Convención municipalista
Junts valida su apuesta para que los ayuntamientos no empadronen a okupas
Junts quiere prohibir el empadronamiento a los okupas y propone un "padrón social" de la Generalitat para los vulnerables
Junts inicia una gira por Catalunya para tratar de desactivar a Aliança: "El odio no es la respuesta"
Junts mira de reojo a Aliança Catalana para perfilar su estrategia municipal

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante la rueda de prensa en la sede del partido / Junts


Carlota Camps
Carlota CampsRedactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament y el día a día de varios partidos catalanes, especialmente de Junts per Catalunya.
La convención municipalista de Junts ha aprobado este sábado un documento que apuesta por endurecer las condiciones del padrón municipal. El texto, avanzado por EL PERIÓDICO y que ahora pasa a formar parte del ideario del partido, propone varias modificaciones legales para prohibir la inscripción en inmuebles okupados y acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público. Además, el partido, que recoge una demanda de sus alcaldes, propone que sea la Generalitat -y no los ayuntamientos- la que asuma la gestión de los servicios sociales de los más vulnerables. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido la propuesta porque el empadronamiento "no puede ser el premio" para aquellas personas que "cometan un acto ilegal".
Más de 300 alcaldes, concejales y otros cuadros municipales se han reunido en Vic (Osona) para reordenar su estrategia de cara a las elecciones municipales de 2027, unos comicios clave porque permitirán calibrar el alcance real de la extrema derecha de Aliança Catalana, con quien los posconvergentes comparten una importante frontera electoral. En el encuentro de este sábado, además del padrón, también se han debatido otros documentos sobre seguridad, vivienda, burocracia o el estado de la lengua catalana.
La convención ha servido para que el partido reconozca como ejemplo de buena 'praxis' las políticas llevadas a cabo por algunos de los municipios gobernados por el partido, como Martorell o Figueres. Justamente, el documento aprobado en Vic, propone elaborar un "recopilatorio de buenas prácticas internas en la gestión del padrón, inspirado en el ejemplo de Martorell". El municipio del Baix Llobregat, gobernado por Xavier Fonollosa, se ha negado a empadronar okupas y exige ya títulos habilitantes para proceder a la inscripción, un caso que está en manos de la justicia después de que se admitiera a trámite una demanda contra el consistorio.
Justamente, la propuesta de Junts defiende que no se pueda inscribir a ningún ciudadano sin un "título habilitante", lo equiparable a la escritura de un inmueble en la que uno consta como propietario, un contrato de alquiler o un permiso del dueño de la finca. El partido considera que "de un acto ilegal, como la ocupación de inmuebles, se pueda derivar la condición de ciudadanía municipal a través del padrón". Además, el texto también propone tomar el modelo de Figueras, la localidad que lidera Jordi Masquef, que ha intensificado los controles con agentes verificadores que se personan en los domicilios para comprobar la veracidad de las residencias. A lo largo del año 2024, este municipio del Alt Empordà ha dado de baja 804 personas del padrón al considerar que eran casos fraudulentos.
Traspaso de responsabilidades para la Generalitat
Actualmente, se obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos, también a los que por su situación de vulnerabilidad estén en infraviviendas o no tengan domicilio. Según la legislación estatal actual, se consideran "válidas" las "infraviviendas" como "chabolas, caravanas o cuevas", e incluso la "ausencia total de techo", al tiempo que se concreta que "la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda". Esto es así porque estar inscrito en el padrón municipal es un trámite necesario para poder acceder a servicios básicos como lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Para resolver esta situación, los posconvergentes proponen que haya un cambio legislativo que contemple "excepciones reguladas y seguras para las situaciones de vulnerabilidad debidamente acreditadas por los servicios sociales". Además de que exista un "padrón social" o algún otro tipo de "registros alternativos con valor administrativo", y que este dependa de la Generalitat. Actualmente, ya existe un registro de ciudadanos sin domicilio fijo, pero es competencia municipal.
"La Generalitat debe asumir la responsabilidad de los casos no empadronables bajo los criterios actuales. Es necesario que se haga responsable de estas situaciones [que ahora se delega en los ayuntamientos]", concreta el texto. Además, el partido liderado por Carles Puigdemont apuesta por establecer una "carta de derechos y deberes de la ciudadanía" y asegura que su modelo de país es el de un "crecimiento demográfico sostenible". "Creemos en la acogida y la integración, y precisamente por esto queremos un empadronamiento ordenado, y unos derechos y deberes claros", concluye el documento.
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