La falta de acuerdo entre los bloques del CGPJ imposibilita la designación de las plazas clave en el Tribunal Supremo

Tal y como se había anunciado tras los encuentros fallidos de los últimos días, el pleno del Consejo General del Poder Judicial no ha sido capaz de concitar la mayoría necesaria para cubrir las vacantes clave en el Tribunal Supremo, como son las presidencias de las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, lo que ha puesto en evidencia la división en bloques del órgano. Se produjeron cuatro votaciones para cubrir estos puestos, y como no se alcanzaron los 13 votos necesarios las candidaturas decaen hasta que se produzca una nueva propuesta de la Comisión de Calificación señalan a EL PERIÓDICO fuentes del Consejo.

Para la Sala de lo Penal, la candidata progresista Ana Ferrer ha obtenido un total de 10 votos de los vocales del bloque progresista en cada una de las votaciones, y los mismos el candidato de los conservadores y actual presidente en funciones, Andrés Martínez Arrieta, mientras que la presidenta, Isabel Perelló, votó en blanco según las mismas fuentes. Lo mismo ha ocurrido con la Sala de lo Contencioso, obteniendo Pilar Teso y Pablo Lucas diez apoyos cada uno de ellos de los correspondientes bloques.

La importancia de estos nombramientos radica en la trascendencia mediática y política de las Salas de lo Penal y la de lo Contencioso, pues son las encargadas de investigar a los aforados y revisar decisiones del Gobierno, respectivamente, y por ello el consenso para ver quién las ocupa finalmente es más complicado.

Ahora, al no llegar ninguno de los candidatos a los 13 votos, y en cumplimiento del Reglamento del Consejo, las propuestas son devueltas a la Comisión de Calificación. Lo previsto, según fuentes del Consejo, es que la nueva propuesta sea la de los mismos cuatro nombres --a no ser que alguno de los candidatos desista y retire su candidatura-- si bien un futuro nuevo fiasco de esta segunda propuesta en el Pleno obligará a convocar de nuevo las plazas.

Apoyos y vetos

Teso, y sobre todo Ferrer, son rechazadas por los vocales designados a propuesta del PP porque consideran que son la apuesta del Gobierno. De hecho, ambas figuraron en las quinielas para obtener la Presidencia del Consejo --y por ende, del Tribunal Supremo--, antes de que se optara finalmente por Isabel Perelló, a la que se atribuye una sensibilidad progresista que, en todo caso, no ha servido para que en la votación de hoy terminara apoyando a las candidatas propuestas por este bloque. Además del mérito y gran experiencia de las candidatas, desde este sector se defendía que las plazas debían ser ocupadas por mujeres para cumplir con ley de paridad también en este órgano.

En cuanto a los candidatos del sector conservador, ambos son varones. Se trata de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, cuyos méritos tampoco son discutidos por los vocales designados con el aval del PSOE. No obstante, desde este sector se considera poco razonable optar por ellos porque ninguno podrá concluir su mandato, ya que Martínez Arrieta llega a su edad de jubilación en julio de 2026 y Lucas lo hará en 2027.

Vocales progresistas señalan a EL PERIÓDICO que con sus candidaturas se trata de cumplir una ley no escrita por la cual a los candidatos cercanos a la jubilación se les premia con la Presidencia como reconocimiento a su carrera, una postura que no consideran razonable y más cuando a su costa se vulneran los principios de paridad. La realidad es que ambos ya presiden sendas salas en funciones, por lo que retrasar ahora este asunto obligando a repetir el procedimiento al decaer las candidaturas no hace otra cosa que favorecer los intereses del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces.

Nuevo presidente del CENDOJ

Por otra parte, el Pleno ha acordado por unanimidad el nombramiento del magistrado Joaquín Silguero Estagnan como director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), puesto que venía desempeñando en funciones desde 2023.

Silguero ingresó en la Carrera Judicial en 2007 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio y ha tenido como destinos Juzgados de Primera Instancia de Sabadell y de Donostia-San Sebastián. Doctor en Derecho, en 2005 se incorporó al CGPJ como letrado del CENDOJ. Además, ha sido secretario general de la Administración de Justicia y secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia (2012-2014), consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (2014-2020) y experto nacional destacado en el Comité Europeo de Protección de Datos (2020-2021).