La asociación mayoritaria de fiscales pide a García Ortiz que se abstenga de designar al encargado de fijar criterio sobre la revelación de secretos

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha vuelto a llamar la atención sobre la designación de la persona que ocupará una jefatura de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, que es el que tendrá entre sus competencias la de fijar criterio sobre delitos como el de la revelación de secretos. 

Se trata del delito por la que Álvaro García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo, en relación con una filtración que podría afectar a la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde la asociación de fiscales se pide al fiscal general que se abstenga de hacer propuesta alguna de nombramiento para este puesto en el Consejo Fiscal que está previsto que se celebre este martes, "con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad". En una carta remitida al propio García Ortiz este lunes, esta asociación apunta que la abstención de García Ortiz en este proceso "es inevitable".

El Constitucional rechaza analizar el intento del Supremo de desbancar a Lola Delgado de la Fiscalía de Memoria

El Ministerio de Justicia convocó la plaza el pasado 5 de marzo, según advierte la asociación en un comunicado. La creación de este nuevo puesto en la cúpula fiscal, junto con otra jefatura que se dedicará a los delitos económicos, fue aprobada por el Gobierno mediante un Real Decreto que el ministro Félix Bolaños llevó al Consejo de Ministros el pasado 29 de octubre, dentro de su Plan de Acción por la Democracia.

Es su misiva, la Asociación de Fiscales advierte que García Ortiz tiene un interés personal en la propuesta de nombramiento del cargo de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, "que se hace evidente desde el punto y hora en que, por el propio contenido de la función institucional que tendrá la persona titular de este cargo, le corresponderá coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal" que afecta al propio fiscal general en el Tribunal Supremo.

Por ello instan a que se abstenga de realizar propuesta alguna al Consejo de Ministros sobre quien debe ocupar esta plaza. Así sería atendido, a juicio de esta asociación, el "principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones democráticas y al principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública".

Aspirantes

Entre los aspirantes al cargo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está Álvaro Redondo, el fiscal que, tras elaborar un borrador a favor de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo en el caso Tsunami cambió de opinión en este posicionamiento; tamibén el exfiscal Anticorrupción en Barcelona Emilio Sánchez Ulled, que acusó en causas de especial relevancia como el caso Palau, la querella contra directivos de Caixa Penedès o la que sentó en el banquillo al expresident Artur Mas por la consulta del 9-N.

El resto de candidatos a este puesto son el también exfiscal Anticorrupción Carlos Castresana, ahora en el Tribunal de Cuentas, la exfiscal de la Fiscalía Europea Concepción Sabadell y la fiscal decana de Delitos Económicos en Madrid Virna Alonso, cuya participación en la elaboración de la nota de prensa que dio lugar a la investigación al fiscal general por revelación de secretos ha sido investigada también por el alto tribunal.

Por otra parte, los fiscales de esta asociación de corte conservador consideran esta nueva plaza "innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal", en clara referencia a la Fiscalía Anticorrupción.