El Gobierno considera que la rescisión del contrato de balas a Israel tiene blindaje legal y descarta pagar el pedido

El Gobierno buscó todas las vías administrativas e intentó forzar una negociación con la empresa israelí IMI Systems antes de tomar la decisión de romper de forma unilateral el contrato de munición ya formalizado y publicado en el BOE. Las implicaciones legales, tras la advertencia de la Abogacía del Estado que desaconsejó rescindir el polémico contrato de 6.642.900 de euros en esta fase del procedimiento, obligaban a ello. No solo por el perjuicio para las arcas del Estado, sino por un riesgo de responsabilidad contable que pondría en la picota al responsable de romper el contrato, bajo la sombra de prevaricación. En este caso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde Moncloa, que tomó las riendas del contrato para anularlo por orden directa de Pedro Sánchez, ante las presiones de Sumar, consideran haber dado con la tecla tanto para blindarse legalmente como para no tener que pagar el coste del pedido.

“Si la pregunta es si acabaremos pagando igual, la respuesta es no”, zanjan fuentes del Ejecutivo. Las mismas fuentes sostienen que la ruptura unilateral se escuda en una orden previa de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) que deniega a la empresa israelí el permiso de importación del pedido de 15 millones de balas a España aduciendo razones de “interés general”. Un criterio arbitrario, pero que ofrece un escudo legal al emitirse este informe por la entidad competente y autorizada para ello. De hecho, el polémico contrato se rescindió posteriormente en cumplimiento de este informe.

La empresa del polémico contrato con Israel ha recibido del Gobierno 2,5 millones de euros en otras nueve adjudicaciones desde 2023

La JIMDDU es el órgano nacional encargado de evaluar las operaciones relativas al comercio exterior del material de defensa y doble uso. Su presidencia recae en la Secretaría de Estado de Comercio. Entre sus funciones se encuentran las de emitir informes, con carácter preceptivo y vinculante, sobre las autorizaciones administrativas de material de defensa, así como ratificar o revocar las solicitudes de inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior (REOCE).

En el Gobierno defienden que con la orden emitida por este organismo para denegar la importación del cargamento de munición, el Estado no deberá hacerse cargo de pagar el pedido. Bajo la lógica de que si no se puede importar, tampoco se puede cobrar, pese a la rescisión unilateral del contrato. Al entender que hay una justificación detrás, se descartan así mayores costes para las arcas públicas.

Lo que no descartan en el Ejecutivo es que si la empresa emprende acciones legales, algo que consideran poco probable porque debería denunciar a la junta de inversión, es algún tipo de indemnización. En cualquier caso, una penalización o multa con un coste muy inferior al del pedido, según calculan los colaboradores del presidente del Gobierno.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido conocer el impacto económico que esta ruptura contractual para comprar balas va a tener para las arcas públicas de los españoles. "Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado se debe cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos estados democráticos como España e Israel", defendió para criticar que reacciones así son propias de países "de otras latitudes".

El acuerdo entre PSOE y Sumar, para zanjar la crisis abierta en el seno de la coalición por este contrato, reitera que ambos partidos están "firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio. Respecto a los procesos de compra que siguen abiertos, por iniciarse antes del inicio de la invasión de Gaza, Moncloa traslada que "los que sean armamento no se van a ejecutar".

Historial de derechos humanos

Para cumplir este compromiso, se estudiará cada contrato caso a caso. En función de las fechas de licitación o del estado de cada procedimiento, se tomará la decisión administrativa más adecuada. Dependerá, por tanto, de las distintas casuísticas, pues algunos contratos podrán rescindirse si están en una fase inicial o incluso podrá llegarse a declarar desiertos si solo se presentan empresas de defensa israelíes.

Con todo, siempre se contará con el recurso de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Precisamente, este mismo miércoles el PNV registró varias propuestas de resolución al informe “Estadísticas españolas de exportación de materia de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2023” para impedir exportaciones e importaciones de material de defensa con Israel. Para ello, la formación jeltzale propone garantizar un mejor control de las exportaciones de armas españolas y que el historial de derechos humanos del receptor de las armas sea un elemento esencial en las decisiones de la JIMDDU.

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