ERC condiciona la ampliación de crédito de Illa a las ayudas a los agricultores afectados por el granizo

Tras el parón de Semana Santa, el Govern tiene en su agenda más inmediata la reanudación de la mesa de negociación con los socios de investidura -ERC y Comuns- para acordar un segundo suplemento de crédito. En situación de prórroga presupuestaria, esa es la vía que le permitirá disponer de más recursos para hacer frente, entre otros asuntos, al plan de ayudas contra los aranceles de Trump. No obstante, un mes después del primer pacto para desbloquear 2.100 millones, el segundo, de 1.800 millones más, se resiste. "Continuamos trabajando en cerrar un acuerdo con los grupos", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha vuelto a admitir que querrían que la entente llegara lo más pronto posible.

ERC y Comuns ya negocian con Illa otro suplemento de crédito y fijan sus condiciones

Ambos han dado síntomas de querer colaborar y han tendido la mano, pero ERC pone el foco en la letra pequeña del plan de choque para mitigar los sectores más afectados por la política económica de Estados Unidos y reclaman ayudas para los agricultores de Lleida afectados por el granizo del pasado fin de semana, que dañó más de 50.000 hectáreas. Los Comuns, por su parte, están centrados en las políticas de vivienda. Pero además de abanderar dos carpetas distintas, también lo hacen a ritmos distintos. El flanco que más se resiste es el de los republicanos, que siguen planteando fragmentar en varios decretos más esa cantidad para condicionar a qué se dedica cada montante y que esta semana, a nivel interno, afrontan el congreso de la federación de Barcelona con dos candidaturas en disputa.

Sin "avances sustanciales"

Más prisa han exhibido los Comuns, que reconocen que no ha habido "avances sustanciales" en los últimos días y que no tienen por ahora cita fijada para tratar de desencallar la situación. "Estamos en tiempo de descuento", ha advertido el portavoz del grupo en el Parlament, David Cid, que ha exigido sin ambages al Govern de Salvador Illa que "acelere" las conversaciones para poder "hacer frente a la emergencia habitacional".

Illa convierte la batalla contra los aranceles en una baza para compactar la mayoría de la investidura

De los 1.800 millones de euros que hay en juego, los primeros 1.000 millones están ya comprometidos para la subida de sueldo ya acordada de los funcionarios. La discusión se centra, por tanto, en los 850 restantes, 300 millones de los cuales el Govern vincula a las ayudas directas para los empresarios afectados por los aranceles. Entre las condiciones de los Comuns está destinar una gran parte de esta cantidad a la construcción de viviendas de protección oficial, que se cree una unidad contra los desahucios y que se destinen 100 inspectores para que se cumpla la ley catalana de vivienda. También reclaman 13 millones de euros para desplegar la ley de salud bucodental y más recursos para destinar a la salud mental y la atención primaria. Todos ellos, acuerdos que ya estaban incluidos en el pacto de investidura.

Una baza para la estabilidad

ERC, por su parte, plantea que los 300 millones de ayudas ante los aranceles se destinen a reforzar las oficinas comerciales de la Generalitat en el extranjero -las de Acció-, como ya anticipó el president en el último pleno del Parlament, y a dar ayudas directas a las empresas exportadoras condicionándolas a que no se recorten puestos de trabajo. La urgencia por ejercer de "escudo" de las empresas ante la incertidumbre provocada por Trump es, de hecho, una de las bazas que juega Illa para revalidar una nueva suma de la mayoría de la investidura que acabaría de apuntalar su estabilidad hasta la negociación de los presupuestos de 2026.

Pero este martes, además de ayudas a los sectores afectados por los aranceles, ERC también ha reclamado tener en cuenta a los agricultores que este sábado vieron como sus plantaciones quedaban destrozadas por piedras de más de 2 centímetros. "Del mismo modo que estamos a disposición de las empresas y trabajadores afectados por la guerra comercial arancelaria, también lo estamos para ayudar a los agricultores. Cuando exista alguna negociación sobre la ampliación de crédito, incluiremos, también, las ayudas a las personas afectadas por el granizo", ha advertido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en un mensaje en las redes sociales.

A la espera de si se logra o no un acuerdo en el plazo de una semana, como idealmente querría el Govern, el próximo episodio a nivel parlamentario está agendado para el pleno del 7 de mayo, cuando el primero de los suplementos de créditos deberán ser avalados por la mayoría del Parlament con la incertidumbre de si, para entonces, Illa habrá resuelto ya el segundo.

El revés del Consell de Garanties

Otra patata caliente está también por resolver: la del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que emplaza al Govern a que tramite como sendos proyectos de ley el incremento de la tasa turística y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Se trata de dos medidas que pactó el Govern con los Comuns y que Paneque ha reconocido que se está estudiando cómo proceder, aunque ha dejado caer que el informe de este organismo no es vinculante.

A eso se acogen los Comuns, con quien el Govern pactó los dos decretos, para reclamar que se siga adelante con la validación en el Parlament a pesar de la advertencia del Consell de Garanties Estatutàries. Este organismo, a petición de Junts, cuestiona la urgencia de tramitar sendas medidas por la vía del decreto. Cid, que ha acusado a los posconvergentes de ser "la voz de Foment", ha pedido convalidarlos en el próximo pleno, aunque ha accedido a tramitar la tasa turística como proyecto de ley si esa acaba siendo la decisión del Executiu.