El Govern cede ante ERC y fragmentará la inyección de más recursos para tener estabilidad sin presupuestos

Al Govern de Salvador Illa no le ha quedado otra que aceptar que tendrá que ganarse la estabilidad a plazos. Tras asumir que no podría tener nuevos presupuestos y que debería manejar la legislatura con las cuentas prorrogadas de 2023, el plan b pasa por lograr disponer de más recursos por la vía de una ampliación de crédito que ERC ha impuesto que se negocie de forma fragmentada. Ya se ha aprobado un primer paquete de 2.100 millones de euros para gastos corrientes que deberá ser convalidado en el pleno del Parlament del próximo 7 de mayo y se está ultimando ahora otro que finalmente será de 1.300 millones. Y quedarán aún en el aire 469 millones en disputa, claves para el margen de maniobra de gasto de la Generalitat.

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La prioridad del Govern era inyectar en bloque todo el montante disponible de los mayores ingresos que se produjeron en 2024. Cuando asumió que sería imposible, el objetivo pasó a ser no ir más allá de dos tandas. Pero, finalmente, admite que por lo menos se troceará en tres por exigencia del socio principal de la legislatura. Este jueves se produjo una nueva reunión entre la conselleria de Economia y los republicanos con la vista puesta en alcanzar un acuerdo que permita que el próximo martes el Consell Executiu apruebe un nuevo suplemento de crédito de 1.300 millones.

De ellos, 1.000 están comprometidos al incremento salarial previsto para los funcionarios y los otros 300 para ayudas directas a los sectores más perjudicados por los aranceles de Donald Trump, un apoyo que ERC ha reclamado que se haga extensivo a los agricultores de Lleida afectados por la granizada que cayó el pasado fin de semana. Pero para la cuadratura del círculo faltarán los Comuns, que también ponen sus propias condiciones.

Las exigencias de los Comuns

De hecho, el grupo de Jéssica Albiach exige que antes de la aprobación de esa segunda ampliación ambas partes tengan un "acuerdo global" sobre todos los recursos a disposición. Es decir, que se pacte también a que sé destinarán esos 469 millones restantes del montante con independencia de en cuantos paquetes se divide su aprobación. Su lista de reclamaciones va del centenar de inspectores encargados de aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda a la creación de una oficina antidesahucios, alcanzar los 850 millones de euros de recursos propios de la Generalitat en vivienda y 13 millones para desplegar el dentista público, además de más inversión en atención primaria y salud mental. Medidas, todas ellas, que fueron pactadas para la investidura de Illa.

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Pero no solo las reivindicaciones de los socios depended de que la Generalitat disponga de este dinero adicional, sino también algunos de los proyectos que el president se ha comprometido a impulsar, como la ley de barrios -en la que querría destinar al menos 150 millones- o las inversiones del plan 'Catalunya Lidera'. Así pues, el Govern está arremangado para lograr encajar, de nuevo, todas las piezas del rompecabezas en sendas negociaciones paralelas, algo que esperan que pase "más pronto que tarde".

De hecho, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, lleva semanas urgiendo a cerrar un pacto que se ha ido demorando por la necesidad de resolver antes carpetas como la del decreto de vivienda, que se aprobó en el pleno de hace dos semanas. Justo antes de Semana Santa, el president Illa planteó también el plan de choque contra el efecto de los aranceles de Trump como acicate para volver a compactar a ERC y Comuns y sacar adelante la ampliación de crédito. Antes del mes de junio, cuando el Govern deberá hacer frente al compromiso de oficializar la financiación singular como un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, el president quiere tener resuelta su estabilidad.

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