El Govern pacta con ERC, Comuns y CUP regular los alquileres de temporada y evita una derrota en el Parlament

El Govern ha llegado este martes a un acuerdo con ERC, Comuns y la CUP para regular los alquileres de temporada y salvar dos decretos, uno sobre vivienda y otro sobre contratación pública, que amenazaban con ser rechazados este miércoles en el Parlament. Con este pacto a cuatro bandas, la Generalitat también alargará el período de protección de los pisos sociales en zonas tensionadas que corrían el riesgo de pasar al mercado libre. Por último, también potenciará la figura de los inspectores encargados de asegurar el cumplimiento de la ley.

El ejecutivo catalán y estos tres partidos de la oposición han sellado el pacto tras una reunión en la sede de la Conselleria de Territori esta misma tarde. Como todo acuerdo, es un intercambio en el que todo el mundo ha cedido en algo. El Govern de Illa se ha avenido a legislar sobre unos alquileres de temporada que no hace tanto rechazaba regular porque consideraba que era una competencia estatal. A cambio, el president socialista podrá aprobar mañana en el Parlament dos decretos que le darán estabilidad para seguir adelante con la legislatura.

El alquiler de temporada se había convertido en los últimos tiempos en la principal rendija de los propietarios para saltarse el tope de precios que se había fijado por ley. Convertían sus pisos en alquiler temporal para eludir la nueva legislación. Según datos del Observatori Metropolità de l'Habitatge (OMH), antes de la aprobación de la ley regulatoria de precios, el alquiler de temporada representaba entre el 11 y el 32% de los anuncios de pisos en Barcelona, pero se llegó a disparar hasta un 54,1% en el tercer trimestre de 2024. Esto representa uno de cada dos pisos en la capital catalana y más dificultades para acceder a la vivienda.

Cuando se apruebe la ley catalana que se ha anunciado este martes, que según los partidos firmantes se hará antes de las vacaciones de verano, solo se considerará alquileres de temporada los que tengan como finalidad los "usos recreativos" y "turísticos". El resto de casos, al margen de su duración, deberán seguir la misma normativa que el resto de contratos y no podrán tener un precio superior al tope marcado por la ley. Sobre el alquiler de habitaciones, también se ha pactado que la suma de lo que pague cada inquilino por su habitación no pueda ser superior al tope total marcado para el conjunto del piso. Esto significa que no saldrá a cuenta dividir el piso en habitaciones para poder aumentar las ganancias.

Protección oficial e inspectores

La nueva ley también afrontará otro problema: las viviendas de protección oficial que estaban a punto de perder su condición de protegidas y pasar al mercado libre. Según datos publicados por EL PERIÓDICO, en 2030 habrá expirado la protección oficial de 36.000 pisos, de los cuales 29.000 se encuentran en suelos ubicados en zonas tensionadas de acceso a la vivienda. Con el nuevo cambio normativo, estos pisos públicos mantendrán la protección mientras sigan estando en zonas tensionadas. Es decir, mientras la demanda residencial en sus municipios siga siendo elevada.

Finalmente, el acuerdo también da a los inspectores "competencias para verificar el cumplimiento contractual, realizar inspecciones periódicas y puntuales, documentales y presenciales, detectar fraudes o cláusulas abusivas y elaborar informes proponiendo medidas correctoras o sancionadoras". En definitiva, poder real para hacer cumplir la normativa. Según el texto, este cuerpo de inspectores, además, estará vinculado a una "futura Comissió de Supervisió de Contractes d'Arrendament d'Habitatge".

Este miércoles el Parlament aprobará este decreto de vivienda, que luego se tramitará como ley para incluir todas estas novedades. Además, el Govern también ha logrado un compromiso de los grupos para salvar un segundo decreto sobre contratación pública. Lo único que no podrá aprobar es un tercer decreto que buscaba abordar el futuro de los cámpings en zonas inundables. En este caso, como avanzó EL PERIÓDICO, no ha habido acuerdo y el ejecutivo deberá reformularlo.

Contra la "picaresca" de los propietarios

Tras el pacto, el diputado de los Comuns David Cid ha celebrado que es un "acuerdo de máximos" que garantiza que la vivienda "es un derecho" y no un bien especulativo. También ha mostrado su satisfacción la representante de ERC, Ester Capella, que ha destacado que se trata de un avance notable para "frenar la picaresca de aquellos que se quieren saltar la limitación del precio del alquiler". Eso sí, los dos han querido recordar que hace un año, el PSC tumbó un decreto del Govern Pere Aragonès en el mismo sentido.

El apoyo al texto más sorprendente es el de la CUP, que hasta ahora había rechazado cualquier pacto con el Govern de Illa. La diputada anticapitalista Laure Vega ha defendido su aproximación a los socialistas alegando que la nueva ley será "una conquista social". Eso sí, ha pedido que nadie caiga en "triunfalismos" porque el acuerdo de hoy es solo primer "paso" que habrá que consolidar. La posición del Govern la ha expresado el líder de los socialistas en la Cámara, Ferran Pedret, que se ha felicitado por un acuerdo entre "las fuerzas progresistas" que dará respuesta a la "preocupación social" del acceso a la vivienda.