Alquiler de temporada solo para turistas y prórroga a los pisos protegidos: así queda la regulación de vivienda de Catalunya

El Govern ha llegado a un acuerdo con ERC, Comuns y la CUP -que se ha estrenado por primera vez en las negociaciones con el Executiu- para salvar dos decretos, uno sobre vivienda y otro sobre contratación pública, que amenazaban con ser rechazados este miércoles en el Parlament. El acuerdo sellado entre las partes contempla tres grandes compromisos en materia de vivienda: la regulación del alquiler de temporada, la prórroga de la protección oficial de las viviendas ubicadas en zonas tensionadas y la potenciación de la figura de los inspectores encargados de asegurar el cumplimiento de la ley. Estas son las claves de cada uno de los acuerdos:

Alquiler de temporada y de habitaciones

El alquiler de temporada se había convertido en los últimos tiempos en la principal rendija que habían encontrado los propietarios para saltarse el tope de precios marcado por la ley. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), desde la aprobación de la ley de la vivienda estatal, esta modalidad de arrendamiento había llegado a suponer más del 50% de los anuncios en la ciudad de Barcelona, lo que representa uno de cada dos pisos.

Ahora, con este acuerdo, sólo se considerará alquiler de temporada el que tenga como finalidad el "usos recreativos" y "turísticos". El resto de contratos, al margen de su duración, deberán seguir la normativa estatal. Esto significa que no podrán tener un precio superior al tope marcado. Por ejemplo, alquilar un piso en la Cerdanya durante la temporada de esquí, no entrará dentro de la regulación y, por lo tanto, el propietario podrá decidir libremente su precio. En cambio, si la finalidad del alquiler es por razones "profesionales, laborales, de estudios o de atención médica", el importe si debrá cumplir con la limitación. 

Sobre el alquiler de habitaciones, que era otra de las vías para evitar la ley de vivienda, los firmantes han pactado que la suma de lo que pague cada inquilino por su habitación no podrá ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso. Esto significa que no saldrá a cuenta dividir el piso en habitaciones, ya que, al hacerlo, el propietario no podrá aumentar sus ganancias.

Blindar la protección oficial en las zonas tensionadas

El segundo gran asunto pendiente en materia de vivienda que ha quedado desbloqueado este martes es la prórroga de la protección oficial en las viviendas que se encuentran en municipios declarados como zonas con demanda tensionadas. Se trata de una solución temporal que busca que no solo se amplíe el parque público, sino también que se conserve parte del ya existe. El acuerdo introduce una modificación del artículo 47 del 'Pla per al Dret a l’Habitatge' -aprobado por el Decreto 75/2014- para prorrogar de forma obligatoria la protección oficial de las viviendas situadas en municipios declarados como zonas tensionadas, que actualmente son 271 en Catalunya.

Esta medida permitirá blindar temporalmente 29.000 pisos que estaban en riesgo de perder su calificación como vivienda protegida en los próximos cinco años, al menos mientras se mantenga la presión de la demanda en sus municipios. Según datos publicados por EL PERIÓDICO, en 2030 habrá caducado la protección oficial de 36.000 viviendas, de las cuales el 80% -esas 29.000- están ubicadas en estas zonas tensionadas, por lo que seguirán formando parte del parque público mientras mantengan la alta demanda residencial.

Se trata de una de las principales demandas de los Comuns, que incluyeron este compromiso de prórroga en su acuerdo para la investidura de Illa. Aunque el Govern se mostró siempre dispuesto a buscar una fórmula para blindar estas viviendas protegidas, las dudas sobre una posible inseguridad jurídica habían sido hasta ahora el principal obstáculo.

Potenciar la figura del “inspector de vivienda”

Con un marco legal ya claro y bien definido para la ley de vivienda y un régimen sancionador operativo desde hace meses, el último paso que todavía faltaba por hacer era que la Generalitat contara con los inspectores suficientes para perseguir a los que incumplen la normativa. Una carencia que el Govern siempre había reconocido que existía, por lo que se había comprometido a incorporar entre 75 y 100 inspectores más.

El acuerdo no habla de cifras, pero introduce por primera la vez la figura del "inspector de vivienda" en la ley de vivienda, un cuerpo de inspectores específicos para hacer cumplir la normativa, que actuará en paralelo a los que ya operan dentro de la Agència d'Habitatge de Catalunya y la Agència de Consum de Catalunya. Estos profesionales también tendrán competencias para verificar los contratos, realizar inspecciones periódicas, detectar fraudes o cláusulas abusivas, y elaborar informes con propuestas de medidas correctivas o sancionadoras.

Por otro lado, la Generalitat pondrá en marcha la Comissió de Supervisió de Contractes d’Arrendament d’Habitatge, un órgano colaborativo, integrado por representantes de la Agència d'Habitatge y Consum de Catalunya que coordinará las actuaciones de los inspectores de vivienda.

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