1 de mayo
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Belén López (CCOO) y Camil Ros (UGT) en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona. / JORDI OTIX
El tema estrella de la manifestación del 1 de mayo en Barcelona ha sido la reivindicación de la reducción de la jornada de laboral, pero también ha habido una segunda cuestión que, aunque de forma menos explícita, ha tenido una fuerte presencia: la opa de BBVA a Banc Sabadell. La operación, que lleva un año encima de la mesa, se puso este miércoles al rojo vivo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya dado su visto bueno y haya derivado el asunto al Gobierno, que tiene la última palabra. En la protesta sindical de Barcelona todo han sido muestras de rechazo a la operación y peticiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la frene.
Los primeros en expresar su enfado han sido los dos principales sindicatos. La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, se ha mostrado contraria a la opa, ya que considera que "no mantiene la ocupación" ni "garantiza un servicio bancario" para la ciudadanía. Igual de explícito ha sido el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, quien ha expresado su "rechazo frontal" a la decisión de la CNMC y ha avisado de que la opa "no aporta nada de bueno" ni para los trabajadores, ni para las pymes ni para los autónomos. "El Gobierno tiene la última palabra y le emplazamos a que tome una decisión diferente de la que ha tomado la CNMC", ha concluido.
No en vano, de absorber el BBVA al Banc Sabadell correrían el riesgo de desaparecer hasta 10.500 empleos en toda España, la gran mayoría de ellos en Catalunya, según trasladaron las centrales a la CNMC. En este punto, los sindicatos y distintos partidos de izquierdas coinciden con las dos grandes patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, que también se han posicionado en contra de la opa.
En esa misma línea se ha pronunciado uno de los miembros de este Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar). Su argumento es que una de las lecciones de la última crisis financiera fue que "las concentraciones bancarias" derivan en "peores servicios" a los usuarios y tienen un "impacto negativo en los puestos de trabajo".
Igual opinión ha manifestado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha dicho que, aunque su partido defienda la libre competencia, está en contra de una "concentración excesiva" del sector bancario como la que ocurriría si triunfa el plan del BBVA. En el caso de que la operación acabe cristalizando, Junqueras ha avisado de que su partido exigirá que "no se pierdan puestos de trabajo" y que "los centros de decisión se queden en Catalunya".
La difícil posición del PSC
La Generalitat de Salvador Illa y su partido, el PSC, también están en contra de la opa, pero su posición es más delicada porque ahora la decisión final sobre la operación recae sobre el Gobierno y, por lo tanto, sobre el PSOE. Es por esto que la vicesecretaria y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha dicho que, antes de optar por una posición pública, hay que esperar "a las decisiones oportunas que se tomen desde el Gobierno de España": "Y después veremos", ha deslizado.
Por su parte, la consellera de Territori y portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha recordado que la apuesta del ejecutivo catalán es "preservar el modelo bancario de proximidad". Paneque, quien ha atendido a los medios desde Blanes, ha señalado que ahora el Govern "analizará en profundidad y con rigor el informe de la CNMC". Más allá de la atención de proximidad, para el Govern también es relevante que se mantenga "la muy buena atención a ciudadanía y pymes" que se da en estos momentos, ha dicho.
El president Illa, el miércoles, cuando se supo la decisión de competencia, hizo equilibrios con el tema. Evitó expresar su rechazo explícito, pero se entendió que no es partidario de la operación en ningún caso. "En Catalunya hay un modelo bancario arraigado al país, a su tejido empresarial y a sus empresas con un compromiso social", expuso el president, que también prometió "por encima de todo" defender "los intereses de Catalunya".
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