Catalunya lanza el Pacte Nacional per la Llengua para ganar 600.000 catalanohablantes

Fotografía conjunta de Govern, partidos, entidades y agentes sociales para dar un impulso al catalán. El Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha acogido este martes la firma del Pacte Nacional per la Llengua, que ha sido alumbrado cuatro años después de la primera resolución en el Parlament que pidió una iniciativa así. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado el acuerdo como un "compromiso" con la lengua catalana y ha pedido un "esfuerzo colectivo" a todos los presentes para que este documento pase "del papel a la calle" y que las medidas que plantea, con una dotación de 255 millones este año, frenen el retroceso del catalán.

"Es un buen ejemplo de responsabilidad y de sentido de país. El catalán es de todos y todas, y nos necesita a todos y todas", ha aseverado, ante representantes de las organizaciones firmantes. A nivel parlamentario cuenta con el apoyo de PSC, ERC y la CUP (que suman una mayoría de 68 escaños), a la que se suman entidades en defensa de la lengua catalana como Òmnium Cultural o la Plataforma per la Llengua; sindicatos como CCOO y UGT, y patronales como Foment del Treball o Pimec.

Pero, pese al consenso parlamentario en defensa del catalán, el acuerdo ha nacido sin unanimidad y con la ausencia de Junts y la CUP. Tampoco lo ha suscrito el PP ni la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana. Pero quien sí que ha acudido ha sido el expresident Jordi Pujol. Illa ha asegurado en su discurso que el Govern está "abierto" de forma "permanente" a futuras incorporaciones, al tiempo que ha defendido que el catalán es "patrimonio de todos" y una lengua "cargada de futuro".

El objetivo del pacto es ampliar el conocimiento y el uso del catalán en todos los ámbitos, desde el cotidiano -la educación- hasta las esferas en las que tiene menor presencia -como la judicial- o en las que no se garantiza el derecho a ser atenido en catalán -como la sanitaria-. La intención es garantizar que sea "plenamente oficial" en instituciones, empresas y servicios; y "sensibilizar" para fomentar su uso entre las nuevas generaciones y entre "todas las opciones ideológicas". El acuerdo, estructurado en 21 ámbitos de actuación a lo largo de 138 páginas, llega después de que la última encuesta de usos lingüísticos del Govern revelara que ha crecido el número de conocedores del idioma, pero que menos de un tercio de la población de Catalunya considera el catalán su lengua "habitual".

En cinco años se evaluará si las políticas aplicadas han logrado frenar este retroceso y cuál ha sido su grado de cumplimiento. Hasta entonces, el Govern se compromete a destinar un mínimo anual de 200 millones de euros en política lingüística -este 2025 será de 250-. De este montante, 106 millones de euros irán destinados a la educación -78 de los cuales a incrementar el número de aulas de acogida para los recién llegados-, 57 a ampliar la oferta cultura y otros 15 más a la comunicativa. Además, se ampliará la oferta formativa de adultos con más de 54 millones, de los cuales más de 47 servirán para relanzar el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La previsión es que se puedan incorporar 600.000 nuevos hablantes hasta 2030, una cifra ambiciosa si se compara con el crecimiento de los cinco años anteriores, que fue de la mitad (267.000).

La idea de impulsar el Pacte Nacional per la Llengua nació durante el mandato de Pere Aragonès (ERC), pero el adelanto electoral dejó su firma en el aire. Para evitar que cayera en saco roto, los republicanos lo pusieron como condición a la investidura de Illa. El objetivo inicial era firmar el acuerdo en los primeros 100 días de la legislatura, pero los plazos se han ido dilatando ante la negativa de Junts y la CUP a sumarse.

La sentencia del 25% en las aulas

Junts ha reiterado este martes su rechazo a formar parte del pacto, pero ha dejado la puerta abierta a sumarse en un futuro. Argumenta que no puede firmarlo hasta que se conozca el desenlace de dos asuntos pendientes: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el modelo de escuela en catalán y la oficialidad de la lengua catalana en la UE. "No es lo mismo un Pacte Nacional per la Llengua con estos elementos en contra que con estos elementos a favor", ha dicho el propio Puigdemont.

Diferente es la opinión de PSC, ERC y los Comuns que consideran que Catalunya estará mejor preparada para un revés judicial al modelo de inmersión lingüística con este acuerdo. El socialista Ferran Pedret lo ha definido como un "gran salto" para la lengua y ha pedido que no se use como "arma arrojadiza", mientras que el republicano Jordi Albert lo ha tachado de "muy relevante" y "necesario para el país" y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha destacado que permitirá encarar "más fuertes" el veredicto del TC.

Menos optimistas se han mostrado desde entidades como Òmnium o Plataforma per la Llengua. La entidad que preside Xavier Antich ha decidido firmar el pacto, pero advierte de que se descolgará si el Govern acata la sentencia del TC. El motivo es que, si esto ocurre, lo considerará un "incumplimiento grave" del pacto, que define al catalán como "lengua vehicular" de la escuela catalana. Plataforma per la Llengua ha celebrado el acuerdo, pero lo ha tachado de "poco ambicioso" y le ha criticado "falta de concreción".

La CUP, como Junts, tampoco se ha sumado a la iniciativa y, en su caso, no prevé hacerlo en el futuro. Su diputada Laia Estrada ha considerado que es una "herramienta de propaganda al servicio del PSC" que no atacará el problema real del retroceso del catalán. Eso sí, se ha abierto a negociar las medidas que incluye el pacto que tengan que pasar por el Parlament.

Finalmente, desde el PPC se han mostrado críticos con la firma de este pacto, que atribuyen a una "dictadura lingüística" que busca "imponer" el catalán. "Es un instrumento al servicio del poder y un elemento de confrontación", ha dicho el portavoz del PPC, Juan Fernández. Desde Vox consideran que este pacto es "totalitario" e "invasivo" porque "va en contra de la lengua dominante": el castellano. "Es un derroche para imponer la lengua catalana", ha dicho el portavoz del partido, Joan Garriga, informa Gisela Boada.