Energía
Moncloa usa el apagón para redoblar la presión en la UE y que España deje de ser una 'isla energética'
El Gobierno intensifica su actividad diplomática en Bruselas y sitúa en su agenda como prioridad mejorar las interconexiones con Europa a través de Francia para paliar déficit histórico y reducir el riesgo de apagones

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen (c), durante una reunión telemática con su homólogo francés, Marc Ferracci, el pasado lunes. / Borja Sanchez-Trillo / EFE


Iván Gil
Iván GilPeriodista
Me encargo de cubrir la información política sobre el PSOE y el Gobierno en EL PERIÓDICO. Antes estuve doce años en El Confidencial y comencé haciendo información local en Galicia, en los diarios Faro de Vigo y La Región. Como analista político he participado en diversos medios y actualmente lo hago de forma habitual en la TVG.


David Page
David PagePeriodista
Madrid, 1977. Periodista desde justo antes de que arrancara el nuevo siglo, y casi siempre siguiendo la economía y a las empresas. Especializado en el sector energético, de telecomunicaciones, industria y turismo. Antes de incorporarse al equipo de El Periódico trabajó en El Periódico de España, Europa Press, Actualidad Económica, Expansión y El Independiente.
Las causas que provocaron el apagón no van a conocerse a corto plazo. Se tardará semanas, probablemente meses, en tener certezas sobre los motivos del colapso. Pero el histórico cero energético ha puesto de relieve algunas de las vulnerabilidades del sistema por el hecho de que la península sea una 'isla energética'. La escasez de interconexiones con Francia son un problema estructural no resuelto, por la resistencia del país galo, y el Gobierno quiere aprovechar el apagón para redoblar la presión. Tanto ante Francia, de forma bilateral, como en Bruselas.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, pretende poner este asunto sobre la mesa en sus próximas reuniones con su homólogo francés, Marc Ferracci. Por otra parte, en Moncloa se quiere poner el foco en la UE para alentar “la necesidad de aumentar las interconexiones” con Francia. Algo que por razones de “rentabilidad”, se lamenta el Ejecutivo español, siempre han frenado desde el país vecino.
En el primer encuentro entre Aagesen y Ferracci tras el apagón se abordaron cuestiones de urgencia, aunque ambos ministros ya se emplazaron a “intensificar la colaboración y la cooperación entre nuestros dos Estados para esclarecer las causas de la crisis y trabajar para que no pueda volver a suceder”. Con Portugal se ha acordado también crear un grupo de seguimiento tanto para determinar las causas del apagón como para “poner las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir”.
Apoyo en Bruselas
La actividad diplomática en esta línea también se busca intensificar en Bruselas. Con unas primeras reacciones positivas. El expresidente luso y ahora presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar la integración y las interconexiones energéticas de la Península con el resto de Europa. Aprovechando su paso el pasado martes por la 40 reunión anual del Cercle d’Economia, el socialista Costa lanzó el mensaje de que la interconexión energética de la UE “ayudará también a reducir el riesgo de incidentes y de apagones como los de la semana pasada en la Península Ibérica".
Teresa Ribera, exvicepresidenta de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, tampoco perdió la oportunidad de conectar con este mensaje para demandar la necesidad de “mejorar y asegurar interconexiones adecuadas”. Durante el pleno del Parlamento Europeo sobre el apagón ibérico celebrado el pasado miércoles, abogó además por “desarrollar y ampliar las capacidades de gestión” y “seguir transformando nuestros sistemas energéticos”.
Desde la pandemia no son pocas las crisis que ha vivido el Gobierno de Pedro Sánchez y siempre ha acabado por tratar de voltearlas para acelerar su agenda y aprovechar ventanas de oportunidad. Ahora no será menos, poniendo uno de los focos en revertir la falta de interconexiones y tratar de erosionar las resistencias de Francia desde diferentes frentes.
El jefe del Ejecutivo, en su intervención ante el Congreso para informar sobre el apagón, defendió así que “queremos usar esta experiencia para mejorar y hacer de nuestro sistema eléctrico un sistema aún más fiable de lo que es hoy”. En cada crisis, añadió, “hay un aprendizaje valioso y nosotros debemos aprovechar que, efectivamente, ese aprendizaje valioso se pueda materializar en políticas concretas para el bienestar y la seguridad de nuestros conciudadanos”.
Un déficit histórico
España está considerada como una ‘isla energética’ por sus reducidas conexiones eléctricas con Europa. Un problema que estaba lejos de resolverse, salvo que la resaca ‘postapagón’ implique un cambio de tornas. El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde para esta década que el Gobierno español, retrasaba ya hasta 2035 la fecha prevista para tener en marcha dos nuevas conexiones con Francia, cinco años más que la anterior estimación, debido a la falta de interés de París por acelerar los proyectos.
Ambos países tienen diseñada la puesta en marcha de tres nuevas interconexiones, que acumulan ya enormes retrasos y que se han encontrado en los últimos años especialmente con las reticencias de Francia a impulsarlas. Los Gobiernos español y francés incluso activaron el año pasado una comisión bilateral para impulsar la construcción de las nuevas conexiones eléctricas y para abordar directamente aspectos técnicos y financieros para evitar más demoras, pero de momento no ha servido para impulsarlos de manera definitiva.
La modesta conexión actual España-Francia sólo permite transportar entre ambos países el equivalente a un 2,8% de la potencia eléctrica española, unos 3.000 megavatios (MW), a pesar de que el objetivo comunitario era alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030. La capacidad va a ir creciendo en los próximos años, pero con todo lo proyectado hasta ahora se seguirá sin alcanzar las exigencias de Bruselas. Ni siquiera con las tres nuevas conexiones previstas se alcanzarán los mínimos requeridos por la UE, y es que se alcanzará en torno a un 7% de la potencia instalada actual en España.
España y Francia consiguieron desencallar la construcción de una nueva conexión a través del Golfo de Vizcaya que elevará la interconexión hasta los 5.000 MW tras unas inversiones de 2.800 millones, cuyo reparto entre ambos países ya ha sido acordado. El objetivo era que estuviera operativa en 2028, pero según se reconoce en el PNIEC español la estimación actual ya es que se ponga en marcha en el horizonte de 2030.
Madrid y París tenían, además, aún pendientes de impulsar otras dos interconexiones a través de los Pirineos, por Navarra y Aragón, para tenerlas listas en 2030 y alcanzar los 8.000 MW de capacidad de intercambio de electricidad. Pero el plan verde aprobado por el Gobierno español descarta ya ese objetivo y lo retrasa hasta el entorno de 2035. Una nueva demora consecuencia del poco interés francés por impulsar ambas conexiones, que ni siquiera vienen recogidas en la última versión del propio PNIEC galo.
España arrastra un déficit secular de interconexión con Francia, muy por debajo de los objetivos marcados por la Comisión Europea para reforzar la seguridad de suministro energético del continente, la estabilidad del sistema eléctrico y la integración entre los estados miembros. Unos objetivos que seguirán muy lejos de alcanzarse incluso con la futura construcción de nuevas redes entre ambos países que ya está en proyecto.
"Con la puesta en servicio de la Interconexión submarina con Francia a través del golfo de Vizcaya se conseguirá una interconexión con el resto de Europa de 5.000 MW. Una vez puestos en servicio los proyectos transpirenaicos, ésta alcanzaría los 8.000 MW. Es importante señalar que, a pesar de este importante incremento de la capacidad de interconexión, todavía no se alcanzarían los objetivos europeos en materia de interconexiones", se reconoce en el nuevo PNIEC elaborado por el Ejecutivo español.
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