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Parlament

El Parlament reclama sancionar a los municipios que incumplan la obligación de empadronar

La moción de ERC ha tenido el apoyo del PSC, Comuns y la CUP y la abstención de Junts

ERC reclama un cambio legal para multar a los municipios que se nieguen a empadronar

La alcaldesa ultra de Ripoll restringe el empadronamiento a los inmigrantes

El alcalde de Martorell se niega a aplicar la normativa del padrón: "Solo lo haré si un juez me obliga"

El pleno del Parlament este jueves en un instante de votaciones.

El pleno del Parlament este jueves en un instante de votaciones. / Marta Sierra / Acn

Barcelona
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La obligación legal que tienen los municipios de empadronar a sus ciudadanos no siempre se quiere cumplir, como se ha demostrado en los últimos meses en al menos dos casos, en Ripoll y en Martorell. Ante esta situación, el Parlament ha aprobado este jueves una moción que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez impulsar una reforma de la ley estatal para "sancionar a los ayuntamientos que incumplen la obligación legal de empadronar a todas las personas que viven allí". Es una iniciativa de ERC que se ha aprobado con los votos de los republicanos, el PSC, los Comuns y la CUP. Junts se ha abstenido y el resto -el PP, Vox y Aliança Catalana- ha votado en contra. "Catalunya es y tiene que seguir siendo una tierra de acogida", ha proclamado la diputada republicana Tània Verge nada más empezar, dejando claras las intenciones de su partido con la moción.

El texto aprobado por la Cámara catalana afirma que la denegación del empadronamiento por parte de algunos municipios supone una "vulneración de derechos" y defiende que el padrón tiene que ser una "reflejo fiel de la realidad" de los pueblos y ciudades. "Tienen que estar inscritas todas las personas que residan habitualmente en el municipio, independientemente de su situación administrativa o tipo de vivienda", concluye el texto.

Lo aprobado por el Parlament choca con lo que ha ocurrido recientemente en Ripoll, donde la alcaldesa ultra Sílvia Orriols (Aliança Catalana) se jactó de incumplir la ley estatal: "No empadronaré a nadie que viva en un lugar insalubre". Lo manifestó después de que EL PERIÓDICO desvelara que su ayuntamiento estaba restringiendo el padrón a inmigrantes. En Martorell ocurrió algo similar. Su alcalde, Xavier Fonollosa (Junts), manifestó que solo empadronaría a aquellas personas que acrediten tener su domicilio mediante un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble, algo que muchos inmigrantes no pueden acreditar. Esto topa con la legislación estatal que establece que "las infraviviendas" como por ejemplo "chabolas, caravanas y cuevas" e "incluso la ausencia total de techotiene que "figurar como domicilios válidos en el padrón".

Junts, justamente, se ha abstenido en la votación al considerar que se trataba de una moción "electoralista" y "tramposa" que buscaba equiparar algunas de las propuestas de su partido con los postulados de la extrema derecha. En este sentido, el diputado Agustí Colomines ha asegurado que el debate parlamentario mantenido esta tarde solo da "pienso" a los "bárbaros" -término con el que se ha referido tanto a la extrema derecha como a la izquierda "woke"- y ha acusado a ERC de rebajar las exigencias iniciales al aceptar enmiendas del PSC. Poco antes, Verge había acusado a los posconvergentes de "copiar el discurso de la extrema derecha". "Tenga cuidado, igual una parte de su electorado acabará comprando el original", les ha ensartado la republicana.

La alcaldesa de Ripoll y diputada del Parlament, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

La alcaldesa de Ripoll y diputada del Parlament, Sílvia Orriols (Aliança Catalana). / Rafa Garrido / Acn

La moción aprobada por el Parlament también apuesta por reforzar la colaboración de los consistorios con las entidades y la Síndica de Greuges para "identificar y denunciar" los casos de dilación temporal o denegación del empadronamiento, "a menudo motivados por razones discriminatorias". Esta moción supone que el Parlament adopte un posicionamiento firme en defensa del derecho al empadronamiento, pero este tipo de mociones solo tienen fuerza declarativa y no son de obligado cumplimiento. Para conseguir esta modificación legal de forma efectiva debería llevarse una iniciativa específica en el Congreso de los Diputados. Esto algo que podría hacer el Gobierno, los grupos de la Cámara Baja o el propio Parlament a través de una propuesta legislativa, no de una moción.

Más allá de esta cuestión, la Cámara también ha dado al Govern de Illa seis meses para presentar un plan de trabajo para desplegar la delegación de competencia en inmigración. Son las competencias que Junts pactó con el PSOE que se traspasen a la Generalitat, pero que aún no se han concretado.