La jueza de la dana cita a declarar a la cúpula de Emergencias y la CHJ pero sin nuevas imputaciones

La instrucción de la dana amplía el foco, aunque la jueza no cambia de rumbo. La titular del juzgado número 3 de Catarroja que investiga las responsabilidades penales en la gestión de la dana ha citado a declarar como testigo a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y uno de los principales señalados por la Generalitat como responsable de la falta de información. Acudirá con la obligación de decir la verdad y de responder a todas las partes.

También cita a José Miguel Basset, exinspector jefe de bomberos, al mando de la operativa ese día, y también señalado por los dos investigados del Consell, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Acudirán también como testigos la jefa de servicio del 112 Inmaculada Piles y la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca.

13 citados a declarar

Estos cuatro cargos visitarán la Ciudad de la Justicia como testigos y no como imputados, que era lo que pretendía la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Y no serán los únicos en pasar a declarar. Lo hará casi todo el Cecopi. En un auto conocido ayer, la jueza cita como testigos a otros seis cargos que estuvieron en la reunión clave la tarde de la catástrofe: toda la cúpula funcionarial y política de Emergencias de la Generalitat, así como a la comisaria jefa de la Policía Autonómica y a la comisaria de Aguas de la CHJ.

La jueza de la dana cita como testigos al exjefe de Bomberos de Valencia y al presidente de la Confederación del Júcar

Jorge Suárez, testigo clave

Entre los nuevos declarantes destacan Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango en Emergencias (también señalado por los investigados); el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratillas; el director de la SGISE, Raúl Quiles; y la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís. A ellos se suma la citación de las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, Maribel Albalat y Lorena Silvent; y al de Sedaví, José Cabanes, tal como reclamaba Argüeso. Esto también supone una novedad: será la primera ocasión en que responsables municipales, también con competencias en emergencias, acudan a la instrucción.

Se amplían los protagonistas, un respiro para la Generalitat, especialmente por la citación de la CHJ, donde pone el foco desde el primer día. Desde la Generalitat se subraya que Miguel Polo, que estaba en el Cecopi, no informó verbalmente de la crecida del barranco del Poyo; ni se enviaron correos específicos con los datos de la crecida durante dos horas. Por esto se le preguntará en una declaración que se presume tensa.

Sin embargo, lo que no cambia es la línea argumental de la instructora del caso, que sigue situando la negligencia en el Consell de Mazón, y parece dar por amortizados los argumentos esgrimidos sobre la falta de información de este organismo estatal. Respecto a Miguel Polo, presidente de la CHJ, dice la jueza que "no concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado".

Sobre la supuesta falta de información, la jueza no se desvía de autos precedentes. Había información: "No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH [el sistema de avisos automáticos sobre los caudales de ríos y barrancos], ni de la posibilidad de acceso al mismo, ni de forma paralela atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica, ni a prácticamente todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo. Más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal, ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", señala la jueza, que cita en este auto las doce actualizaciones del nivel del barranco a su paso por el sensor de Riba-roja, entre las 18 horas y las 19.20 horas, los minutos críticos de la crecida. 

Para la jueza, había información para hacer un seguimiento del barranco y Emergencias disponía de la tecnología para conocerla. "La forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través de la aplicación la SAIHWIN, aplicación que se afirma se dispondría" en el centro de coordinación de emergencias.

"Parte de la negligencia"

"No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico, el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia", sostiene el duro auto, que vuelve a recordar el whatsapp enviado por Argüeso a las 14.44 horas de ese día: "Los barrancos están a punto de colapsar".

A falta del impacto que puedan tener en el rumbo de la instrucción estas declaraciones, el nuevo auto de la jueza vuelve a referir la pasividad de los mandos autonómicos y rechaza el reparto de responsabilidades hacia los técnicos: "La integración en el Cecopi, ni el hecho de que formen parte de la Administración Autonómica encargada de la emergencia, es elemento suficiente, tampoco las manifestaciones de los investigados" para imputar a los técnicos señalados.

Y sobre el papel de Argüeso, dice que, «pese a lo que declaró, no puede limitarse, como insistentemente manifestó, a esperar que se le informara, aunque datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance. Ello hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia, pero en cualquier caso ante un evento meteorológico gravísimo, podía solicitar él mismo que se le informara».

Mazón esquiva otra querella

Por otro lado, la jueza que investiga la causa de la dana ha vuelto a inadmitir una querella contra el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón. Esta la había presentado un particular, que había señalado como responsable al jefe del Consell.

No obstante, según recoge el auto, la "condición de aforado" de Mazón "ha de suponer la inadmisión" de esta demanda. Ello, agrega, "sin perjuicio" al "oportuno ofrecimiento" de que el ‘president’ declare como investigado siempre, recuerda, "de forma voluntaria si por el aforado se solicitara".

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