Solo cuatro empresas se han interesado por los créditos del Govern para hacer frente a la crisis arancelaria

¿Hasta qué punto están preocupadas las empresas catalanas por los aranceles anunciados por Trump? A juzgar por los datos que maneja el Govern, más bien poco. La consellera de Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha comparecido este martes en el Parlament para presentar el plan 'antiaranceles' de la administración catalana y ha desvelado que solo cuatro empresas se han interesado hasta ahora por los créditos que ofrece el Govern para hacer frente a la guerra comercial. Para la consellera, pues, las compañías catalanas "no tienen una percepción de crisis inminente", sobre todo desde que el presidente estadounidense dejó en suspenso 90 días la aplicación de los aranceles.

Romero ha ido a la Cámara a exponer las líneas maestras del 'Pla Responem' (Respondemos), los 1.500 millones de euros que ha movilizado el president Salvador Illa para hacer frente a la crisis arancelaria. Del total de estos recursos, las dos principales partidas se destinarán a ayudas y subvenciones directas -300 millones- y a préstamos y créditos a través del Institut Català de Finances (ICF) -900 millones-. Pues bien, según ha explicado la consellera, en las tres semanas que han pasado desde que el Govern hizo público el plan, el ICF solo ha recibido cuatro llamadas preguntando por estos créditos extraordinarios. Para el Govern esto es positivo porque demuestra que, pese a la situación de "incertidumbre", el tejido empresarial catalán no teme un descalabro económico. El ejecutivo catalán no ha revelado el nombre de las empresas, aunque fuentes conocedoras explican que pertenecen a los sectores del diseño, de la fabricación (muebles y maquinaria) y el comercio mayorista de perfumería y cosmética.

Como respuesta a la guerra comercial, la Generalitat también quiere dar un papel importante a las oficinas de Acció que tiene por el mundo y que están dedicadas al apoyo de las empresas catalanas en el extranjero. Tampoco en estas oficinas se ha detectado una excesiva preocupación por el tema arancelario. Allí han recibido 80 consultas sobre el tema, que el Govern considera que no son precisamente un "alud" de solicitudes. Actualmente, la Generalitat tiene 40 oficinas de Acció, lo que daría una media de dos consultas por oficina. Por último, Romero ha mencionado que Prodeca, empresa pública destinada a promover los productos agroalimentarios catalanes, directamente no ha recibido ni una consulta sobre el tema.

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La Generalitat interpreta, por lo tanto, que cuando Trump dejó en suspenso los aranceles, la preocupación automáticamente disminuyó. Eso sí, ha prometido que el Govern no bajará la guardia y que el plan de los 1.500 millones seguirá allí por si la situación vuelve a complicarse. De hecho, la previsión de la consellera es que, pase lo que pase, cuando expire la suspensión de los 90 días las "empresas sufrirán" y que las administraciones deberán responder: "Tendremos que estar preparados". Catalunya actualmente exporta por valor de 100.000 millones de euros, de los que 4.351 son a Estados Unidos. Eso significa que el 4,3% de estas exportaciones se verán afectadas por los aranceles.

La comparecencia de Romero también ha dado para un anuncio final: el Govern ha encargado un estudio a la Universitat de Barcelona (UB) para que analice si la fiscalidad que depende de la Generalitat "está impactando en la productividad de las empresas". Si el resultado es afirmativo, también pedirán al centro universitario que haga propuestas para cambiar la situación.

La recetas de los partidos y el apagón

Los partidos de la oposición han aprovechado la comparecencia para trasladar al Govern su visión sobre como afrontar la guerra comercial. Los dos socios parlamentarios del ejecutivo catalán, ERC y Comuns, han puesto el foco en el mismo objetivo: cualquiera ayuda o crédito a las empresas tiene que estar supeditado al compromiso de no recortar puestos de trabajo. Para el republicano Albert Salvadó el plan público de ayudas tiene que tener como último objetivo que la guerra arancelaria no afecte "a la renta de los trabajadores catalanes". "Que la política de Trump no le cueste a Catalunya ni un puesto de trabajo", ha dicho David Cid (Comuns). Para la diputada de la CUP Laure Vega hay que buscar soluciones estructurales que, para su grupo, pasa por intentar "relocalizar las cadenas de producción" en Catalunya.

El PP y Vox también han ofrecido sus recetas. Los dos grupos comparten una tesis de fondo: los aranceles son un problema, sí, pero para ellos aún lo es más la política económica de Sánchez en el Gobierno y de Illa en la Generalitat. Para la diputada Àngels Esteller (PP) el problema son una excesiva "burocracia y presión fiscal". Para Joan Garriga (Vox) lo que le sobra a los dos gobiernos es "propaganda y autobombo". Aunque la comparecencia estaba fijada desde hacía días y era para hablar de los aranceles, ha sido inevitable que el debate girara también en torno del apagón eléctrico de este lunes. El diputado de Junts Antoni Castellà ha afeado al Govern falta de "acompañamiento e información" a la ciudadanía. "El president de la Generalitat tardó ocho horas en comparecer", ha criticado. Romero ha admitido que "siempre las cosas se pueden hacer mejor", pero ha defendido que solo una hora después del apagón ya se había la primera reunión de crisis en la Generalitat.