El fiscal superior de Catalunya plantea recuperar el arresto de 30 días por multirreincidencia

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres Santos, propone una reforma del Código Penal que permitiría recuperar la figura del arresto menor -una pena de entre uno y treinta días de reclusión en calabozo- para los autores multirreincidentes de delitos leves de hurto. Esta figura fue suprimida con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995. No obstante, hasta 2003 estuvo vigente una pena similar, el arresto de fin de semana -con un máximo de seis-, eliminada por su "aplicación práctica no satisfactoria", según se detalla en la reforma legislativa de ese año.

"Creo que se podría hacer una reforma en casos de multirreincidencia por hurtos de delito leve que permitiera imponer lo que se conocía como arresto menor, de un mes a treinta días, y que estuvieran cerrados esos días, siempre y cuando se den determinadas circunstancias", ha afirmado Bañeres este jueves durante su comparecencia ante la comisión de justicia del Parlament, donde ha presentado el informe anual de la Fiscalía correspondiente a 2023.

El fiscal ha detallado que esta medida se aplicaría únicamente a autores habituales de hurtos sin violencia, como los carteristas, cometidos por personas que, pese a acumular condenas previas, continúan delinquiendo por la baja respuesta penal que conllevan. Según datos aportados por Bañeres, en Catalunya los delitos leves (la mayoría por hurtos, ha apuntado) aumentaron un 12,17% entre 2022 y 2023, mientras que el incremento del total de delitos fue del 3% en el mismo periodo. Un ascenso que el fiscal ha atribuido en parte "al crecimiento de la población".

Bañeres ha subrayado que la reforma que ha planteado para recuperar el arresto menor es una propuesta sujeta a debate y ha reconocido que aún no se sabe "hacia dónde irá", aunque ha defendido la necesidad de dotarse de herramientas más eficaces para frenar la reincidencia. PSC, Junts, PP y Vox han exigido una "mejor respuesta" a la multirreincidencia en sus intervenciones en la sesión. El Govern, por su parte, anunció a finales del año pasado un plan de choque contra este fenómeno.

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Durante su comparecencia, los partidos independentistas han cuestionado el papel de la Fiscalía en el 'procés', en la aplicación de la ley de amnistía y en casos como el del presunto espionaje con Pegasus. Bañeres ha respondido que no se ha perseguido al independentismo y ha puntualizado que no se puede hablar de "infiltración policial", sino de "servicios de información dentro de la policía que cumplen con su función". También ha defendido la actuación del ministerio público en la aplicación de la ley de amnistía, asegurando que se ha dado una "respuesta razonable y rápida".

El "problema" del catalán

Donde sí ha mostrado autocrítica ha sido en relación con el uso del catalán en la administración de justicia en Catalunya: "El catalán siempre ha sido un problema", ha reconocido, admitiendo que no se ha consolidado su uso generalizado. Aunque no ha querido profundizar en las causas, ha apuntado algunos factores que pueden influir, como que muchos fiscales provienen de fuera de Catalunya o que numerosos procedimientos acaban en el Tribunal Supremo, con sede en Madrid, lo que lleva a usar el castellano para evitar traducciones.

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A preguntas del grupo de Junts, Bañeres ha expresado su compromiso para mejorar la situación del catalán en la justicia y ha asegurado que, según sus datos, "prácticamente todos los fiscales tienen conocimiento del catalán". Ha destacado, además, el "éxito" de los cursos de formación lingüística impulsados por el Departament de Justícia. "Lo único con lo que me puedo comprometer es a que no sea responsabilidad de ningún fiscal que exista discriminación lingüística ni una reducción de los derechos de quienes se expresan en catalán", ha concluido. Según cifras presentadas recientemente por el Govern, el 80% de las solicitudes ciudadanas para tramitar en catalán no son atendidas en este idioma.