Debate dentro del feminismo
El plan catalán de igualdad incluye la abolición de la prostitución
El PSC incluye la lucha contra la "explotación reproductiva y sexual" en el plan que marcará la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas de Catalunya
Regular o abolir la prostitución: ¿qué opinan los partidos en Catalunya?

Manifestación de la Coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona, el 8 de marzo. / QUIQUE GARCÍA / EFE


Gisela Boada
Gisela BoadaRedactora
Licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra. Escribe en la sección de política y sigue la actualidad informativa del Parlament y del Partido Popular (PP) en Catalunya.
El Govern incorpora la voluntad de acabar con la prostitución como una de las líneas de acción del Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere (PEPIG) que está elaborando, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Este documento, que será el principal instrumento de planificación e implicación de la perspectiva de género en las políticas públicas de Catalunya, y cuya implantación se prevé durante el primer semestre de 2026, destaca como novedad la "lucha contra la explotación reproductiva y sexual" y, en concreto, contra "los vientres de alquiler y la prostitución". Esta es una de las principales apuestas del partido socialista en su agenda feminista, ya que la formación se define como abolicionista, y se desmarca de las posiciones partidarias de la regulación.
"Sabemos que en las organizaciones políticas y dentro del propio movimiento feminista hay diferentes posicionamientos y propuestas sobre este asunto", explica a este diario la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sonia Guerra. El organismo que lidera es el encargado de definir, redactar y presentar el futuro documento del plan y depende de la conselleria d'Igualtat i Feminisme. Guerra reconoce que cómo hacer frente a trabajo sexual es un tema que genera controversia, pero subraya que es necesario abordarlo "porque es una realidad de nuestro país" y una "forma de violencia contra las mujeres".
Aunque el texto aún se encuentra en elaboración, el Govern ya contempla algunas líneas de intervención institucional. Entre ellas, introducir esta lucha "contra la explotación sexual y reproductiva" en la educación sexual y promover campañas de sensibilización pública. Estas propuestas están alineadas con la posición del partido socialista, que sostiene que "la prostitución no es un trabajo, sino una forma de explotación". "El partido del Govern es un partido abolicionista que está en contra de la prostitución", insiste Guerra. Pese a que el PSC no cuenta con mayoría en el Parlament, la presidenta del Institut Català de les Dones subraya que este es un "plan de Govern" y refleja la forma "en cómo ven las cosas" desde el Executiu.
La discusión feminista
Como apunta su presidenta, la prostitución es, de hecho, uno de los temas que más divide al movimiento feminista. El debate radica entre quienes apuestan por abolirla porque consideran que es una forma de violencia contra la mujer y los que abogan por despenalizar y regularla, entendiendo que antes de erradicarla hay que defender los derechos laborales de las trabajadoras sexuales porque, de lo contrario, supone someterlas a una mayor violencia y precariedad. Esta discusión cobra especial relevancia en el contexto legal español, donde la prostitución se encuentra en un limbo jurídico. No está prohibida, pero tampoco está regulada como una actividad laboral.
La legislación penal castiga el lucro derivado de la prostitución ajena, pero no penaliza ni el ejercicio de la prostitución ni su consumo, a pesar de que el PSOE lleva años intentando sacar adelante una reforma que lo permita a nivel estatal. La falta de consenso, tanto social como político, ha frenado hasta ahora cualquier avance en esa dirección. Así lo explica Estefanía Acién, socióloga e investigadora en la Universidad de Almería especializada en prostitución, quien en conversación con EL PERIÓDICO expone los principales argumentos que sostienen las distintas posturas.

Marcha abolicionista. / maitecruz / Delegaciones
Proderechos y regulación
"Hay un sector del feminismo que reivindica la libertad sexual de todas las mujeres y defiende que la prostitución puede ser una actividad consentida", comenta Acién sobre la parte del movimiento que aboga por una regulación, también llamada 'proderechos'. Dentro de este pensamiento ahonda la idea de que la prioridad de las instituciones debe ser "reconocer sus derechos y mejorar las condiciones laborales y sociales de quienes la ejercen -como el acceso a contratos o la cotización en la Seguridad Social-, en lugar de intentar rescatarlas", indica la experta. Este sector critica que el abolicionismo suele partir del supuesto de que todas las mujeres en situación de prostitución son víctimas. "Muchas de las mujeres a las que se pretende rescatar no quieren ser rescatadas", afirma Acién.

Concentración de prostitutas y oenegés en contra de el proyecto de ley del PSOE para abolir la prostitución. / MANU MITRU / EPC
En ese sentido, las defensoras de la regulación reclaman medidas específicas de protección frente a la violencia o la explotación "sin criminalizar a las propias trabajadoras". También piden que puedan acceder a servicios básicos como la vivienda o la educación sin verse obligadas a abandonar su actividad y reivindican la eliminación "del estigma de 'puta'", que creen que divide las mujeres entre "buenas y malas".
"Una forma de explotación"
Frente a esta visión, las abolicionistas consideran que la prostitución no puede considerarse un trabajo, sino una forma de violencia y explotación que afecta especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad económica o social. Bajo este argumento creen que es una "expresión más del patriarcado", que "simboliza la agresión y posesión de los hombres en cuanto a la mujer", que reproduce la lógica de la posesión del cuerpo femenino a cambio de dinero, relata Acién. Su objetivo es prohibir la prostitución como una forma de erradicarla.
Para ello, comenta la experta, el abolicionismo propone medidas concretas: endurecer las penas contra quienes se lucran de la prostitución (proxenetismo), multar a los clientes que compran servicios sexuales y desarrollar políticas públicas que faciliten la salida de las mujeres del sistema prostitucional. Es decir, no castigar a quienes la ejercen, sino desmontar las estructuras que la sostienen.
Nuevas líneas en la agenda feminista
La decisión de incorporar este asunto en Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere (PEPIG) responde a la voluntad del Govern de "abrir nuevas líneas" en la agenda feminista, si bien aviva el debate. "En los últimos años, se ha avanzado mucho en otras cuestiones, que seguirán siendo prioritarias, como la lucha contra la violencia machista o la igualdad efectiva", recuerda Guerra. Todas estas líneas estratégicas también se integrarán en el futuro plan, que renovará el actual, caducado desde 2022. Este será el primer plan de igualdad que redactará un Govern socialista (se impulsó en 2019) y su objetivo, apunta Guerra, es concentrar y unificar todos los programas de igualdad de género que hasta ahora estaban repartidos en planes sectoriales.
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