En el Parlament

El Govern se refugia en el pacto de los alquileres de temporada y da cuerda a la mayoría de la investidura

PSC, ERC, Comuns y CUP consuman su acuerdo y salvan con una suma insólita el decreto de vivienda tramitándolo como proyecto de ley

/esIlla defiende la "intervención" del mercado de la vivienda: "Hay que garantizar que es un derecho y no un negocio"

Junts acusa a Illa de dejar que les Comuns marquen la agenda en vivienda: "Nombre consellera a Albiach"

El Govern pacta con ERC, Comuns y CUP regular los alquileres de temporada y evita una derrota en el Parlament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament / David Zorrakino / Europa Press

Sara González
Quim Bertomeu
Carlota Camps
Barcelona
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"Este es el primer pacto progresista de todas las fuerzas del arco parlamentario". Con esta arenga, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrado el acuerdo sellado con ERC, Comuns y CUP para regular los alquileres de temporada y de habitaciones e impedir que 36.000 viviendas protegidas pasen al mercado privado. La suma de esos 72 diputados en el Parlament frente al 'no' de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana es insólita. Aunque en realidad, lo que ha hecho el Govern es refugiarse en una entente nacida de la necesidad del Govern en minoría de Salvador Illa de evitar un varapalo en el Parlament y dar cuerda a una mayoría de la investidura que hoy se ha visto por primera vez ampliada con el apoyo de los anticapitalistas.

Para ello, el president ha tenido que hacer cesiones y asumir como propia una intervención del mercado de la vivienda ante la que el PSC era reticente hace pocos meses con el argumento de que derivaría en "inseguridad jurídica". El retrato final para ahorrarse el revés en la Cámara catalana es que el Executiu se ha visto obligado a retirar un decreto -el de los cámpings en zonas inundables- porque ERC lo hubiera dejado caer y a salvar el de vivienda tramitándolo como proyecto de ley para incorporar las demandas del resto de partidos que están a la izquierda de los socialistas. El único que ha salido ileso es el de medidas urgentes de contratación pública.

Giro discursivo en menos de un año

El Govern ha consumado así un giro discursivo por boca del president, que ha proclamado que hay que garantizar que el acceso a la vivienda "es un derecho y no un negocio" y de la consellera Paneque, que ha defendido que no puede estar "sometido" a las reglas del mercado lo que es un "derecho básico" de los ciudadanos. Hace menos de un año, en mayo de 2024 y aun en la oposición, los socialistas dejaron caer con su abstención el decreto del Govern de Pere Aragonèsque perseguía esa regulación de los alquileres de temporada. Ahora, la regulación aprobada, que según lo suscrito deberá estar vigente antes del verano, va incluso más allá del texto que fue tumbado entonces, también con el 'no' de Junts.

La misma Paneque argumentaba hace solo unas semanas que el marco ideal para regular los alquileres de temporada era el estatal y que prorrogar la protección de los pisos protegidos que caducan podía ser impugnado en los tribunales y suponer costes para la Generalitat. Un marco que empezó a cambiar cuando la semana pasada ERC y los Comuns amenazaron con tumbar los decretos que el Govern necesitaba convalidar en el Parlament, un pulso reforzado por la manifestación del Sindicat de Llogateres del pasado sábado. También el Consell de Garanties Estatutàries dio un toque de atención advirtiendo de que la vía ideal para impulsar esta normativa era la del proyecto de ley y no la del decreto.

Ahora, la consellera ha justificado el acuerdo por la "emergencia residencial" ante el déficit histórico de políticas de vivienda pública, el incremento demográfico y los "insoportables" precios a los que tienen que hacer frente los ciudadanos y que se han agravado por los propietarios que se saltan el tope a los alquileres recurriendo a la modalidad de temporada. "Hay que acelerar y proteger el derecho a la vivienda", ha sostenido Paneque, que ha considerado que con las aportaciones de los grupos que han cerrado filas el decreto "mejora".

La división del hemiciclo entre izquierda y derecha ha sido neta. Mientras que ERC, Comuns y CUP han definido como "buena noticia" lo que consideran un "primer paso" para hacer frente a la especulación inmobiliaria, Junts ha reprochado a Illa que esté "atado de manos y pies" al dictado de los Comuns y el PP ha advertido de que la senda tomada "agravará" el problema de la vivienda y limitará la acción de constructores y propietarios. El partido de Carles Puigdemont incluso ha invocado la figura de Ada Colau y tirado de ironía para sugerir a Illa que fiche a Jéssica Albiach como consellera de vivienda. Todo ello en la misma sesión plenaria en la que también se ha rechazado la propuesta posconvergente para controlar los alquileres de temporada. Su posición era mantener este tipo de contratos, que quedan al margen del tope de precios, pero crear un registro para evitar posibles fraudes.

Fruto del pacto en vivienda, luego el Govern ha podido aprobar un segundo decreto para agilizar los procesos de contratación de obra pública y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas. De nuevo, el ejecutivo se ha apoyado en el voto de ERC y los Comuns y la abstención de la CUP. Este el decreto que menos polémica ha generado, pero aun así el Govern también tendrá que introducir algunos cambios a petición de los Comuns. De nuevo, votación salvada pero a cambio de cesiones.

Un decreto retirado

El tercero de los decretos que tenía que convalidarse este miércoles, el de los cámpings que están en zonas inundables, tuvo que ser retirado del orden del día de votaciones, como explicó EL PERIÓDICO, al no tener apoyos suficientes para salir adelante. ERC avisó ya la semana pasada de que no daría sus votos al Govern para este decreto, que buscaba abordar el futuro de los cámpings en zonas inundables. La consellera de Interior, Núria Parlon, se ha comprometido durante la sesión plenaria a volver a tramitar el texto cuando hayan conseguido un "consenso" con el sector y los alcaldes de los municipios afectados, una autoenmienda en la que han hurgado tanto Junts como ERC.