El eterno incumplimiento del Gobierno con las inversiones: los tres mecanismos de control que han fallado

Aunque durante mucho tiempo el 'procés' se llevó todo el protagonismo en la conflictividad entre la Generalitat y el Estado, hay otro asunto que desde hace años provoca controversia entre las dos partes y es la falta de ejecución de las inversiones estatales en Catalunya. Simple y llanamente: el Gobierno nunca ejecuta todas las inversiones que prevé en los Presupuestos Generales del Estado. La polémica ha vuelto con fuerza porque el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) admite que en el primer semestre de 2024 solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en Catalunya. En el conjunto del año anterior, en 2023, no paso del 45%. Uno de cada dos euros no llegó a invertirse. En las últimas dos décadas se han ideado desde Catalunya al menos cuatro mecanismos diferentes para corregir este problema crónico. Tres han fallado y, el cuarto, está en fase embrionaria.

Una disposición en el Estatut

El primer gran mecanismo para intentar atajar el problema se incluyó en el Estatut de 2006. Fue la 'famosa' disposición adicional tercera que fijaba que durante siete años la inversión estatal se tenía que equiparar al peso del PIB de Catalunya en el global del Estado -entre el 18 y el 19%-. Solo se pagó como tocaba en 2010. El 2011, ya en plena recesión y con los recortes en el orden del día, se dejó de cumplir. Esta situación, más allá del incumplimiento en sí mismo, ha generado un nuevo problema: una batalla entre la Generalitat y el Estado sobre a cuánto asciende la deuda pendiente. El Govern de Aragonès fijó esta cifra en los 12.000 millones, una suma que el Gobierno de Sánchez nunca reconoció. El nuevo Govern de Illa ha creado un grupo de trabajo para que determine el importe a liquidar entre 2009 y 2013. Una década después, el conflicto siguiente pendiente de resolución. Para un exconseller que negoció varias veces con el Gobierno esta cuestión, el problema siempre fue el siguiente: "Una vez el ministro se levanta de la mesa, lo que pactas es como si no hubiera pasado".

Una comisión con poco recorrido

El Estatut no solo incluyó la disposición adicional tercera, sino que también abrió la posibilidad de poner en marcha de una comisión específica para controlar el cumplimiento de las inversiones del Gobierno en Catalunya. El foro en cuestión es la Comisión Bilateral de Infraestructuras. Su capacidad de incidencia en todo este tiempo también ha sido escasa: en 18 años -la primera reunión fue en abril de 2007 en Madrid- se ha reunido tan solo cuatro veces. Tanto el ejecutivo de Aragonès como el de Illa han intentado resucitarla, pero el pronóstico de éxito es aún reservado. En su último encuentro, el 17 de febrero de este año, la comisión asumió un nuevo reto, que es intentar hacer cumplir el calendario del traspaso de Rodalies. En su reto original, vigilar la ejecución presupuestaria, no logró resultados.

Las 'encomiendas' de gestión

Como el problema en la ejecución de las inversiones se enquistaba, en 2022 se probó un tercer intento. ERC pactó con el PSOE una nueva fórmula para desencallar estas inversiones. Fue acogerse a la figura de las 'encomiendas' de gestión, un método que ya se aplica en Navarra y Euskadi. La idea era que, ante la falta de ejecución estatal, el Estado transferiría los recursos a la Generalitat y sería la administración autonómica quien se encargaría de ejecutar la obras. Así, si no se cumplía ya no sería imputable al Gobierno central, sino al autonómico.

Tampoco ha cambiado mucho el panorama, como mínimo hasta la fecha. El Govern de Aragonès puso en marcha los trámites para empezar las encomiendas en la N-II, la N-260, los intercambiadores ferroviarios de Sant Cugat y accesos a la AP-7 y la AP-2. No fue hasta finales de 2024 cuando el Govern, ya con el PSC al frente, logró avanzar en los convenios de la AP-7, la AP-2 y la N-260 -el resto siguen pendientes-, pero dista de ser el mecanismo ágil para desencallar inversiones. Precisamente el martes la portavoz y consellera de Territori, Sílvia Paneque, sacó pecho de estas encomiendas. Dijo que estaban "dando buenos resultados", pero admitió que la ejecución de las inversiones debía "mejorar".

La falta de ejecución se ha convertido en munición para ERC y Junts para desgastar a Sánchez y aleja su posible apoyo a los presupuestos estatales de 2026. El secretario de Junts, Jordi Turull, ha dicho esta semana que no negociarán hasta que se haya ejecutado "el 100% de los que se comprometió en 2024" o hasta que se compense lo que falta por ejecutar a través de una transferencia a la Generalitat. "Lo que pasa ahora es un escándalo", dijo. El dirigente de ERC Isaac Albert apuntó en la misma dirección: "La falta de inversiones es un drama histórico que, lejos de mejorar, se ha consolidado en el tiempo".

El penúltimo intento: un consorcio paritario

En las negociaciones de investidura de Salvador Illa -verano de 2024- surgió el penúltimo intento de encontrar una fórmula exitosa. ERC impuso al PSC la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat que tiene la misión de atajar el "déficit de inversiones en Catalunya y la baja ejecución". Un organismo centrado, en exclusiva, a acabar con el problema. En la última reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en febrero del mes pasado, se puso en marcha el grupo de trabajo para diseñarlo con el objetivo que esté listo en 2026. De momento pues, sigue en fase embrionaria.

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