El Govern pacta con los Comuns invertir 850 millones anuales en vivienda y una oficina antidesahucios

Una semana más tarde de lo inicialmente previsto -se aplazó a causa del apagón eléctrico-, el Govern y los Comuns han presentado el último paquete de su acuerdo para que la Generalitat pueda disponer de una inyección de recursos de hasta 3.500 millones de euros pese a que la legislatura transite con los presupuestos prorrogados. Se trata de un pacto que incluye elevar a 850 millones de euros la cantidad de recursos propios que la administración catalana destina a vivienda pública y la creación de una oficina antidesahucios.

Todo, a cambio del 'sí' del grupo de Jéssica Albiach a las dos ampliaciones de crédito ya aprobadas por valor de 3.400 millones de euros y a expensas de que se pacte el destino de los 469 millones que el president Salvador Illa todavía tiene que pactar también con ERC. El Govern ya admite que, para cuadrar las cuentas y pese a esos recursos adicionales, deberá mover partidas dentro de cada conselleria. "Cuando uno negocia a veces tiene que ceder e incorporar peticiones en su planificación presupuestaria", ha dejado caer la consellera de Economia, Alícia Romero, durante la rueda de prensa conjunta para presentar la nueva entente.

ERC y Comuns se disputan el destino de 469 millones pendientes de inyectar a la Generalitat

Los 850 millones de recursos propios de la Generalitat pactados para vivienda se destinarán a construir más pisos protegidos y de alquiler social y se sumarán a los 600 millones apostados vía crédito por el Institut Català de Finances. Eso suma un montante total de 1.450 millones, la inversión "más alta que haya hecho nunca" la administración catalana, según ha presumido la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. La oficina para prevenir y actuar en casos de desahucios deberá estar dotada con un mínimo de 50 personas y el compromiso es que esté en marcha en septiembre. Se evaluarán también, vía la Oficina de no Discriminació, las discriminaciones que se producen en el acceso a la vivienda.

Dentista público y salud mental

En el pacto se incluyen otros compromisos que ya formaban parte del acuerdo para la investidura, como la creación del cuerpo de inspectores para aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda. Según lo suscrito, antes del 30 de junio se incorporarán 60 efectivos, cifra que debe alcanzar el centenar antes de que acabe el año. También se invertirán 13 millones para desplegar el dentista público, otros 10 para salud mental y 20 millones a la energética pública.

Este miércoles se convalidará en el Parlament el primer suplemento, de 2.100 millones para gastos corrientes; y está pendiente de ser ratificado también el de 1.300 millones amarrado con ERC la semana pasada para salarios de funcionarios y compensaciones a los sectores afectados por los aranceles o, en el caso de los agricultores de Lleida, por la granizada de hace tres semanas. No obstante, quedan en el aire 469 millones que no están aún comprometidos y que los socios tratarán de definir su destino en una tercera negociación.

"Repriorizar" por conselleries

El Govern tiene por delante hacer compatible las reclamaciones de ERC y las de los Comuns, y Romero ya ha dado por descontado que, para que cuadren las cifras habrá que "ceder" y "repriorizar" las inversiones de cada departamento. Las negociaciones ya están en marcha y los Comuns ya han anticipado que centrarán sus reclamaciones en medidas sobre educación, derechos sociales, pobreza infantil e inversiones territoriales. Los republicanos, por su parte, plantean más recursos para avanzar en el traspaso de Rodalies y potenciar la Agència Tributària de Catalunya con la vista puesta en la financiación singular. También avanzar en la gratuidad de la educación de los 0 a los 2 años y más inversiones en vivienda.

Las claves del pacto Govern-ERC: aumento salarial a funcionarios, ayudas contra los aranceles y tasa turística

Reclamaciones que, sumadas a las de los Comuns y a los proyectos que también quiere impulsar el Govern, como los 150 millones para la ley de barrios, superan el montante de dinero disponible, por lo que cada conselleria deberá, en la línea de lo que ha apuntado Romero, decidir a qué deja de destinar unas partidas para cumplir con los compromisos con los socios. Habrá que ver cómo cuadran finalmente los números de este último episodio que, una vez cerrado, garantizará la estabilidad de Illa por los menos hasta la negociación de los presupuestos de 2026, carpeta que los socialistas intentarán abrir después del verano.

Eso sí, entre medio tendrá que afrontar la próxima meta de la financiación singular, que consiste en formalizarla, antes de julio, como un pacto entre la Generalitat y la Moncloa. Y por el flanco de los Comuns, materializar la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y el incremento de la tasa turística, enmarañada ahora porque ERC ha presentado una propuesta propia.