Junts quiere prohibir el empadronamiento a los okupas y propone un "padrón social" de la Generalitat para los vulnerables

Junts apuesta por poner condiciones más restrictivas al padrón y propone vetar la inscripción en inmuebles okupados y acabar con la posibilidad de empadronarse en equipamientos municipales o en el espacio público. El partido también quieren que sea la Generalitat -y no los ayuntamientos- los que asuman la gestión de los servicios sociales de los más vulnerables. Se trata de una propuesta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que se votará este fin de semana en la convención municipalista que la formación celebrará en Vic (Osona), y que reunirá a unos 300 alcaldes, concejales y otros cuadros territoriales.

Este encuentro debe servir al partido para reordenar su estrategia de cara a las elecciones municipales de 2027. A pesar de que quedan dos años para los comicios, se trata de una convocatoria de especial relevancia para Catalunya, ya que -sin nada se tuerce en el Parlament o el Congreso- será la primera cita del próximo ciclo electoral. Y puede haber cambios en el sentido de las alianzas -durante el 'procés' se priorizaron los pactos independentistas y ahora podrían acentuarse los acuerdos entre PSC, ERC y Comuns-, al tiempo que permitirá calibrar el alcance real de la extrema derecha de Aliança Catalana, con quien comparte una importante frontera electoral. De hecho, el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ya pronosticó un duro retroceso de Junts -de entre seis y ocho escaños- y señaló a Aliança Catalana como beneficiaria de esta posible pérdida de representación.

En medio de este contexto, Junts ha empezado a endurecer su discurso y a clarificar su posición en asuntos relacionados con la seguridad, la vivienda, la burocracia o el estado de la lengua catalana. El partido asegura que su propósito es "desmarcarse del discurso de odio" de Sílvia Orriols, pero también de las políticas impulsadas durante los últimos años por los partidos de izquierda y que consideran "buenistas".

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El "título habilitante"

En el documento, que la dirección lleva a votación este fin de semana y que será asumido como parte de la estrategia del partido, los posconvergentes apuestan por impulsar modificaciones legales con el fin de endurecer las condiciones del empadronamiento. "No podemos aceptar que de un acto ilegal, como la ocupación de inmuebles, se pueda derivar la condición de ciudadanía municipal a través del padrón", indican en el texto, y piden "unificar los criterios" legal vigentes para evitar "desequilibrios territoriales" y el "efecto llamada".

Los posconvergentes defienden que no se pueda inscribir a ningún ciudadano sin un "título habilitante"

Concretamente, defienden que no se pueda inscribir a ningún ciudadano sin un "título habilitante", lo equiparable a la escritura de un inmueble en la que se uno consta como propietario, un contrato de alquiler o un permiso del dueño de la finca. También quieren que se "blinde la verificación" posterior, para comprobar que realmente el domicilio al que se está empadronado corresponde con la residencia habitual y "evitar fraudes". Actualmente, se obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos los ciudadanos, también a los que por su situación de vulnerabilidad estén en infraviviendas o no tengan domicilio.

Según la legislación estatal actual, se consideran "válidas" las "infraviviendas" como "chabolas, caravanas o cuevas", e incluso la "ausencia total de techo", al tiempo que se concreta que "la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda". Esto es así porque estar inscrito en el padrón municipal es un trámite necesario para poder acceder a servicios básicos como lo son la educación, la sanidad y los servicios sociales.

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Un "padrón social" de la Generalitat

Para resolver esta situación y evitar la desprotección de ciudadanos vulnerables, los posconvergentes proponen que haya un cambio legislativo que contemple "excepciones reguladas y seguras para las situaciones de vulnerabilidad debidamente acreditadas por los servicios sociales". Además, para estos casos, Junts propone que exista un "padrón social" o algún otro tipo de "registros alternativos con valor administrativo", y que este dependa de la Generalitat. Actualmente, ya existe un registro de ciudadanos sin domicilio fijo, pero es competencia municipal.

"La Generalitat debe asumir la responsabilidad de los casos no empadronables bajo los criterios actuales. Es necesario que se haga responsable de estas situaciones [que ahora se delega en los ayuntamientos]", concreta el texto, y asume así una demanda de los alcaldes de la formación.

El partido aboga por un "crecimiento demográfico sostenible" y plantea crear una "carta de derechos y deberes de la ciudadanía"

Además, el partido liderado por Carles Puigdemont apuesta por establecer una "carta de derechos y deberes de la ciudadanía" y asegura que su modelo de país es el de un "crecimiento demográfico sostenible". "Creemos en la acogida y la integración, y precisamente por esto queremos un empadronamiento ordenado, y unos derechos y deberes claros", concluye el documento.

Los casos de Martorell o Figueres

El partido pone como ejemplo la 'praxis' llevada a cabo por algunos de los municipios gobernados por el partido, como Martorell o Figueres. El municipio del Baix Llobregat, gobernado por Xavier Fonollosa, se ha negado a empadronar okupas y exige ya títulos habilitantes para proceder a la inscripción, un caso que está en manos de la justicia después de que se admitiera a trámite una demanda contra el consistorio. Por otra parte, la localidad que lidera Jordi Masquef ha intensificado los controles con agentes verificadores que se personan en los domicilios para comprobar la veracidad de las residencias. A lo largo del año 2024, Figueres ha dado de baja 804 personas del padrón al considerar que eran casos fraudulentos.

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