El Gobierno ultima el decreto para acabar con los “megacentros” tras aprobarse la reubicación de menores migrantes

Reformada la ley de extranjería para la reubicación territorial de los menores migrantes desde Canarias y Ceuta, el Gobierno prepara ahora un decreto de desarrollo para concretar los siguientes pasos de este proceso por el que se da entre tres y cuatro meses. En paralelo, se ultima la aprobación de otro decreto, ya trabajado con el sector durante los últimos meses, para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida. Según trasladan desde el ministerio de Juventud e Infancia, impulsor de la medida, se trata de elevar la calidad con unos estándares mínimos para proteger los derechos de los menores y de acabar con lo que denominan “macrocentros”. Sobre esta realidad ponen el foco, principalmente, en la Comunidad de Madrid.

Los diferentes ministerios todavía están realizando aportaciones al texto, que se espera llevar cuanto antes al Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo. El denominado ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’ marcará unas exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo respecto a las ratios sobre el número de menores, para rebajarlas, y de los trabajadores sociales asignados.

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La intención pasa por incluir un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades. Por ello, se establecerán también mecanismos de coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas.

En el decreto para la reubicación de menores migrantes no se incluye ningún tipo de sanciones, aunque desde el Ejecutivo insisten en que “las leyes hay que cumplirlas, con régimen sancionador o sin el”. Pese a todo, asumen que las comunidades autónomas gobernadas por el PP “no van a poner facilidades”, después de que el principal partido de la oposición votase en contra de la convalidación del decreto en el Congreso, pactado con Junts, y que vio la luz con el apoyo de los socios del bloque de investidura.

“El voto en contra de PP es el preludio de que las comunidades del PP van a dar la batalla”, señalaba un colaborador del presidente del Gobierno tras el pleno del pasado jueves. Otras fuentes del Ejecutivo advierten que “hay mecanismos jurídicos” para que se cumpla la norma y prefieren trabajar con el horizonte de que no se tendrá que acabar recurriendo a contenciosos-administrativos. De hecho, está convocada para el próximo 28 de abril una Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas para concretar las cifras de acogida de cada territorio y dimensionar sus plazas.

En caso de unanimidad, se podrán modificar los criterios establecidos en el decreto para ponderar la población el PIB o el esfuerzo previo de acogida. Antes, en el Ejecutivo deberá cotejar con datos del ministerio de Interior la información remitida por las comunidades para concretar su propuesta. Desde la Comunidad de Madrid o Extremadura se han proporcionado las cifras totales de acogida, en lugar de los picos máximos durante el último año, mientras que Aragón no trasladó información alguna. “Estamos teniendo dificultades para homologar toda información que nos han dado porque hay mucha asimetría”, reconocían desde el departamento que lidera Sira Rego.

Menos reubicaciones de las previstas

En el decreto se estableció un año de plazo para materializar las reubicaciones, pero desde el Ejecutivo apuntan al inicio de verano para arrancar el proceso. Un periodo transitorio, explican, para poder en marcha todos los mecanismos, incluidos los estándares de mínimos para homogeneizar los sistemas de acogida. En primer lugar, se cerrará el cupo que corresponda a cada comunidad autónoma.

A falta de cerrarlo, se da cuenta de que Catalunya y Euskadi serán las que menos recibirán por su esfuerzo previo. A modo de comparativa, en el Gobierno señalan que Cataluña atiende en estos momentos la misma cifra de menores migrantes que pasaron durante todo el año 2024 por el sistema de acogida de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en el Gobierno subrayan que alrededor de un millar de los 4.400 menores pendientes de reubicación son solicitantes de asilo.

En muchos casos, estos solicitantes estudian o trabajan, o ambas cosas, por lo que de forma coordinada con el gobierno canario se podría decidir su permanencia en este territorio por motivos de arraigo. La cifra para las reubicaciones variaría así sensiblemente a la baja. A ellos se suman los que superen la mayoría de edad hasta la puesta en marcha del proceso.