ERC y Comuns se disputan el destino de 469 millones pendientes de inyectar a la Generalitat

Aunque el Govern de Salvador Illa esté gobernando con los presupuestos prorrogados de 2023, ha logrado amarrar la inyección de 3.400 millones de euros extraordinarios a la caja de la Generalitat por la vía de dos ampliaciones de crédito que ha acordado con ERC y los Comuns. Ahora queda por negociar una tercera ampliación por valor de 469 millones. Una cantidad que, aunque sea menor en comparación con el montante ya pactado, no será ni para gastos corrientes ni para planes de ayudas ya comprometidos, sino para nuevas inversiones. De ahí su importancia y de que los dos socios del Executiu mantengan un pulso por condicionar a qué se destinan, además de los proyectos que el propio Govern quiere impulsar.

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A la consellera de Economia, Alícia Romero, encargada de urdir los pactos económicos con los que Illa se está asegurando la estabilidad de este año, le toca hacer un último encaje de bolillos, puesto que la lista de reclamaciones de las tres partes suma más que la cantidad de dinero disponible. Hasta ahora se han aprobado dos suplementos de crédito para compensar la falta de nuevas cuentas: un primero de 2.100 millones de euros para gasto corriente que tendrá que ser validado en el pleno del Parlament de la semana que viene; y un segundo de 1.300 millones que fue aprobado el pasado martes y que debe destinarse a sueldos de funcionarios -unos 1.000 millones- y ayudas para compensar a los sectores afectados por los aranceles y agricultores perjudicados -388 millones- por la granizada de hace dos semanas. En este paquete entran también los 20 millones que han arrancado los Comuns para la energética pública.

Unos recursos a discreción

El Govern se ha propuesto que este mes de mayo se resuelva del todo la carpeta presupuestaria aprobando esos 469 millones adicionales que aún quedan en el aire. Este lunes, Romero comparecerá con los Comuns para anunciar que, con ellos, ya hay acuerdo; pero está por ver cuándo lo habrá con ERC y si cuadran las cifras de las peticiones que hacen cada uno de los socios. De hecho, aunque se haya ido especificando a qué se destinará cada una de las cantidades acordadas, lo cierto es que la vía del suplemento de crédito procedente de los ingresos de más del año pasado no está repartido por departamentos, como pasa con el presupuesto, y eso da margen de maniobra al Govern para actuar con más libertad.

Los Comuns aseguran que su estrategia de negociación dista del carácter "técnico" que, a su juicio, ha querido imprimir ERC en la negociación de los suplementos como si fueran parte de la prórroga presupuestaria para no proyectar que están contribuyendo a la aprobación, a la práctica, de una suerte de nuevas cuentas. Su apuesta, aseguran, es un acuerdo "político" sobre todo el montante de más del que se puede disponer. El foco lo han puesto en elevar los recursos propios que destina la Generalitat en vivienda hasta los 850 millones, cosa que supone que deberán destinarse unos 200 millones más que deberán sacarse de la ampliación de crédito. También 13 millones para desplegar el dentista público, además de la partida para crear una oficina antidesahucios y para sufragar un cuerpo de un centenar de inspectores para poder aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda.

Los objetivos de ERC

ERC también ha empezado a hablar ya con el Govern para plantear sus demandas. Los republicanos consideran que, de los tres suplementos de crédito, este es el más "político" porque da más margen para elegir el destino de los recursos. Sus peticiones tienen que ver fundamentalmente con cuatro temas: Rodalies, financiación, educación y vivienda. Los dos primeros pasarían por disponer de más recursos para avanzar en el traspaso de los trenes y potenciar la Agència Tributària de Catalunya para que pueda aumentar su capacidad de gestión de los impuestos.

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En lo relativo a la educación, a los republicanos les gustaría concretar avances en la gratuidad de la educación de los 0 a los 2 años -que empezó con la presidencia de Pere Aragonès (ERC)- y también pedirán más recursos para políticas de vivienda. Son demandas compatibles con las de los Comuns, pero la lista que plantean los dos partidos es larga y los recursos son finitos.

Así pues, al Govern le toca compasar las estrategias de republicanos y Comuns con sus propios intereses. Illa quiere destinar por lo menos 150 millones a la ley de barrios, que busca convertir en un buque insignia de su mandato, e inversiones prometidas, por ejemplo, en el sector del vehículo eléctrico. Y es que al president también le interesa impulsar proyectos con su sello después de ocho meses en los que la pauta la han marcado, principalmente, la agenda de los socios que permitieron la investidura.

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