El Parlament avala la rebaja del IRPF a las rentas más bajas y los cambios en el impuesto de transmisiones patrimoniales

El Parlament ha dado luz verde este miércoles el decreto ley del Govern que incluye un paquete de medidas fiscales destinadas a aliviar la carga tributaria de las rentas más bajas y medias, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la progresividad del sistema. Una reforma que permitirá, en palabras de la consellera de Economia i Hisenda, Alícia Romero, un ahorro de unos 200 millones de euros. "Recaudar más impuestos quiere decir mejores servicios públicos", ha dicho la titular del departament desde el atril, tras reivindicar la modificación de la política fiscal como un elemento de "justicia social". La convalidación la han apoyado el PSC, ERC y los Comuns.

Entre los principales cambios, el IRPF pasa de nueve a ocho tramos, con rebajas en los tres primeros, especialmente para rentas de hasta 33.000 euros. Además, el tipo mínimo baja del 10,5% al 9,5%. En vivienda, se amplía de 32 a 35 años la edad para deducción por alquiler y el umbral de renta sube a 30.000 euros. Además, el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) baja para jóvenes que compren vivienda y sube al 20% para grandes tenedores y operaciones de alto valor. Algunas de estas medidas ya se empezaron a plantear con el Executiu anterior de Pere Aragonès, un hecho que Romero no ha querido obviar, lanzando un guiño a Esquerra: "Hemos incorporado elementos, pero hemos mantenido el trabajo del anterior Govern".

El texto, que fue aprobado por el Consell Executiu en marzo, tras un acuerdo con ERC y los Comuns, ha generado fricciones entre los socios de investidura de Salvador Illa. Aunque los socialistas, junto a estos dos partidos, han votado a favor de la convalidación, la decisión de tramitar la norma como proyecto de ley -y no únicamente como decreto- ha provocado un choque entre republicanos y Comuns. Esta fórmula, que permite introducir enmiendas, fue recomendada por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en su dictamen, emitido tras una petición de Junts, al considerar que no concurren "circunstancias extraordinarias y urgentes" que justifiquen el uso del decreto ley.

La consellera Romero ha anunciado que el Govern acatará el informe del CGE -pese a no ser vinculante- y se ha mostrado dispuesta a tramitar la norma como proyecto de ley ya antes de la votación. ERC ha respaldado esta opción por "seguridad jurídica", en palabras del diputado Joan Ignasi Elena: "No nos gustaría encontrarnos con una sentencia contraria". Esta postura ha causado malestar en los Comuns, que han sugerido que ERC apoya la vía del proyecto de ley para permitir modificaciones como frenar la subida del ITP a los grandes tenedores. "No entendemos esta obsesión por tramitarlo como proyecto de ley; espero que quienes están de acuerdo no presenten enmiendas", ha replicado la diputada Susanna Segovia. En su intervención, también ha lanzado una advertencia al president de la Generalitat: "El Govern ya dijo que no aceptaría modificaciones".

Buena parte de las críticas de la oposición no se han centrado tanto en el contenido del decreto como en la forma de tramitarlo. Junts, PPC, Vox, la CUP y Aliança Catalana han reprochado al Govern que abuse del decreto ley y recurra a normas "ómnibus" que combinan medidas diversas, como la subida del sueldo a los funcionarios o cambios en el canon del agua. "Gobernar a golpe de decreto es un síntoma de deriva autoritaria", ha denunciado el diputado de Junts y exconseller, Jaume Giró, quien ha calificado el decreto como "caótico, arbitrario y condenado a la ineficacia" por trasladar, a su juicio, un "mensaje público incomprensible".

Desde el PP han reprochado que el Govern presente un "mix" con este decreto y han rechazado que la subida del impuesto a los grandes tenedores vaya a solucionar el problema de la vivienda. Eso sí, la parlamentaria Míriam Casanova, ha reconocido que su partido ve "con buenos ojos", por ejemplo, la rebaja del primer tramo autonómico de tributación al 9,5%, aunque lo creen "insuficiente" porque deja fuera de esta rebaja a las "clases medias-bajas y medias". Desde Vox, como es habitual, su portavoz Joan Garriga ha reprochado que el Govern lleve a cabo políticas "continuistas" y desde la CUP han sido críticos también con las formas: "Si la única estabilidad que puede conseguir el PSC es a golpe de decreto, mal vamos", ha declarado la diputada Laure Vega, que también ha abogado por tramitarlo vía proyecto ley.