El Supremo analiza si el Consejo del Poder Judicial "aplicó cuotas políticas" para cubrir 21 plazas vacantes

El pacto alcanzado el pasado 25 de junio entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial con más de cinco años de retraso, tras una reforma aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez que impedía hacer nombramientos mientras no se llegara a un acuerdo, obligaba a elegir de forma urgente los nombres de los jueces y juezas que debían ocupar el casi centenar de vacantes que se venían acumulando en la cúpula judicial, 31 de ellas en el Tribunal Supremo. A finales del pasado mes de enero se logró el consenso necesario para designar 21 de estas plazas en el alto tribunal, si bien los nombramientos dependen ahora del resultado de una demanda en la que se denuncia la aplicación de "cuotas políticas" que vulneran la legalidad.

De entre los nombrados a finales de enero destaca Félix Azón, que fue vocal del Consejo del Poder Judicial entre 2008 y 2013 y, posteriormente (de 2018 a 2020), director general de la Guardia Civil. Ahora, y como magistrado del turno de especialistas, pasa a integrar la Sala de lo Social del Supremo. Otro ex vocal, Juan Martínez Moya, obtuvo plaza en la misma sala, mientras que Manuel Almenar, que formó igualmente parte del órgano de gobierno de los jueces en un mandato anterior, se incorporó a la Sala de lo Civil.

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La demanda contra sus nombramientos fue admitida a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio Tribunal Supremo el pasado 31 de marzo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, requiriéndose al órgano de gobierno de los jueces el expediente completo que justifica todos los nombramientos realizados. Por su parte, los 21 nuevos jueces del Supremo han sido emplazados a personarse en el procedimiento, lo que les permitirá actuar en su defensa.

No se trata de la única impugnación existente, puesto que una de las candidatas a ser magistrada del Supremo que no fue nombrada ha recurrido también los nombramientos de dos de los magistrados que entraron en la Sala de lo Contencioso por el turno de juristas de reconocido prestigio, Pilar Cancer y Manuel Delgado Iribarren. En este caso, el presidente de la Sala en funciones Pablo Lucas --el puesto se encuentra también pendiente de designación por el Consejo-- se ha abstenido porque los apadrinó en su toma de posesión.

Abstención "justificada"

Por otra parte, el pasado 2 de abril, la Sala estimó "justificada" la abstención presentada también por Pablo Lucas con relación a la demanda contra los 21 nombramientos, argumentando que el derecho a un proceso con todas las garantías exige "asegurar suficientemente tanto la imparcialidad real u objetiva de los jueces, como la confianza de los ciudadanos en su imparcialidad" por tratarse de una convicción que el Supremo considera "especialmente necesaria en una sociedad democrática que descansa, por su propia naturaleza, en el consentimiento otorgado por los ciudadanos a los poderes públicos".

Lucas había aludido al "gran aprecio" que le une con dos de los magistrados designados, "visualizado en el acto de toma de posesión de los mismos" para abstenerse de este asunto "con la finalidad de preservar la imagen de imparcialidad de la sección de enjuiciamiento del presente recurso contencioso-administrativo".

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Detrás de esta demanda está la asociación Preeminencia del Derecho, que preside un viejo conocido de la Sala, el abogado José Luis Mazón. Este letrado consiguió en 2004 una sentencia histórica, logrando que la Sala de lo Civil del Supremo condenara a todos los magistrados del Tribunal Constitucional de entonces a pagarle cada uno de ellos 500 euros por la inadmisión arbitraria de un recurso. Hubo que esperar a 2013 para que el propio órgano de garantías --ya integrado mayoritariamente por otras personas-- otorgara el amparo a los condenanos y anulara la decisión adoptada en su día por el Supremo.

En su demanda, Mazón argumenta que los últimos nombramientos en el Supremo responden a un "patrón de apadrinamiento político entre PP y PSOE", lo que compromete la independencia judicial, algo que afecta al acceso por parte de los ciudadanos a una justicia imparcial. Cita para ello las manifestaciones realizadas recurrentemente desde la propia carrera por asociaciones como Francisco de Vitoria o Foro Judicial Independiente, cuyos asociados nunca han alcanzado un puesto en el Consejo y que difícilmente se ven representados en sus nombramientos, que van mayoritariamente para magistrados de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, cercana al PP, o a Juezas y Jueces para la Democracia, a la que se presume afinidad con los postulados del PSOE.

Su recurso presta especial atención a la magistrada María Consuelo Uris, que llegó al Supremo procedente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuyo nombramiento es impugnado por una asociación en defensa de los arruís (también conocidos como muflones del atlas) relación con las decisiones adoptadas por esta magistrada sobre la legislación de caza que afecta a este bóvido originario del norte de África. En el caso de esta magistrada se ha solicitado aportar a la demanda las entrevistas realizadas a otros aspirantes a la plaza que ésta acabó ocupando.