Ayuso enfrenta en el Tribunal Superior de Madrid las reclamaciones de los vecinos que perdieron sus casas por la ampliación del Metro

Años después de que las obras para el tramo hoy clausurado de la Línea 7B de Metro a su paso el municipio de San Fernando de Henares, en Madrid, produjera los primeros agrietamientos en viviendas y negocios, los vecinos afectados siguen su lucha en los tribunales para lograr una compensación justa frente a la Comunidad de Madrid. Por el momento han tenido que ser derribadas 73 viviendas, mientras que en torno a 600 presentan daños, según la Plataforma de Afectados.

Los vecinos compensados hasta el momento por la Administración presidida por Isabel Díaz Ayuso lo han sido por cantidades que van desde los 150.000 a los 200.000 euros, un dinero que resulta a todas luces insuficiente para comprar en el municipio una nueva casa con las mismas o similares características a la que perdieron, dada la carestía de la vivienda. Las indemnizaciones tampoco han tenido en cuenta de forma individualizada los daños morales y las diferentes casuísticas de los vecinos que se vieron afectados por las obras, en algunos casos durante años, antes de perder su casa.

Por esta razón, una treintena de ellos presentaron demandas contenciosas contra la Comunidad de Madrid, que han sido admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que comenzarán a analizarse en vistas públicas para las que ya se ha fijado fecha a partir del próximo 26 de mayo, según han señalado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. Los demandantes buscan resolver su caso particular, pero también lograr fijar una jurisprudencia que sirva para otros afectados y por si algo así vuelve a ocurrir en el futuro, según señala el portavoz de los afectados, Alejandro Escribano.

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La tanda de vecinos cuyos recursos se ven ahora crearon un espacio jurídico común para interponer la demandas, que se basan principalmente en la importante diferencia entre lo acordado por la Administración autonómica para indemnizarles y las tasaciones que ellos han realizado sobre los inmuebles. 

A ello se añade el daño emocional causado a las familias, algunas de las cuales llevan con grietas desde 2009, muchos años antes de que los derribos llevaran a los titulares este asunto. La casuística es muy variada, por lo que reclaman la realización de estudios pormenorizados para que se compense cada caso de forma adecuada y también que se les indemnice por los enseres que fueron destruidos o aquellos que, por ser hechos a medida, no pueden utilizar en nuevos emplazamientos. 

Esperando a fin de año

Uno de los casos más graves es el de Nieves, que en 2021 perdió la vivienda que su padre había construido con sus manos, y en la que aún residía, y en el que ella mantenía abierta una escuela de danza con 30 años de actividad. En su caso la Comunidad llegó a un acuerdo con su padre, pero ella considera insuficientes los 45.000 euros con los que la Administración pretende compensar la pérdida de su negocio. Solo el material que tenía invertido en la escuela ha sido tasado por un perito en 80.000 euros, a lo que habría que añadir el lucro cesante, el alquiler del trastero en el que guarda dicho material y los daños morales.

 "Piensas que los culpables te van a echar una mano, pero no es así, tampoco el Ayuntamiento me cedió después ninguno de los espacios, y solo pude terminar el curso porque la directora del instituto, un ángel caído del cielo, me dejó utilizar el gimnasio", señala a este diario Nieves, que años después no ha podido montar otra escuela. Sus abogados le han dicho que probablemente tendrá que esperar a fin de año para conocer el resultado de su demanda.

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Un tiempo similar llevará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior resolver las demandas cuyas vistas empiezan a celebrarse a finales de este mes, según las fuentes consultadas. Mientras tanto, los vecinos ven como conseguir una vivienda (ladrillo marrón y toldos verdes típicas de los 60) del tipo que ocupaban antes de los derribos es imposible, y lo mismo ocurre con las que eran más nuevas, pues ahora las de características similares cuestan el doble. Escribano lamenta la falta de vivienda en San Fernando, y apunta a que las más accesibles son las casas (muy antiguas) pegadas a la zona de derribo, que lógicamente están devaluadas por lo ocurrido. Cambiando de barrio, el precio se incrementa. 

A ello añade la falta de evaluación del daño emocional sufrido por los afectados, como la ansiedad, insomnios, cardiopatías e incluso demencia entre los ancianos. Hay diferencias que la Administración no ha tenido en cuenta a la hora de indemnizar, apunta: "No es lo mismo que tengan que desalojarse tres veces en varios años o que llegues a tu casa y al poco te la tengan que tirar, el nivel de sufrimiento es distinto". Los vecinos confían en la justicia de cara al futuro, pero son conscientes de que la solución no tendría que venir de los tribunales, sino de la propia Administración. "También hay viviendas afectadas en Coslada, y ésto va a más", advierte Escribano.

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