Análisis
La Audiencia de Madrid ‘salva al soldado Nacho Cano’ y se abre el fuego contra la jueza Iglesias en el caso González Amador
Los magistrados reproducen como suyos exclusivamente los argumentos de la defensa del productor musical y se refieren al antiguo de tráfico de ilegal de personas para impedir diligencias pendientes y dar el carpetazo a la investigación

Isabel Díaz Ayuso, Nacho Cano y María Inmaculada Iglesias


Ernesto Ekaizer
Ernesto EkaizerEscritor y periodista.
La sección primera de la Audiencia de Madrid resolvió el pasado 11 de abril archivar la investigación contra el productor Nacho Cano y otros por un presunto delito del artículo 318 bis del Código Penal (tráfico ilegal de personas), a raíz de introducirse en España a jóvenes que trabajaron como becarios en el espectáculo musical “Malinche”, estrenado en enero de 2022, según un auto conocido el pasado viernes, día 25 de abril.
La jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, y el ministerio fiscal tenían previstas varias diligencias en el procedimiento, pero la Audiencia de Madrid ha considerado innecesario “tan prolija investigación cuando ya se ha dado una explicación razonable, de lo actuado se desprende una falta de indicios raciones suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al juzgado”.
No es posible conocer que quiere decir la magistrada ponente del auto de la sección primera, Adela Viñuelas Ortega, cuando habla de una investigación “tan prolija”. Porque, según el diccionario de la Real Academia Española, la acepción “prolija” quiere decir cosas diferentes. ¿Minuciosa? ¿Cuidadosa? ¿Esmerada en exceso? ¿Pesada? La jueza Iglesias había denegado en diciembre de 2024 la petición de sobreseimiento o archivo de las actuaciones que solicitó la defensa de Nacho Cano. Su investigación tenía pendiente numerosas diligencias. Lo normal es que la Audiencia de Madrid deje a una magistrada seguir adelante con su instrucción hasta terminar con las diligencias previstas.
Pero en este caso no ha sido así. La Audiencia de Madrid ha cortocircuitado las diligencias y ha decidido que era el momento de poner punto final. Por supuesto, no ha decidido conceder como pedía la defensa de Cano el sobreseimiento libre (archivo total que no puede reabrirse) sino el provisional, no sea que aparezcan nuevos indicios de delito. Es lo que se hace cuando se resuelve a favor de una causa que presenta situaciones dudosas.
Pero el auto de la sección primera sostiene que no se debe seguir con las actuaciones “cuando ya se ha dado una explicación razonable”. Y aquí está lo que podríamos llamar la “metodología” aplicada por la Sala de la sección primera de la Audiencia de Madrid. En el auto dictado no se sigue el modelo clásico: relato de hechos en los antecedentes; los argumentos de las partes. Esto es: las razones de la jueza instructora Iglesias y del Ministerio Fiscal para denegar el sobreseimiento en diciembre de 2024 y que el recurso impugna.
Pero tampoco están claros los fundamentos de derecho en que se basa la Sala con que empieza directamente la resolución. Antes bien, la fundamentación está exclusivamente fundada en las alegaciones de la defensa del productor musical. Es difícil, porque las líneas de demarcación son confusas, detectar dónde concluyen esas citadas alegaciones y comienza la fundamentación -los fundamentos de derecho- de la Sala.
Otro tanto puede decirse de la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada en el auto porque se refiere a la redacción del artículo 318 del Código Penal vigente hasta su modificación en 2010 y en 2015. El auto se refiere en passant a la reforma del artículo 318 bis para afirmar que coexiste con otras dos provisiones (artículos 312.1 y 313) dedicadas a los delitos contra los derechos de los trabajadores, lo que, dice, quedan protegidos, mientras que los que corresponden a los ciudadanos extranjeros se contemplan en el 318 bis.
El auto, que no es recurrible, supone desde luego una victoria para Nacho Cano, quien ha emprendido desde la admisión a trámite de la querella una cruzada contra la jueza Iglesias, contra quien se ha querellado por delito de prevaricación sin éxito una vez. Ahora, tras su sobreseimiento ha anunciado una nueva querella contra ella.
Tanto Cano como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han acusado desde el comienzo de las diligencias al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar las instituciones para perseguirlos a ambos. En el caso de Díaz Ayuso, por las investigaciones que sigue la jueza Iglesias sobre los dos delitos fiscales y falsedad en las facturas presentados por Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y la pieza separada sobre negocios entre su pareja y el grupo sanitario Quirón, importante contratista, a su vez, de la Comunidad de Madrid.
Cano sostiene que el caso de González Amador recaló en el juzgado 19 de Madrid, cuya titular es la magistrada Iglesias, a través de un mecanismo de atribución fraudulento. La unidad de acción entre Díaz Ayuso y Cano se ha vuelto a poner de manifiesta a raíz del auto de sobreseimiento del productor musical. El pasado viernes, precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó la victoria de Cano y acusó al gobierno de Sánchez de utilizar a las instituciones (léase juzgados) para perseguirlo durante más de un año solo por el hecho de que el productor había expresado sus “preferencias políticas”. Es decir: su apoyo a Díaz Ayuso.
La presidenta hizo estas declaraciones con un papel escrito delante. No nombró a la juez Iglesias, pero la referencia a la jueza que a la vez investiga a González Amador, pareja de Díaz Ayuso, ha sido evidente, al denunciar que la investigación “ha sido un hecho gravísimo”.
La jueza Iglesias, atacada sistemáticamente por Nacho Cano, no solicitó nunca amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a la vista de que Díaz Ayuso no la ha nombrado tampoco está en condiciones de hacerlo ahora. Pero las declaraciones de Díaz Ayuso han sido una advertencia muy clara contra ella en momentos en que la investigación de los lazos entre su pareja, González Amador, y ejecutivos del contratista, grupo sanitario Quirón, se encuentran en una fase delicada para sus intereses.
El triángulo Díaz Ayuso-Quirón-González Amador funciona.
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