El Govern negocia con los Comuns para aplazar la subida de la tasa turística y evitar otro revés

En el Govern de Salvador Illa aún están digiriendo el sapo que han tenido que tragarse con la subida de la tasa turística, que de forma imprevista ha entrado en vigor porque el decreto para aplazarla se dio de bruces en el Parlament. La conselleria de Economia trabaja contrarreloj para que el desaguisado dure lo mínimo posible con un nuevo decreto que el próximo martes la suspenda hasta que se acuerde la reforma definitiva, pero también ha empezado ya las conversaciones para alinear las posiciones con sus socios preferentes. La prioridad, según admiten fuentes gubernamentales, es lograr un acuerdo para que los Comuns se sumen al aplazamiento del incremento de la tasa y que vuelva a operar la suma de izquierdas que saltó por los aires el miércoles.

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"Estando en minoría con 42 diputados esto podía pasar", argumentan en las filas socialistas con resignación y tratando de naturalizar que, cuando hay que hacer muchos equilibrios, algunos tropiezos son inevitables. En estos primeros nueve meses de mandato, habían ido resolviendo el encaje de bolillos con ERC y Comuns, no exento de dificultades y con cesiones a cambio; pero esta vez los cálculos fallaron. En el Govern ponen el foco especialmente sobre Junts, a quien acusan de haber sacrificado la coherencia de votar a favor de aplazar la subida, como quiere el sector turístico, para ensañarse con la minoría de Illa. Pero la lección que extraen de este episodio es que si sus socios hubieran estado sintonizados esto no hubiera sucedido.

Un mes para alinear a los socios

Así que el reto de la consellera Alícia Romero es conciliar la posición de ERC y Comuns de cara a la nueva votación que tendrá que celebrarse en el Parlament en un plazo de 30 días para convalidar el nuevo decreto que echará a andar el próximo martes. Aritméticamente, podrían tratar de amarrar la entente con Junts, pero después de lo sucedido el Govern no lo ve como una opción fiable. Más aún después de que el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, haya advertido este jueves de que volverán a votar lo mismo, es decir, en contra de un aplazamiento de la subida de la tasa. El Govern ha preferido aprobar un nuevo decreto en lugar de retirar el que ahora está en vigor, como ha reclamado Junts, para no lesionar el acuerdo original de subir la tasa pactado con los Comuns.

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Fuentes del grupo de Jéssica Albiach aseguran estar dispuestos a sentarse a negociar con el Govern todas las veces que se le reclame porque su apuesta es consolidar la mayoría de izquierdas, pese a dejar claro que su posición de partida es que la subida de la tasa turística entre en vigor lo antes posible. Cambiarla, advierten, supondrá también que tanto del Executiu como los republicanos flexibilicen su posición. De hecho, públicamente han pedido sentarse en una misma mesa también con ERC, a quien le reprochan haber provocado un "desconcierto" por haber sido los promotores de un aplazamiento del nuevo tributo que primero pactó Romero con ellos.

Pero esa mesa a tres, por ahora, no es una opción que contemplen los republicanos, conscientes de que Junts está al acecho para señalar que en Catalunya opera un nuevo tripartito aunque el PSC gobierne en solitario en Palau. "Hemos pasado del Govern Dragon Khan al Shambala", se regocijaba un diputado de Junts el miércoles minutos después de la polémica votación en el pleno. Fuentes conocedoras de las negociaciones de los últimos días aseguran que la consellera de Economia ha intentado hasta en dos ocasiones esta semana sentarse conjuntamente con ERC y los Comuns, pero que los republicanos no accedieron. Los socios del Govern tienen una interlocución fluida a nivel parlamentario entre ellos, pero se miran de reojo cuando negocian de forma bilateral con el ejecutivo de Illa.

El pulso por condicionar la agenda

El partido de Oriol Junqueras lamentó el miércoles no haber sabido hasta el momento de la votación del decreto que el grupo de Jéssica Albiach se opondría a retrasar la entrada en vigor de la tasa, y los Comuns alegan que ellos comunicaron al Govern su posición y que, en todo caso, en ningún momento ERC les preguntó qué harían porque, a su juicio, daban por hecho un 'sí' de Junts que nunca se produjo. Con este pulso entre ambos por tratar de condicionar la agenda catalana, al Govern no le queda otra que arremangarse para tratar de buscar el mínimo común denominador entre los dos socios.

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Más aún cuando todavía tiene por delante acordar a qué se destinan los 469 millones de euros de recursos adicionales de los que la Generalitat puede disponer más allá de los 3.500 millones ya pactados en dos suplementos a los presupuestos prorrogados. En Palau querrían cerrar esta carpeta este mes de mayo para garantizarse la estabilidad este año y empezar a negociar los presupuestos de 2026 en septiembre. Pero antes, en junio, la comisión bilateral Estado-Generalitat deberá elevar la financiación singular a un pacto entre gobiernos y para entonces el Govern quiere tener bien engrasada la suma con sus socios y, también, entre sus socios. Romero se dispone a ello resolviendo, para empezar, el embrollo de la tasa hotelera.

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