La jueza de la dana desmonta la defensa del Gobierno valenciano, la exconsellera Pradas y su número dos

Ni había competencias compartidas, ni faltaba información para tomar decisiones. El auto de la jueza del 22 de abril en respuesta a la asociación Liberum no solo rechaza citar como investigada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La titular del juzgado número 3 de Catarroja aprovecha también para exhibir una argumentación que, en la práctica, desmonta las defensas de los dos imputados de la Generalitat: la exconsellera Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.

En su declaración como investigado, este último señaló tres errores de la fatídica jornada: dejar de vigilar el barranco del Poyo sin avisar (que atribuye al jefe de bomberos Basset), la falta de información de la CHJ, y que la delegada del Gobierno no estuviera presencialmente en el Cecopi.

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Antes que Argüeso, Salome Pradas coincidió en argumentos como la falta de conocimiento de las llamadas del 112, que no llegaban al Cecopi; en señalar a los técnicos como los que tenían que tomar decisiones, porque tenían la experiencia; o que el Estado tenía competencias en materias como el EsAlert.

Todos estos argumentos -o su mayoría- parecen desacreditados por el último auto de la jueza. Primero, porque sitúa toda la responsabilidad en el ámbito autonómico. Allí estaban las competencias y allí se produjo la "inactividad". Segundo, porque asume la existencia de información, frente a la que el Consell muestra una "evidente pasividad". 

En su escrito, la jueza tira de ironía, pero recuerda todos los canales informativos: se refiere a "las llamadas al 112» (casi 20.000 ese día, "llamadas de auxilio que no traspasaban el umbral de la sala»); las previsiones de Aemet; las comunicaciones sobre el estado de los barrancos ("ya fuera a través de correos o a través del SAIH", frente al apagón informativo que alega la Generalitat). Cita también toda la información que daban los medios en tiempo real; la asistencia de los técnicos, que parece que "no les informaban o lo hacían mal"; o el ejemplo de otras administraciones que tomaron decisiones, "con la misma información", como la UV.  

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Todo ello, comenta, parecía no existir, como si el Cecopi fuera una "burbuja aislada del exterior". Incluso perdían "la memoria" y no recordaban lo que ellos mismos habían advertido: "barrancos a punto de colapsar", como Argüeso informó a las 14.44 horas en un chat. Todas las decisiones se demoraron, lamenta la jueza, hasta el SMS de las 20:11.

El registro de llamadas y comunicaciones que Pradas y Argüeso han presentado tampoco ha convencido a la instructora. Al contrario, acreditan la "evidente pasividad" con que la Generalitat actuó ese día.

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La vigilancia del Poyo

Además de este auto, esta misma semana la jueza ha dictado otra providencia en que abunda en la misma línea, al pedir a la Generalitat información sobre si sus efectivos vigilaron el barranco del Poyo. En concreto, ha pedido a la Dirección General de Medio Natural aclaraciones sobre si los agentes medioambientales, que fueron ofrecidos a Emergencias, fueron utilizados y hasta qué momento.

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