente al Congreso de la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, en 2022. / José Luis Roca

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El debate sobre cómo abordar la prostitución desde las instituciones sigue más abierto que nunca. Más allá de la histórica división dentro del feminismo entre las posiciones abolicionistas y las partidarias de la regulación para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales, la controversia cala en los partidos políticos.

En el Congreso, el PSOE lleva años intentando impulsar una reforma legal de corte abolicionista. Lo intentó sin éxito antes de las elecciones generales de 2023 y volvió a la carga en mayo de 2024 con una proposición de ley que planteaba castigar cualquier forma de proxenetismo -la obtención de beneficios económicos mediante la prostitución ajena- y sancionar a los clientes. La iniciativa, sin embargo, fue tumbada por una amplia mayoría del arco parlamentario, incluidos Sumar y el PP, a pesar de que los populares habían respaldado una propuesta casi idéntica en la legislatura anterior, que decayó por la convocatoria anticipada de elecciones.

En Catalunya, el debate aún no ha llegado de forma directa al pleno del Parlament, pero la decisión del Govern de incluir por primera vez una línea abolicionista en sus políticas públicas de igualdad y feminismo, tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO, sitúa el asunto en el centro del debate político. Consultados por este diario, Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana evitan posicionarse. Los Comuns y la CUP defienden un abordaje con perspectiva 'proderechos' que reconozca la prostitución como un "trabajo", en contra del marco abolicionista que defienden los socialistas, mientras que ERC adopta una posición ambivalente.

A finales de 2023, poco antes de que el president Pere Aragonès (ERC) pusiera fin a la legislatura, ERC, Junts, Comuns y CUP -que entonces sumaban mayoría- votaron a favor de una propuesta de resolución en la comisión de igualdad del Parlament que pedía la "despenalización del trabajo sexual" e incluso instaba al Govern a trabajar para "regular de forma específica" las licencias para la actividad de 'meublé', aquella vinculada a la cesión de espacios seguros para practicar la prostitución. En ese momento, las cuatro formaciones acercaron posturas a la hora de reconocer la prostitución como un "trabajo sexual", siempre que fuera "voluntario".

A partir de las posiciones que defendieron entonces, de lo que recogen sus últimos programas electorales y de las declaraciones que han ofrecido a EL PERIÓDICO, a continuación se resume la postura de cada formación:

El PSC, al frente del Govern, es el único partido que se declara abiertamente abolicionista. Los socialistas sostienen que "la prostitución no es un trabajo", sino una forma de violencia, y proponen su erradicación mediante una reforma legal que sancione a proxenetas y clientes, pero no a las mujeres que la ejercen, para quienes proponen vías de inserción laboral y social. En su programa electoral consideran que es una forma de "explotación sexual", que representa la "esclavitud de las mujeres que están en situación de precariedad".

En el polo opuesto, los Comuns defienden una postura 'proderechos'. Su programa apuesta por despenalizar el trabajo sexual y reconocerlo como una actividad laboral que dé derechos y garantías. "Es una cuestión de derechos: hay que garantizar la salud, la vivienda y la seguridad de quienes ejercen la prostitución", afirman fuentes del partido a este diario. Consideran que el abolicionismo parte de un "paternalismo" que revictimiza a las mujeres, por lo que defienden los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. El grupo se opone a la penalización de los clientes, ya que considera que estas medidas empeoran la seguridad de las trabajadoras, forzándolas a trabajar "en condiciones más peligrosas".

El partido de Carles Puigdemont evita adoptar una postura clara. Si bien su programa se alinea más con los planteamientos contrarios a reconocer la prostitución como trabajo sexual, huye de cualquier tipo de penalización. "Ofreceremos alternativas tanto laborales como sociales para ellas y sus hijos que les permitan salir de la situación forzada en la que se encuentran", señalan en el documento, en el que también subrayan la necesidad de impulsar estrategias de "acompañamiento, solidaridad e inclusión" a mujeres en "situación de prostitución". El partido no quiere pronunciarse explícitamente a favor de su prohibición, pero tampoco de su regulación. Preguntada por esta cuestión este martes en una atención a los medios, la portavoz Mónica Sales, ha asegurado que antes de posicionarse como partido deben consultarlo con la sectorial.

Los republicanos consideran que tanto el abolicionismo como el regulacionismo tienen "graves dificultades de aplicación", y creen que siempre presentan "grandes perjuicios para las mujeres". ERC opta por "respetar" los derechos de las mujeres que ejercen esta actividad, pero en su "horizonte" considera que "sería mucho mejor un mundo en el que no existiera la prostitución". Fuentes del partido señalan que su apuesta pasa por "poner las mujeres en el centro" e incluirlas en la toma de "decisiones".

Los anticapitalistas defienden una posición "pro derechos" donde las trabajadoras sexuales tengan "capacidad de decisión", tal y como explican fuentes a este diario. Así, apuestan por políticas que defiendan sus "derechos, seguridad y condiciones" y que no las "criminalicen" o "invisibilicen". Por ello, rechazan las posiciones abolicionistas, cuyos resultados consideran "inefectivos": "Un ejemplo es Irlanda, donde se ha demostrado que las políticas abolicionistas han sido fallidas y han comportado impactos negativos directos en el bienestar y la seguridad de las trabajadoras sexuales, haciéndolas más vulnerables y expuestas a la violencia", ha dicho la diputada Laia Estrada al revelarse la intención del Govern.

El PP aboga por prohibir toda forma de proxenetismo y se muestra contrario a cualquier forma de regulación de la prostitución, tal y como han defendido en varias ocasiones sus portavoces en el Congreso. En la pasada legislatura, los populares llegaron a votar a favor de la norma que presentó el PSOE de carácter abolicionista, aunque el año pasado, se desmarcaron ante la misma propuesta y pidieron al Gobierno que buscara consenso antes de presentar una reforma. En Catalunya, fuentes del PPC explican que todavía estudian su posición al respecto, pero su portavoz, Juan Fernández, sí ha declarado, consultado en rueda de prensa, que no cree que "sea oportuno y necesario abrir este debate desde la perspectiva de género".

El partido de Ignacio Garriga nunca ha dejado clara su postura sobre la prostitución. En la pasada legislatura catalana, votó en contra de la resolución 'proderechos' de la comisión de igualdad y hace un año se abstuvo en la iniciativa para una reforma legislativa del PSOE que pretendía endurecer las penas, pero nunca se han declarado abiertamente abolicionistas. Fuentes de Aliança Catalana, por su parte, comentan a este diario que no tienen un posicionamiento claro al respecto.

Suscríbete para seguir leyendo