¿Qué es el Pacte Nacional per la Llengua y por qué Junts y CUP no lo firman?

Catalunya ha lanzado este martes el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo para dar un impulso al uso social del catalán promovido por el Govern junto con ERC y los Comuns, y con el apoyo de sindicatos y entidades sociales. Sin embargo, pese a reconocer la actual situación que atraviesa la lengua catalana, ni Junts ni la CUP han querido estampar su firma en el documento al considerar que es insuficiente. Tampoco lo ha hecho el PP, ni las extremas derechas de Vox y Aliança Catalana.

En la puesta de largo en el Institut d'Estudis Catalans (IEC), el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificado su compromiso con el catalán y ha anunciado que se propone incrementar en un mínimo de 600.000 los hablantes del catalán hasta 2030 -esto es, unos 100.000 al año- con una inversión mínima de 200 millones al año. "El catalán es de todos y de todas. El catalán nos necesita a todos y a todas", ha defendido, y ha dicho que el documento -de 138 páginas-, tiene "las puertas abiertas para todo el que se quiera sumar".

Estas son la claves que explican qué es, qué implica y por qué ha costado tanto que este acuerdo sea una realidad.

¿Qué es y qué implica el pacto?

El objetivo del pacto es convertirse en la principal herramienta para aumentar el conocimiento del catalán en todos los ámbitos, facilitar su uso cotidiano y reforzar su presencia entre quienes no lo tienen como lengua inicial. Todo ello con el impulso de partidos, instituciones y entidades sociales, junto con una inversión de 255 millones de euros este 2025 y con la previsión de invertir al menos 200 millones de euros anuales hasta 2030.

El acuerdo se fija incrementar la cifra de hablantes, en lograr que el catalán sea "plenamente oficial", en garantizar su aprendizaje entre la población adulta, y en que el idioma tenga plenas garantías en los ámbitos laboral y cultural.

También define al catalán como "lengua vehicular normal del sistema educativo" y añade que "debe garantizarse su conocimiento efectivo por parte del alumnado". Esto es especialmente relevante porque se está a la espera de la decisión sobre el 25% de castellano en las aulas, que podría acabar con el sistema de inmersión lingüística en Catalunya, ya que el Tribunal Constitucional está revisando la ley que blinda esta lengua como vehicular en la educación sin fijar porcentajes.

Pacte Nacional per la Llengua.

Pacte Nacional per la Llengua.

Entre otras iniciativas, se propone "facilitar el acceso inmediato a los recursos para aprender catalán" a las personas que llegan a Catalunya, un plan específico de fomento de la lengua como "competencia profesionalizadora en el mundo del trabajo", o un programa para facilitar el cumplimiento de la normativa por parte de los comercios.

Catalunya lanza el Pacte Nacional per la Llengua para impulsar el uso del catalán sin Junts ni CUP

¿Por qué ahora?

La idea de impulsar el Pacte Nacional per la Llengua nació durante el mandato de Pere Aragonès (ERC), pero el adelanto electoral dejó su firma en el aire. Para evitar que cayera en saco roto, los republicanos lo pusieron como condición a la investidura de Illa. El objetivo inicial era firmar el acuerdo en los primeros 100 días de la legislatura, pero los plazos se han ido dilatando ante la negativa de Junts y la CUP a sumarse.

Sin embargo, la urgencia se ha acentuado tras los resultados de la última encuesta sobre usos lingüísticos del Govern, que reveló que menos de un tercio de la población en Catalunya considera el catalán su lengua "habitual", y también ante la resolución del TC sobre el 25% de las clases en castellano. Aun así, el pacto nacional no contempla una hoja de ruta específica en caso de revés judicial, solo defiende el catalán como "lengua vehicular", uno de los motivos que han llevado a Junts y la CUP a desmarcarse del proceso.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, quien ya había ejercido como secretario general del área con el Govern Aragonès, ha sido el principal interlocutor con todos los actores del pacto, y quien ha estampado la firma del Executiu en el acto de este martes en el IEC.

¿Quién lo firma?

Tras meses de intensas negociaciones y con la esperanza de que Junts y la CUP acabaran sumándose, el Pacte Nacional per la Llengua ha nacido solo con el respaldo de tres formaciones políticas (PSC, ERC y Comuns) aunque suman la mayoría de 68 diputados en el Parlament.

A ellos se añaden entidades en defensa de la lengua catalana como Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, el Institut d’Estudis Catalans, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen) y Fundació.cat. Y también asociaciones de la sociedad civil como la Associació de Mestres Rosa Sensat, el Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col•legis d’Advocats de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En cuanto a los agentes económicos y sociales, figuran CCOO, UGT, el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya; Foment del Treball, La Intersindical, Pimec, Unió de Pagesos y Unió Sindical Obrera de Catalunya.

Desde el PSC destacan que el pacto será un "gran salto" para la lengua y piden no usar el catalán "arma arrojadiza" política. Los republicanos, impulsores del acuerdo cuando lideraban la Generalitat, lo ven como "muy relevante" y "necesario para el país"; mientras que los Comuns creen que servirá para revertir el retroceso del uso social del idioma, pero advierten de que será necesario fiscalizar el gasto presupuestario.

En cuanto a las entidades, Plataforma per la Llengua lo suscribe, aunque cree que el acuerdo es "poco ambicioso" y Òmnium advierte de que se descolgará si el Govern acata la sentencia del TC, al considerar que sería un incumplimiento "grave".

¿Quién no lo firma y por qué?

En cambio, Junts y la CUP se han desmarcado abiertamente del acuerdo. Los posconvergentes se descolgaron de las negociaciones a mediados de marzo, arguyendo que no estaban de acuerdo con la política lingüística del Govern y acusando a Illa de hacer un uso “recurrente” del castellano. Pero en los últimos días han pesado dos razones más. Junts había reclamado aplazar la firma hasta conocer la sentencia judicial sobre el 25% del castellano en las escuelas catalanas, para que este sirviera como respuesta al previsible revés -un argumento al que también se acoge la CUP-. Y además quería esperar a que se hubiera resuelto la cuestión de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que volverá a debatirse en el Consejo de la UE el 27 de mayo. No obstante, el expresident Carles Puigdemont ha dejado la puerta abierta a sumarse en un futuro. Illa ya le ha tenido la mano al asegurar que la puerta estaba "abierta" de forma "permanente".

Por su parte, la CUP no se ha sumar y, en su caso, no prevé hacerlo en el futuro. Los anticapitalistas lo ven como una "herramienta de propaganda al servicio del PSC" y ve imposible que sea útil estando "circunscrito a la legalidad española", una posición compartida por la ANC, que tampoco lo firma.

PP y Vox, por su parte, atribuyen el acuerdo a una "dictadura lingüística" que busca "imponer" el catalán.

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