El Consejo de Europa denuncia que España incumple las recomendaciones para evitar la corrupción de altos cargos

España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ante esta situación, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) anunció este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes de que finalizara 2024 por esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales). En función de los resultados, este organismo podría tomar diferentes medidas de presión.

Tras la publicación del informe, el Gobierno ha defendido que han cumplido "total o parcialmente" la mayoría de las recomendaciones que hizo el GRECO en las revisiones de 2013 y 2019. En concreto, el Ejecutivo ha asegurado en un informe remitido a este organismo que "de las 30 recomendaciones trasladadas a España" en las dos últimas evaluaciones "24 se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas".

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha achacado los retrasos a la disolución de las Cortes Generales de hace dos años, ya que paralizó la tramitación parlamentaria de muchas de las iniciativas que estaban acordadas. "Cuando el GRECO realizó el informe no podemos olvidar que estábamos en una época concreta de disolución de las Cortes. Pasamos casi un año sin posibilidad de actividad legislativa, lo cual fue determinante a la hora de materializar a lo que ya nos habíamos comprometido", ha asegurado.

No obstante, el GRECO ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible". Las reclamaciones pasan por una mejora en la regulación de los conflictos de interes entre altos cargos del Gobierno, así como sus contactos con los 'lobbies', algo en lo que el Ejecutivo ya está trabajando. Además, el informe destaca la necesidad de regular los aforamientos y las puertas giratorias de los miembros del Gobierno cuando abandonan sus funciones públicas para trabajar en el sector privado.

Las críticas populares

El PP no ha tardado en arremeter contra el Gobierno a la vista del informe. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha sostenido en la red social X que combatir la corrupción "no es precisamente la prioridad" del Ejecutivo. Y su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha hecho hincapié en las distintas polémicas que han salpicado al Gobierno esta semana, como la supuesta fiesta que celebró el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel o la comparecencia de este miércoles del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante el juez del 'caso koldo': "Pero, claro, todo es una conspiración facha, ultra, machista...".

Bolaños ha sido también el centro de las críticas realizadas por la portavoz adjunta de los populares en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha pedido su dimisión "por devaluar tres instituciones a la vez", en referencia a las carteras que controla Bolaños. "El Gobierno, sí lucha contra la corrupción, pues Pedro Sánchez puede aplicar sus propios estándares éticos con los que llegó al poder y destituir hoy mismo al señor Bolaños o convocar elecciones", ha sentenciado

Cumplimiento a medias

Según el informe del Consejo de Europa, España ha implementado de manera parcial 13 de las recomendaciones, mientras que seis no se han aplicado en ningún modo. Así, solicitan mejoras en materia de declaración de bienes, que aunque el Gobierno ha aumentado el detalle de los bienes declarados por los altos cargos, aún falta un mayor desglose, especialmente en lo relativo a las actividades externas, como activos, intereses, empleos externos y deudas, además de familiares a su cargo.

El Consejo de Europa es más contundente sobre la regulación de 'lobbies' y cómo deben relacionarse los altos cargos con los grupos de presión. Este es uno de los casos señalados por Grande Marlaska, ya que el anteproyecto que impulsó el Gobierno no pudo completarse en la anterior legislatura por el adelanto electoral. Ahora, el Congreso ya está tramitando en esta legislatura el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

El Gobierno regulará su relación con los lobbies mientras los partidos se resisten a hacer lo mismo

Sobre las puertas giratorias, GRECO incide en que no es suficiente que los altos cargos del Gobierno no puedan ejercer labores en 'lobbies' hasta dos años después de dejar sus cargos, como recoge la mencionada ley, y que la recomendación es "mucho más amplia". Por último, el informe recuerda que se pidió la eliminación de la figura del aforamiento para evitar la obstaculización de los procesos penales, pero el Ejecutivo español admitió que era un asunto "delicado".

También hay avances

Eso sí, el informe del GRECO ha valorado positivamente la adopción por parte de España de un marco de honradez entre las autoridades, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye la evaluación de riesgos de corrupción, un código de ética, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, así como formación para los funcionarios y canales internos de denuncia.

También ha reconocido los esfuerzos de España por cumplir los requisitos de acceso a la información pública de los ciudadanos, incluida la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales, y alienta a seguir progresando mediante medidas adicionales. Y aplaude iniciativas para promover la igualdad de género en las fuerzas del orden como la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque insiste en la necesidad de mejorar los mecanismos internos de prevención de la corrupción.