En el pleno
El TC rechazará el último intento del sector conservador de retrasar la resolución de la amnistía con una consulta a Europa
Los magistrados Espejel, Tolosa y Arnaldo solicitan elevar una cuestión prejudicial al TJUE, y en caso de no aceptarse, que se espere a que se dé respuesta a la planteada por otros tribunales

Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, en primer plano, junto con el resto de los miembros del tribunal. / TC


Ángeles Vázquez
Ángeles VázquezPeriodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional no tiene intención alguna de retrasar la resolución de los recursos relativos a la amnistía. Por eso lo previsto es que el pleno acabe rechazando el último intento de sus compañeros Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa de paralizar las deliberaciones al elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la medida de gracia afecta a los intereses europeos y, por tanto, es contraria al derecho de la UE. El propio Tribunal Supremo ha anunciado que se guardaría esa baza en caso de que el TC declarase la constitucionalidad de la amnistía y le obligara a aplicársela también al delito de malversación, que considera entre las excepciones previstas en la propia ley.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO consideran que la iniciativa de los tres magistrados del sectorconservador se trata de un intento más de cuestionar al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, cuya intención siempre ha sido haber resuelto el recurso del PP antes de que el pleno se disuelva para disfrutar de las vacaciones veraniegas. Con esa sentencia se sentarán las bases sobre la constitucionalidad de la medida de gracia y su criterio se extenderá al resto de impugnaciones de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha, así como a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Audiencia Provincial de Madrid.
La iniciativa de los tres magistrados de sensibilidad conservadora, adelantada por 'El Mundo', será rechazada en próximos plenos, cuando se produzcan las deliberaciones dirigidas a dictar la sentencia de la amnistía, al menos con los votos de los seis magistrados progresistas que participan en las deliberaciones sobre ese asunto, después de que Juan Carlos Campo se abstuviera de hacerlo, al haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la ley en los informes que emitió como ministro de Justicia en los indultos a los condenados del 'procés'. Una actitud muy distinta a la de José María Macías, que ha tenido que ser forzado a apartarse de los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad, pero sigue participando en los de amparo de los condenados. El pleno de esta semana rechazará los intentos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí de recusarle en las impugnaciones de los condenados por el Supremo.
Conscientes de las escasas posibilidades de éxito con que cuenta su iniciativa, Espejel, Tolosa y Arnaldo plantean a sus compañeros que, en el caso de que su propuesta sea rechazada, el pleno paralice su resolución sobre la amnistía hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales ya elevadas por otros tribunales, lo que impediría resolver el recurso del partido que preside Alberto Núñez Feijóo antes del verano.
Una de ellas fue elevada por el Tribunal de Cuentas y supuso la paralización de la sentencia que debía dictar por la responsabilidad contable en la que podrían haber incurrido de 34 líderes del 'procés' por el 1-O y la Acción Exterior de la Generalitat.
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